Supremo derogatoria del derecho al aborto y la reacción inmediata de prohibir tales prácticas en muchos Estados gobernados por republicanos.
En decisión adoptada por una mayoría de seis jueces frente a tres y contra la que no cabe recurso, el más alto tribunal del país revocó finalmente una resolución anterior del mismo órgano que legalizaba ese derecho de la mujer en todo el territorio estadounidense.
Hay quien ha tratado de explicar la decisión hablando de un debate entre jueces “originalistas”, que interpretan al pie de la letra la Constitución, adoptada en 1787 y que lógicamente no habla de “aborto”, y “evolucionistas”, para quienes ese documento no está grabado en mármol y debe ser susceptible de desarrollo.
Lo más grave del caso para el sector progresista del Partido Demócrata es que los jueces ultraconservadores nombrados por el presidente Donald Trump afirmaron en su día ante el Senado que los confirmó que no estaba en sus intenciones revisar anteriores resoluciones de ese tribunal.
Los jueces mintieron en los interrogatorios a los que fueron sometidos en su día por los senadores de ambos partidos, por lo que la representante demócrata por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, reclama ahora su destitución (“impeachment”).
Según esa legisladora de origen puertorriqueño, del ala más progresista del partido del presidente Joe Biden, “mentir bajo juramento” como hicieron esos jueces es un “terrible precedente” y el “secuestro de las instituciones democráticas” por ellos perpetrado no puede quedar impune.
El problema, en cualquier caso, es que para destituir a un juez federal- algo que ha ocurrido hasta ahora sólo en quince ocasiones en la historia del Supremo- se necesita una gran mayoría en el Senado, ahora mismo imposible.
Son muchos los que acusan al más alto tribunal de EEUU de haberse extralimitado en su autoridad y recuerdan que la mayoría “fanática” que ahora lo integra se debe a dos presidentes que perdieron en su día el voto popular, que no es el mismo que el del Colegio Electoral.
Ocasio-Cortez ha sugerido posibles medidas para posibilitar el que continúen las prácticas abortivas en aquellos Estados que mientras tanto han vuelto a ilegalizarlo como abrir clínicas en los terrenos propiedad de la Federación o reforzar el acceso a las píldoras abortivas.
Los legisladores del ala progresista, al que pertenece también el senador Bernie Sanders, acusan al Partido Demócrata de no haber hecho nada en los últimos cincuenta años para impedir que sucediera lo que ha acabado ocurriendo, sobre todo cuando los republicanos ni siquiera se molestaron en ocultar sus intenciones al respecto.
Según aquéllos, la ex candidata a la Casa Blanca Hillary Clinton, el actual líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Summer, y el propio ex presidente Barack Obama, todos ellos del sector centrista, pecaron de pusilánimes y lo único que se les da bien, dicen, es recaudar fondos.
Temen además los demócratas progresistas que las cosas no queden ahí, sino que, envalentonados, los jueces ultraconservadores traten de dar un paso más y decidan prohibir los matrimonios homosexuales, como ha insinuado uno de ellos, el afroamericano Clarence Thomas, nombrado en su día por el primer Bush.
Por si fuera poco, un senador republicano por Texas llamado John Cornyn sugirió el otro día la posibilidad de que el Tribunal Supremo revisara una anterior resolución que prohíbe la segregación por raza en las escuelas y demás instituciones públicas.
En fecha reciente, el Supremo anuló ya una ley del Estado de Nueva York que limitaba el hecho de portar armas de fuego en público además de otra del Estado de Maine que prohibía favorecer con fondos públicos a las escuelas religiosas. Decididamente, la ultraderecha está desatada. Y no sólo en EEUU.
