Las cuatro horas que la vicepresidenta Teresa Ribera dedicó hace dos viernes a los regantes de Alicante y Murcia para tratar de acercar posturas en torno al futuro del trasvase, su compromiso de revisar los planes del Segura y del Tajo (como el día y la noche en sus postulados técnicos) o la confesión de la también ministra para la Transición Ecológica de que no le gusta la actitud de permanente victoria del gobierno de Castilla-La Mancha; sumado al hecho de que piezas clave del equipo de Ximo Puig, como la exconsellera de Sanidad y hoy síndica del PSPV en la Cortes, Ana Barceló, fuera una de las últimas personas en abandonar la concentración de la plaza de la Montañeta en la que ser reclamó el Tajo-Segura podría interpretarse como señales de que algo puede cambiar.
Lo cierto es que después de tres años de batalla por el agua para tratar de salvar la huerta de Europa y el futuro social y económico de una parte más que importante de la provincia de Alicante, con los agricultores desanimados y casi al borde del KO, tanto el Gobierno, a su manera, como el Consell han lanzado señales de que algo podría cambiar sobre lo ya decidido, que nadie lo olvide, en torno al aumento de los caudales ecológicos del Tajo en su cabecera. Los regantes, que además arrastran la sensación de estar solos, se encuentran, ahora, con una baza hasta hace nada inesperada. En un año habrá elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, la Vega Baja es clave, Alicante también y, aunque no lo digan, algo debe de haber llegado hasta Madrid y Valencia sobre las intenciones de voto.
Vamos, que el que Carlos Mazón y López Miras, líderes del PP en la Comunidad Valenciana y Murcia, se suban a un tractor en cuanto tienen la oportunidad, o que los ultras de Vox capitalicen los apoyos no solo no sienta bien en el Palau, sino que puede tener algo más sólido detrás, que ha hecho reaccionar a Puig, al PSPV y hasta a Compromís, hace unos meses más que ambiguo en el tema del agua. Algo debe pasar que ha puesto a todo el mundo a favor de la “irrenunciabilidad” de un trasvase que hasta hace poco no estaba entre las prioridades de la agenda, al menos de las de los que tienen hilo directo con la irreductible Teresa Ribera. Vicepresidenta que, por otro lado, en un año ha pasado también de plantar a los agricultores en la Castellana a casi invitarles a tomar unas cervezas en el Madrid de los Austrias.
¿Hay partido? La amenaza no ha cambiado, sigue ahí, pero el hecho de que la vicepresidenta se comprometiera a revisar los planes desde la técnica puede ser un paso, aunque desde estas páginas siempre se ha pensado que la batalla real esté en los despachos. Para muestra, las cuatro horas en las que Ribera y todo su equipo se sentaron con Lucas Jiménez y Javier Berenguer, representantes de los regantes del trasvase. No salieron dando botes, pero sí un poco mejor de lo que entraron, aunque es cierto que a estas alturas del partido es difícil mantener la confianza.
Lo que nadie discute, ni la propia Teresa Ribera, es que el trasvase es una infraestructura que satisface necesidades de manera importante en el sureste peninsular, incluidas algunas provincias de Castilla-La Mancha. Un aumento aumento de caudales que, si nadie lo remedia, tendrán una vigencia mínima hasta 2027 -la historia demuestra que siempre duran muchos años más- y que siguen contemplando la elevación del caudal ecológico en Toledo y Aranjuez que, de entrada, reducirá en 105 hm³ al año el aporte de agua del río a la provincia y Murcia, que deberán suplir la carencia por agua desalada, mucho más cara e imposible para el sector agrícola. Esta semana, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, lanzaba un órdago al Ejecutivo planteando dejar el caudal en los 7 m3/segundo. Algo así como ni para tí, ni para mí. No parece mala opción.
Precisamente, la escasez de agua, su precio desorbitado y el aumento general de los costes de producción de hortalizas, cítricos, tubérculos, gasoil, plásticos y fertilizantes forman el caldo cultivo que ha llevado a los agricultores -60.000 familias dependen directamente en Alicante del agua del Tajo- a echarse a la calle.
Fíjense en si es importante el trasvase que el agua del Tajo que llega a Alicante y Murcia no solo beneficia a estas dos provincias, sino que sostiene el 43% de las exportaciones agrícolas de España a la Unión Europea. En concreto, el 71% de las hortícolas y un 25% de la producción de frutas. El valor económico de la producción agrícola es de 1.500 millones de euros al año, el 34% en la Vega Baja y el campo de Elche, pero el agua es también clave para sostener el turismo residencial. El impacto económico total anual es de 3.013 millones de euros. Y en cuanto a la huella de carbono, los regadíos evitan la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera al año. La sustitución del agua del trasvase del Tajo por agua desalada reduciría esta cifra a 700.000 toneladas.
El Ministerio para la Transición Ecológica vuelve a suavizar su discurso y no solo va a invertir 500 millones de euros para mejorar la infraestructura hidráulica en la cuenca del Segura, sino que admite ya sin tapujos que la contaminación del río Tajo no es culpa del trasvase, si no de las aguas residuales mal depuradas que Madrid vierte al cauce a través del Jarama.
Fuentes que conocen bien el proceso aseguraban esta semana que la Confederación del Tajo estaría replanteándose, al margen del la oferta de la consellera Mollá, rebajar la cifra de aumento de 8,5 m³ por segundo a 7m3/segundo. Una solución salomónica que ofrecería el Ejecutivo pero que, en principio, también rechaza el Sindicato Central del Acueducto Tajo-Segura, ya que, según sus cálculos, seguirían perdiéndose 40 hm3 al año, que debieran suplirse por un agua desalada cara y que, además, tampoco existe en la actualidad.
La cuenca del Segura representa la base de un sector que tiene en España más peso que la media de la UE (2,9% frente a 1,6%) y que tiene un saldo comercial positivo. En 2019, las exportaciones agrícolas supusieron el 6,4% de las exportaciones españolas y contribuyeron a reducir el déficit comercial estructural en más de un 17%. En concreto, las tres provincias que utilizan el trasvase realizan el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas. ¿Cuántos datos técnicos más hacen falta? Eso, claro con el permiso del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien sin estar en la reunión de Teresa Ribera con los regantes, ya se felicitaba esta semana de que esta les hubiera trasladado que los caudales acordados con “nosotros” no se van a mover un milímetro. Más claro...
Posdata: mientras los regantes del Tajo sueñan con que aún pueda haber partido para salvar el trasvase, el viernes comenzó a llegar agua del Júcar a la provincia. De momento hasta final de año, pero parece que el Consell se ha puesto al fin las pilas y está dispuesto a no dejar la oportunidad de que el acuerdo provisional de este año perdure en el tiempo. Mas de 600 años de espera merecen un buen desenlace.
