Lucas Jíménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura y, a la vez, responsable de la comunidad de regantes de su pueblo, Sangonera la Seca (el nombre lo dice todo) confesaba hace ahora ya casi dos meses, tras reunirse con la vicepresidenta Teresa Ribera tras la concentración en defensa del Tajo-Segura de principios de mayo en Alicante, que su impresión no era positiva, vamos que salía igual que había entrado. La titular de la política hídrica en España se mantenía firme en su discurso sobre el aumento de los caudales ecológicos del río. El mismo que mantiene que desde hace tres años y que, aunque queramos creerla pese a su educación y buenas palabras, no cambia una coma.
Tras aquel encuentro, en el que también participó Javier Berenguer, vicepresidente del Sindicato Central y presidente de Riegos de Levante (más de 20.000 comuneros en Elche y sur de la provincia), este último quiso ver un hueco para la esperanza. Y es que Teresa Ribera se había comprometido a estudiar a fondo los planes hidrológicos del Tajo y el Segura desde el rigor técnico antes de llevarlos al consejo de ministros y consumar recorte del trasvase. ¿Quién de los dos tendrá razón? Juzguen ustedes.
"Por sus obras los conoceréis". Pues sí. Como recoge la Biblia en boca de Jesús en el Sermón de la Montaña para distinguir a los verdaderos de los falsos profetas (permítanme la cita por ese fervor que tienen los agricultores para dirigirse al cielo en tiempos de sequía), el mes de junio que despedimos el jueves pasado nos lleva a pensar que la suerte está echada. ¿Por? Con más de 700 hm³ de agua embalsada en la cabecera del Tajo y con la recomendación de enviar 20 hm³ en el trasvase de junio, el Ministerio, y ya sabemos quien manda, decidió recortar el trasvase. Y, encima, una de las justificaciones del recorte fue que en los embalses del Segura hay todavía embalsados 19 hm³, algo así como por qué nos piden agua. O sea, ¿se penaliza ya hasta el ahorro de los agricultores? Con estos argumentos… ¿quién puede pensar que en Madrid mirarán por el interés de Alicante en un tema todavía más trascedente para Ribera como es la sustitución del agua del trasvase por la desalada para cumplir las promesas del presidente Pedro Sánchez y su evangelio ambiental?
Ni el Consell, ni la Diputación, ni los propios agricultores (estos envueltos en una batalla que es política y no saben manejar) parece que puedan resolver un asunto que tiene que solucionarse en Madrid desde la negociación política porque, solo faltaba que fuera lo contrario, no olviden que los movimientos del Ministerio para la Transición Ecológica están amparados por la ley, con lo cual no parece muy viable que el tema pueda pararse en un tribunal y, si no, ahí tienen las decenas de recursos presentados por el gobierno de Castilla-La Mancha contra los trasvases aprobados desde que en los 80 comenzó a llegar agua del Tajo. Ni uno ha salido adelante porque, además de justos, estaban avalados por las normas.
El golpe definitivo al trasvase, más por ideología que por ciencia, empezó a fraguarse hace ya casi dos años cuando se hizo público que el Ministerio, apoyado en informes técnicos (a estas alturas sabemos de sobra que los estudios rara vez contradicen lo que quiere que digan el que los encarga), preparaba el primer «tajo» al trasvase en el Consejo Nacional del Agua al cambiar las normas de explotación para que el trasvase máximo mensual pasara de 38 hm3 mensuales a los 27 hm³, que debido a “razones de Estado” como es la prevención frente a la sequía, han dejado el último trasvase, el del pasado junio, en 8,5 hm³ para el regadío.
El mismo Consejo Nacional del Agua -el nombre de los miembros es insustancial- que en 2013, presidido por el entonces ministro popular Miguel Arias Cañete, ordenara corregir - error tipográfico se dijo- que el trasvase máximo mensual de Tajo quedara en 38 hm3 y no en 30 hm3 como así figuraba el documento por recomendaciones técnicas. Para que vean el caso que hacen los políticos a sus profesionales. Las mismas justificaciones que lo han bajado hace unos meses a 27 hm³, para mayor gloria de Emiliano García Page, el barón socialista que más manda en el agua en España.
La continuidad del Tajo-Segura, irrenunciable como sostiene el presidente Ximo Puig con toda la razón del mundo, pero con ese perfil bajo que siempre muestra frente a Madrid, debe pelearse desde la política. Lo hemos dicho muchas veces. Poniendo firme al presidente castellano-manchego, García-Page, plantando cara a la vicepresidenta Teresa Ribera y, si es necesario, llamando a la puerta del despacho del presidente, pero no para invitarle a las recién finalizadas fiestas de Hogueras o las fiestas de Elche en agosto. Las razones esgrimidas por los agricultores, los empresarios, las universidades y el sentido común son irrefutables, pero cada día que pasa está más claro que esto no tiene otra solución que la negociación Gobierno-Consell en los despachos y ahí, ahora mismo, a julio de 2022, la batalla parece perdida.
La propia Confederación Hidrográfica del Segura ha advertido al Ministerio para la Transición Ecológica de que el aumento en dos metros cúbicos por segundo del caudal ecológico en el Tajo traerá unas consecuencias desastrosas para el futuro socioeconómico de Alicante y Murcia, ya que los 105 hm³ cúbicos que dejarán de llegar del río por el trasvase no podrán ser sustituidos por agua desalada al no haber suficiente capacidad para producir agua dulce, incluso una vez realizadas las oportunas ampliaciones.
¿Qué más tiene que pasar para que la vicepresidenta Teresa Ribera deje de justificarse con lo puede pasar con las nubes dentro de 50 años? Al paso que vamos, en tres años, los tomates de la huerta de Europa se producirán en Marruecos, ese fiel aliado de España. Ojo, y la chufa de la horchata de Alboraya en Mali. Lo que nadie se atreve a decir es qué sucederá con los miles de empleos directos e indirectos de la potente industria agroalimentaria. Al tiempo.
Postdata. Ángel Urbina, veterano regante con 45 años de trayectoria a sus espaldas bregando por lograr agua de calidad y a buen precio para la provincia, lleva varias semanas negociando con la Confederación del Júcar una solución al cierre de los acuíferos del Vinalopó. De momento, también acaba de llevarse un disgusto porque la decisión ya está tomada. Urbina está convencido que antes de que finalice el año puede haber acuerdo. Ojalá no se equivoque.
