No acabo de entender lo de la objeción de conciencia en derechos reconocidos. Tenemos una ley que garantiza la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo igual que tenemos otra para ayudar a una persona a morir, en ambos casos con sus condiciones y restricciones.

Sin embargo, no son pocas las personas que tienen que acudir a clínicas privadas para acogerse a estos derechos porque en la sanidad pública se encuentran con la barrera de la objeción de conciencia de muchos médicos. En algunos casos, como en el Hospital Doctor Balmis de Alicante, todos los ginecólogos se han declarado objetores. Todos. De forma que, ahora que la ley se ha modificado y garantiza el derecho a abortar en la pública, Sanidad no sabe muy bien cómo lo va a arreglar tal como recoge hoy mismo mi compañera Pino Alberola.

  Aquí no se trata de estar a favor o en contra del aborto o de la eutanasia. Cada uno tiene derecho a opinar lo que le dé la gana. Y evidentemente no son prácticas de gusto para nadie. Ni para el médico ni, obviamente, para el paciente.

Por ello, estoy de acuerdo en que no podemos obligar a un facultativo a hacer un aborto o a poner una inyección a un enfermo terminal. Por supuesto que no. Pero no hacerlo es un derecho que tienen de la puerta de su casa para adentro. Si uno por motivos morales, religiosos, éticos u organizativos no quiere aplicar las leyes, puede hacerlo en su clínica privada, pero, a mi juicio, no en la pública que pagamos todos

  Nos hemos dado unas leyes, tenemos unos derechos y los funcionarios públicos tienen que cumplirlos. Si no quieren, lo tienen tan fácil como abandonar la sanidad pública. Y es que, con los mismos argumentos que esgrimen los objetores, el ginecólogo del centro de salud podría negarte los anticonceptivos por ser pecado. O después de un accidente, el médico si es de una determinada creencia, puede negarse a hacerte una transfusión de sangre aunque te mueras .

¿Imaginan a un profesor en un colegio público que niegue la teoría de la evolución y base toda su enseñanza en el creacionismo? ¿O a un alcalde o un juez que se niegue a oficiar bodas civiles porque no hay un dios por medio? Pues el aborto y la eutanasia deberían ser lo mismo: derechos de los ciudadanos que los funcionarios públicos deben garantizar.

La posibilidad de objetar para los médicos además tiene una faceta perversa que afecta a los propios facultativos y que es la única que nos permite entender que todos los ginecólogos de un hospital se declaren objetores. Y es que, por ejemplo, si como en el hospital de La Vila hay 12 de los 14 ginecólogos objetores, los dos van a tener que asumir todos los abortos que entren por la puerta, lo que no debe ser un plato de gusto aunque haya que hacerlo. Es más cómodo objetar todos, como ocurre en el Hospital General de Alicante, y que se encarguen otros del marrón.

La ley está para cumplirse y evitar que una mujer tenga que ser señalada por entrar a una clínica dedicada a interrupciones voluntarias del embarazo por mucho que luego lo pague la sanidad pública. La ley está para cumplirse y no obligar a un enfermo terminal a buscar a un médico que le ayude a morir. La ley está para cumplirse y garantizar a las mujeres abortar en un hospital con las garantías, especialistas y medios que en muchos casos solo se encuentran en los centros públicos. Los poderes públicos tienen que hacer cumplir las leyes, gusten o no gusten, y si el funcionario, que cobra de lo que aportamos todos, no quiera acatarlas, ahí tiene la puerta.