“Por supuesto que los matamos.
¿Qué esperaba usted?
¿Qué iba a llevar a 4.000 prisioneros rojos conmigo?”
Entrevista al General Yagüe. Badajoz, 1936
Debo de ser una de las pocas personas que ha leído las 66 páginas de que consta el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática remitido por el Consejo de Ministros a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Lo digo porque me he tomado la molestia de leer buena parte de los artículos de opinión que sobre este anteproyecto se han publicado en los últimos días en la prensa española y la conclusión que he podido obtener es que en casi todos ellos, y a tenor de las naderías que he leído, más allá de las habituales frases hechas y repetidas desde hace décadas en contra de que se investiguen los crímenes del franquismo, nadie se ha tomado la molestia de explicar los grandes pecados que, al parecer, ha cometido el Gobierno. Y ello por el simple motivo de que no han leído ni un sólo párrafo de esta futura ley. Ninguna de las mentes brillantes que han criticado este anteproyecto puede explicarnos por qué considera que su articulado es revanchista, guerra civilista, un atentado contra la democracia, etcétera.
Lo que pretende el Gobierno, tal y como expresa la Exposición de Motivos, es que la sociedad en su conjunto haga una profunda reflexión acerca del uso de la violencia que se ha hecho en nuestro país y que al mismo tiempo se otorgue a las víctimas de esa violencia la dignidad que su memoria merece. Nuestra actual Constitución no sólo supone un paréntesis de democracia en una historia plagada de monarquías absolutas, golpes de Estado, caciquismo y dictaduras, si no sobre todo la consecuencia de una trayectoria hacia la libertad producto del esfuerzo de miles de personas que fueron encarceladas, torturadas y despojadas de sus bienes por alzar la voz contra el abuso y la pretensión de que la Edad Media siguiese instalada en España, un intento de mantenimiento del Antiguo Régimen en el que tuvo un papel preponderante la Iglesia Católica española que no dudó en quemar viva a la gente, torturar a mujeres acusándolas de majaderías como ser brujas y de tener a su disposición a menores de edad para satisfacer sus miserables instintos sexuales. Desde la Constitución de 1812 España ha ido marcando poco a poco una senda de libertades y de derechos que los enemigos de la democracia y los partidarios del oscurantismo hicieron todo lo posible por eliminar.
¿Qué objetivos tiene esta ley? Son dos y los transcribo de manera exacta. “Por un lado, pretende fomentar el conocimiento de las etapas democráticas de nuestra historia y de todas aquellas figuras individuales y movimientos colectivos que, con grandes sacrificios, fueron construyendo progresivamente los nexos de cultura democrática que permitieron llegar a los acuerdos de la Constitución de 1978. Por otro lado, esta Ley persigue preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos.”
Por supuesto se pretende desenterrar a los miles de muertos que permanecen enterrados en miles de cunetas de toda España a la espera de ser identificados y dignificados. También desterrar de manera definitiva la idea de que se puede utilizar la violencia para imponer unas ideas políticas y, sobre todo, honrar la memoria de aquellos que defendieron la libertad, la democracia y el orden constitucional de 1931 frente al ejército golpista, la oligarquía y gran parte de los monárquicos.
Aunque en los últimos años se haya desarrollado un discurso profranquista en el sentido de tratar de justificar el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura asesina por un supuesto golpe de Estado previo de las izquierdas en 1934 en Asturias y bobadas parecidas, la realidad es que nunca, repito, nunca, y a pesar de todos los errores que pudo cometer la Segunda República, podrá situarse en un mismo nivel de culpabilidad a los golpistas y a los defensores de la democracia.
¿Qué molesta de esta ley? Pues que se sepa la verdad y que se escriba negro sobre blanco. Los herederos, personas con nombres y apellidos españoles, de aquellos que bombardeaban ciudades, violaban mujeres en los cuarteles de la Falange y la Guardia Civil, de los torturadores en las comisarías de policía, de los que robaron el dinero y los bienes de los republicanos, socialistas y comunistas y los que se quedaron con las cátedras y destinos de médicos, no quieren que se les recuerde lo que hicieron sus padres y abuelos. Es comprensible. Pero la verdad y la memoria de los que lucharon por la libertad siempre tendrá prevalencia sobre intereses personales.
Después de años de silencio, rencor de los franquistas y miedo a poder hablar, es la generación de los nietos, una generación sin miedo, la que quiere que se recuperen los cuerpos de sus antepasados y se les honre como defensores de la libertad.
