No veo que elaborar una Ley de Memoria Democrática, casi un siglo después de acabar nuestra guerra incivil y medio desde que terminó el franquismo, sea necesario, tenga sentido en sí mismo y sea consecuencia de profundas convicciones. Y no lo veo, además, cuando, en lugar de buscar con esa ley la concordia, el reencuentro, el perdón y el olvido, se pretende reescribir la historia señalando buenos sin mácula alguna y malos sin atenuante posible. Una ley de estas características, tan anacrónica, no es de memoria, sino que persigue un objetivo en el presente.
Esta ley, como lo fue la de 2007 de memoria histórica, quiere utilizar un hecho luctuoso, que dividió a los españoles y regó España con su propia sangre, para hacer presente, otra vez, los dos bandos que, ahora se puede apreciar, son o pueden ser irreconciliables solo porque alguien, en su inconsciencia, quiere hacerlo, porque siempre hay quien abandona el camino iniciado hacia la reconciliación para sembrar de nuevo la semilla de la confrontación. La gente es ajena a esa división, no la recuerda. Recuperar la memoria no es crear una ya inexistente y una que destruya la concordia que había superado rencores que no debían volverse a sembrar.
Sucede en este tiempo que el paso dado por este irreconocible PSOE, deudor desde Zapatero de sus fracasos, va un poco más allá de ese enfrentamiento fraternal para caer en un abismo del que será difícil que salga con, al menos, la dignidad que caracterizó a este partido durante los años de la Transición. Pactar una ley que quiere reconocer a quienes lucharon por la democracia, las libertades y los derechos humanos con un partido que, aun abandonando el terrorismo, es heredero de los planteamientos de ETA y que se enorgullece de sus miserias, supone que, legalmente, se está atribuyendo a quienes asesinaron a casi mil personas la categoría de luchadores por la democracia. Y esto es, sencillamente, un ataque a la dignidad de los españoles, un atentado a una memoria que sí permanece intacta en la sociedad por ser muy reciente. Una memoria que, en este caso, no se quiere recuperar, sino borrar o modificar de cara al futuro y las generaciones más jóvenes, a las que se les inculca un mensaje selectivo y a veces perverso. Ahí están los sucesos de Pamplona para comprobarlo.
No se acaba de entender este proceso de difícil calificación de la izquierda española, empeñada en criminalizar a toda la derecha y ensalzar incluso a los asesinos más crueles, en magnificar hechos luctuosos provenientes de la derecha y glorificar, aunque sea indirectamente, los asesinatos más viles. Parece este PSOE estar dando valor legítimo a los crímenes de ETA, al considerarlos como conductas cometidas con el objetivo loable de luchar contra la dictadura, argumento éste que, siendo avalado por la izquierda hasta mediados de los años setenta, dejó de ser aceptado por la izquierda democrática una vez que se inició la demolición de las estructuras franquistas. Y ese proceso no fue obra exclusiva de la izquierda, que era poco, sino de todos contra minorías radicalizadas de la derecha extrema, terroristas y revolucionarios de salón. Relatar una memoria que identifica como autores de la democracia a quienes representaban las diversas ideologías de izquierda y nacionalistas y como contrarios a ella a la derecha en su conjunto, constituye un ejercicio de ignorancia y de soberbia.
EL PSOE y el PCE, que apostaron claramente por la reconciliación –el PCE desde 1956-, no pueden ahora vender un producto, medio siglo más tarde, como fruto de la dignidad de unas víctimas, que lo fueron y así han sido ya reconocidas por la sociedad y muchas leyes que los han indemnizado, desde los últimos años setenta y silenciando o desvalorizando a otras, muchas, que se quieren olvidar atribuyendo a sus asesinos un valor del que carecen.
La intención de esa ley no es la dignidad de la nación en su conjunto, sino la de levantar de nuevo y mantener vivos dos bloques irreconciliables. Algo que la sociedad ha superado, pero que es condición indispensable para lograr objetivos inmediatos, al precio que sea. De ahí que los buenos son ellos, aunque para ese viaje haya que considerar a BILDU y sus antecesores, ETA, como luchadores por la democracia y malos a los demás, desde liberales a democristianos y socialdemócratas.
Afirmar que recuperar la memoria de las víctimas, de Miguel Ángel Blanco, es confrontar y enfrentar y que conceder a los terroristas el rango de héroes de la democracia es un acto loable y favorable a la paz, es engañar.
No habría problema y sería posible incluso una normalización, un perdón colectivo si, a la par que se admite a los herederos de ETA en la normalidad, se hiciera lo propio con los otros. Pero cuando para estos últimos se elabora una ley que juzga a muertos y se les incrimina, esa reconciliación que pregona el PSOE es una manipulación burda de la historia.
Solo hay futuro si no se olvida el pasado, pero el real y cierto, no manipulado, no usado a modo de arma arrojadiza contra la buena voluntad de quienes no quieren vivir en el rencor permanente. Estas leyes deben derogarse, dejar la historia para los historiadores, no para los políticos de ignota formación. Y sembrar la paz sobre el entendimiento, no sobre la derrota de quien alguna vez tendrá que dejar de ser el enemigo. Mantener enemigos es arriesgar el futuro si estos, que no tienen conciencia de serlo, se convencen de su error.
