Confieso que no acabo de entender al independentismo y a Echenique –a este no lo entiendo nunca,- cuando reclaman desjudicializar el conflicto catalán. Porque si lo pensamos bien y sin dejarnos llevar por impulsos primitivos, lo que están ambos pidiendo no es un marco de negociación política estable, sino poder incumplir la ley, cometer delitos y que no les pase nada. Piden, por tanto, un privilegio, sin base en principio alguno democrático, concedido “ad personam”, por ser lo que son y porque están convencidos de que sus pretensiones responden a la esencia misma de las cosas.
Miren. La mejor forma de no judicializar un conflicto es acatar la ley, someterse a ella y no cometer delitos. Más o menos como hacemos todos sin que se nos ocurra pedir al Estado que, por nuestras condiciones, creencias o vanidad, nos liberen de pagar impuestos, de conducir por la derecha o de cualquier otra actividad ilícita.
Es todo tan fácil que no entenderlo y exigir impunidad frente a la ley y un reclamado derecho a delinquir, pues de eso se trata, resultaría en otro tiempo menos relativo que éste, un disparate. Y lo es, aunque se haya establecido como normal en el ideario de algunos, no de la sociedad en su conjunto.
Pasa, sin embargo, que nada es lo que es y poco se parece a lo que debe ser conforme a las ideologías que pregonan muchos de los que se confiesan progresistas y antifranquistas, caracterizados bastantes de ellos por saber poco de la dictadura y, lo más curioso, por exhibir cierta tendencia natural a imitarla. Sin darse cuenta y dejándose llevar por sus instintos son y se asemejan a sus más odiados enemigos, los que les dan carta de identidad para sentirse diferentes. Si les quitas eso, se quedan en nada.
Entrando en terrenos más ideológicos, la desjudicialización reclamada significa ampliar el marco de los llamados actos políticos, tan amplios, como inconcretos que, se dice, han de estar exentos de control por los tribunales y de sometimiento a la ley. Política y políticos por encima de lo que constituye la mayor garantía del Estado de derecho y la forma más segura de evitar la arbitrariedad de los poderes públicos. Porque, esto que demandan, los actos políticos sin control judicial, es lo que caracterizaba al franquismo y es norma común en los sistemas totalitarios. La falta de control se traduce, simple y llanamente, en conceder a los gobernantes poderes tan amplios, como ilimitados e incontrolados. Responden ante Dios y ante la historia, no ante la ciudadanía, no ante los tribunales.
La ley de lo contencioso administrativo de 1956 –bueno es recordarla para quienes la desconocen., ampliaba el campo de los actos políticos hasta extremos que respondían a la naturaleza de un régimen autoritario, al quedar muchas decisiones del Ejecutivo al margen de la ley y de los recursos ante los tribunales. Por eso, la Constitución de 1978, limitó casi absolutamente ese concepto de acto político. No hay, pues, actuación alguna de la Administración que quede al margen de la sumisión a la ley, ni puede haberla en un sistema democrático.
Eso es tan elemental que, cuando la progresía imitadora del régimen franquista reclama volver a los principios en que se apoyaba éste, los sentimientos de quien sepa algo de estas cosas se ven perturbados. Por un lado, la inquietud sobre cuál será la próxima idea libertadora calcada del franquismo aumenta a la par que el temor de que creemos un estado de cosas en el que, bajo argumentos democráticos, resucitemos el estado autoritario franquista por la vía de hecho o progresista, que nadie sabe bien en qué consiste. Por otro lado, que el PSOE, antes claramente posicionado en el lado occidental, de otra vuelta a sus principios y en lo que resta de legislatura, nos obligue a vestir, indirectamente, camisa azul para contento de sus coaligados y socios de gobierno.
Piden desjudicializar cuando en Europa, el Abogado General de la UE, puerta de entrada del TJUE, ha criticado la negativa de Bélgica a la entrega a España de Puigdemont, que tiene los días contados para, por fin, asumir sus responsabilidades, como hicieron los demás. Los argumentos de la justicia belga eran tan nimios jurídicamente hablando que, podría decirse, se sustentaban en esa desjudicialización reclamada por quienes aquí la exigen. No entregaban a los fugados porque consideraban la comisión de delitos cosa política y a España un país sin garantías procesales. Y eso lo dicen ellos, cuyas normas de esta naturaleza no son un ejemplo a seguir y cuando España es uno de los países más avanzados en este terreno.
Pues no. No puede Bélgica discutir las normas sobre competencia objetiva españolas, ni afirmar un riesgo genérico, plagado de prejuicios sobre la justicia española. Una Justicia ignorante es muy peligrosa.
Una vez hable el TJUE Puigdemont regresará. Y nada podrá hacer el gobierno, ni sus aliados. Porque la Justicia es independiente y la ley obliga a todos, aunque estas cosas no las entiendan quienes profesan del lado del autoritarismo, aunque lo disfracen con discursos que no ocultan su ideología.
Así es la democracia. No les gusta, pero es lo que es.
