Una vez más me uno a la denuncia pública de la asociación “Salvem el nostre patrimoni” contra la actitud de la administración local ante el caso al que estamos asistiendo de grave ataque al monumento de la plaza de los Luceros ocasionando la pérdida de durabilidad del bien protegido.
Nada ha cambiado en los años transcurridos, de un modo u otro, nos encontramos ante formas análogas de hacer de las administraciones públicas dejando constancia con evidente claridad de que el patrimonio arquitectónico no les interesa: No recuerdo que les importara lo más mínimo salvo que fueran a sacar rédito alguno, al menos, el suficiente.
Los actos de la administración local ante el monumento de la plaza de los Luceros son muy esclarecedores, se exponen claramente sin tapujos como un agente coadyuvante del interés privativo ante la preocupación del conjunto de la ciudad sobre la pervivencia del patrimonio histórico-artístico.
Las administraciones deberían desterrar todo aquello que suponga una acción arbitraria, como así ha ocurrido con la connivencia, la omisión y la inactividad. Convendría que abandonaran las conductas ilícitas a la vez que se sometieran pura y llanamente a la ley llevando a cabo la materialización de las normas, en este caso, la relativa al Patrimonio Cultural. La administración debe hacer un esfuerzo porque su praxis habitual de actos y hechos en el desempeño de sus funciones, de las que tiene encomendadas por imperio de la ley, vaya siempre administrada por los principios de eficacia, objetividad, capacidad, imparcialidad, igualdad, legalidad y prohibición de la arbitrariedad. Ni más, ni menos.
Sentar por principio que no se está en contra ni atacando las mascletás, ni mucho menos la fiesta, ambas constituyen parte del patrimonio inmaterial de la ciudad y, como tal, deben tener amparo por parte de la administración e interés por la del conjunto de los ciudadanos. En este caso, se pretende únicamente una mejor ubicación para la celebración de dichos actos públicos sin que se vaya, directa o indirectamente, a causar daños a otros bienes.
No podemos obviar las acciones de orden físico (vibraciones) ni las de orden químico (la alteración de la composición química del monumento) que se producen en los actos de las mascletás. Actos que someten al monumento durante su celebración a acciones dañosas de todo orden que le llevan al acortamiento de su vida útil, de su durabilidad, que aceleran su pérdida y destrucción. En modo alguno se puede pretender continuar en el mismo lugar donde ello ocurre. Está acreditado por los estudios realizados sobre la “evaluación dinámica de una fuente histórica bajo carga explosiva” que son un ataque en toda regla contra un cuerpo tan frágil, singular, simbólico y emblemático de la ciudad, contra el monumento de los Luceros y su entorno inmediato que constituye la plaza urbana y sus arquitecturas perimetrales.
Un cambio de lugar no supondría una pérdida de valor de las mascletás ni mucho menos de la fiesta, más bien lo contario, porque incluso permitiría incrementar tiempo o potencia del acto de la pólvora. El cambio de escenario urbano permitiría actuar por el lado de la seguridad, minorar sus efectos de la degradación, el envejecimiento prematuro de los materiales y, por tanto, evitaríamos un atentado contra el patrimonio cultural que ocasionaría una pérdida irremediable de la durabilidad del monumento.
¿Qué lugar sería el menos incómodo para la circulación peatonal y el transporte público y privado? Tal vez, como ya se ha señalado en otras ocasiones, la zona de Campoamor. No obstante, manteniendo ciertos parámetros relevantes, la búsqueda del lugar idóneo es una cuestión de estudio de zonas y ver cuál de ellas entorpece menos la movilidad normal de la ciudad a la vez que potencie en sí el acto de su fiesta cardinal.
Se constata la necesidad de que la expresa manifestación de la ciudadanía, dada a través de la “acción popular”, pueda mantener la presión que se precisa para que la administración local entre en razón y ponga por encima de lo privativo el interés de la ciudad, el de todos, se ajuste a la ley y al derecho a la que viene obligada, además, de que va siendo hora de que la administración se muestre y exponga con ciertas dosis de sentido común, que falta le hace.
La ciudad de Alicante ha estado sometida al interés privativo con plena asunción de la administración. El interés público, el de todos, nunca ha interesado a los gestores de la ciudad salvo en alguna situación que debe considerarse rara avis. Nunca ha interesado el patrimonio cultural y esto es extensible a lo que ahora ocurre y padecemos los ciudadanos con la situación del monumento de la plaza de los Luceros.
Así el estado de las cosas, animo a “Salvem el nostre patrimoni” a que no bajen la guardia, ejerzan sus derechos ciudadanos ante las acciones arbitrarias de la administración y tengan en cuenta que el artículo 9.3 de la Constitución Española nos garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
