La primera vez que creí -luego el asunto se diluyó como el azucarillo de azúcar en un café- que el problema del acceso a la vivienda en la provincia podía tener solución (vaya por delante que admito que no es sencillo) fue durante el primer gobierno del Botànic. Ximo Puig había nombrado a María José Salvador consellera de Vivienda, con lo que ponía al frente del departamento a la persona que, como diputada en la oposición socialista, había sido el azote de los gobiernos del PP en esta materia incidiendo en dos aspectos clave: la falta de promoción de la VPO y el nulo interés o inoperancia de los ejecutivos populares por resolverlo en medio de un crisis económica profunda.

Salvador llegó con fuerza. Anunció la regulación de los precios del alquiler con un mapa de la zonas más tensionadas y millones para la construcción social. Terminó la legislatura y tampoco se logró el objetivo. Puig revalidó mandato, envió a Salvador a la vicepresidencia de las Cortes Valencianas y cedió la Conselleria a Podemos. Resultado: mucho ruido y poco ladrillo accesible. Lo de siempre.

En la provincia vivimos ya 1,9 millones de personas y los problemas son los mismos de siempre, amén de otros nuevos. El alquiler está disparado y nadie en el Consell ha sabido articular un plan creíble porque siempre se ha trabajado de espaldas a los que tienen que construir los pisos, que no son otros que los promotores inmobiliarios. Seguro que no todos son trigo limpio, como muchos políticos, banqueros, periodistas… pero nos guste más o nos guste menos, hablamos de profesionales que son los que saben de qué va el ladrillo y los que, en definitiva, se juegan el patrimonio en su actividad empresarial. Este mes de julio se ha cumplido un año del fracaso del último concurso público para la construcción de viviendas sociales en 2021. No se presentó nadie. Ahora, tras el anuncio de una inyección multimillonaria del Gobierno, la Generalitat va a disponer de 240 millones de euros para construir viviendas en los próximos cuatro años, muchas de alquiler. ¿Saben con quién han sido con los primeros que han contactado? Con fondos buitre. Ahí está dicho todo.

Mientras, el sueldo bruto que un alicantino debe dedicar al pago de su hipoteca aumentó de media en 2021 a 5,4 años y el 86% de los jóvenes residentes en la provincia de Alicante no puede dejar la casa familiar para tener una propia, siendo las mujeres las que tienen mayor dificultad para independizarse según los datos que maneja la Conselleria de Vivienda. Pero, además, si esa persona tiene entre 18 y 30 años tiene que destinar el 64% de su salario para pagar el alquiler si se emancipa en solitario. Veinte mil alicantinos menores de 35 años viven de alquiler en la provincia de Alicante, de un colectivo formado por más de 60.000 personas.

Los promotores han registrado desde que arrancó el año un fuerte repunte de la demanda en la denominada segunda residencia por parte de los inversores europeos, lo que ha provocado que el volumen de ventas se haya situado a los niveles anteriores a la pandemia, recuperándose hasta un 80% de las operaciones que se realizaban en 2019, pero todo ello centrado en la segunda residencia, para extranjeros básicamente.

La demanda triplica ya a la oferta de vivienda de alquiler social y asequible en una provincia donde el precio medio ronda los 800 euros al mes. La Generalitat quiere construir 1.155 viviendas en cinco años, pero la lista de espera supera las 4.000 familias.

Un informe de la Universidad de Alicante para la Cátedra Prospect Comunidad Valenciana 2030 de la Universitat de València sobre el impacto que ha tenido en el acceso a la vivienda la crisis económica desde la explosión de la «burbuja inmobiliaria», que se agravará en los próximos años por la recesión originada por el covid, alertó ahora hace un año de que Alicante es la provincia de la Comunidad Valenciana con un mayor porcentaje de falta de ingresos en los hogares. En concreto, un 26% del total de las viviendas, cuatro puntos más que en Castellón y València. Coyuntura que castiga a las familias con rentas más bajas. Muchas perdieron su vivienda y ahora, por los problemas laborales, tampoco pueden afrontar el pago del alquiler.

El motivo de la desventaja alicantina se encuentra en que en la provincia es menor el nivel de ingresos por la fuerte dependencia del sector servicios, por un lado, aunque también por los bajos salarios asociados a las industrias manufactureras, expuestas a la competencia exterior y, por tanto, con exigencias de competitividad que presionan los salarios a la baja. Entre 2008 y 2020, apenas se construyó, no hay pisos de alquiler públicos, ni vivienda suficiente. Miren a la promoción que se inició junto al barrio de Santa Cruz, hoy en dique seco y deteriorándose desde ni se sabe cuándo.

El alquiler privado se ha disparado y los ingresos se los come la inflación, por lo que los inquilinos que se quedaron sin trabajo son ahora el colectivo más vulnerable y en riesgo de quedarse sin un techo. Mientras, las políticas sociales pinchan, porque ni siquiera el escudo social funciona al 100%, como lo demuestra el que todas las semanas estemos ante noticias de desahucios.

El penúltimo, hace unos días en Alicante cuando una pareja con sus dos hijos pequeños se quedó en la calle porque un fondo de inversión había comprado el edificio donde residían sin interesarle lo más mínimo sus inquilinos. Quizá el mismo fondo, vaya usted a saber, al que los rectores de la Conselleria de Vivienda han llamado ahora para buscar una solución porque, no lo duden, este problema es de la Administración, no de los llamados grandes tenedores de viviendas.

Posdata: pagan justos por pecadores. Hace ya de estos unos años. La plataforma Anti Desahucios protestaba ante una oficina bancaria entonces ubicada en la avenida de la Estación de Alicante, frente a la Diputación, de un banco que había sido salvado por el Gobierno en medio de la cruel crisis inmobiliaria y económica de 2008. Gritos, insultos a los trabajadores… y entre los convocantes, seguro que el 90% con buena fue, había un hombre al que le pregunté cuál era su problema. ¿Yo? Ninguno, tengo una casa y una plaza de garaje, pero me han dicho que van repartir pisos de alquiler de los que ahora tienen los bancos. Así funcionamos en la provincia de Alicante. El Consell acaba de anunciar una nueva lluvia de millones para vivienda. Esperemos.