Hay ocasiones en que parece que el colectivo de pensionistas (casi diez millones de personas, 40.000 en Elche) está de más. Se nos utiliza como se quiere. Últimamente hasta se nos cuestiona nuestro derecho a mantener el poder adquisitivo de nuestras pensiones.

que no se discrimine a los pensionistas solo por serlo

Ha costado mucho conseguir que, por ley, este elemental derecho quede recogido. Han pasado pocos meses y ya hay muchos poderes dudando si la economía española debe mantener ese compromiso o, como algunos dicen, deben ser los pensionistas los que, otra vez, apechuguen con los recortes para «salvar la economía nacional», que era lo que nos decían en época del PP mientras nos subían el 0,25% durante cinco años.

Nos alegra que el Gobierno mantenga sus compromisos y haya anunciado, recientemente, medidas para la financiación de la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC, tal y como la ley dice y el mantenimiento del poder adquisitivo exige.

Se acaba de anunciar que la tasa preliminar del IPC, en julio, es del 10,8%, la más alta en 38 años, gracias especialmente a la subida de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Si recordamos cómo está la luz, los carburantes, etc. la cosa se pone fea. Ir a hacer la compra, con nuestras pensiones, es una odisea. Muchos restringen comprar determinados productos para llegar a final de mes. Y la falta de alguno de ellos, puede afectar a nuestra salud.

Y, mientras tanto, se publica que la gran banca española ha ganado, en el primer semestre de 2022, 10.295 millones de euros (sólo el BBVA ha ganado un 57% más) y que están que trinan con el pequeño impuesto que, a sus ganancias, quiere ponerles el Gobierno. Ejemplo de solidaridad. Cuando dicen que pierden hay que ayudarles y cuando ganan es para ellos. Así da gusto.

Y a la clientela y, especialmente, a la gente mayor se la deja de lado. La reducción de oficinas, cajeros, creciente digitalización, etc., les facilita sus ganancias, pero, en cambio, supone todo un problema muy agravado para nosotros los pensionistas. Entrar en una oficina bancaria, a resolver cualquier tema, se ha convertido en una aventura para la gente mayor que, en muchas ocasiones supone una frustración y hasta un costo económico. Por nuestra edad y cultura recibida podemos decir, sin exagerar, que estamos doblemente penalizados ante el degradante trato que la banca nos da. Algo que los poderes públicos, a los que el sector tanto exige, deberían también tener en cuenta en su relación con el mismo.

Por no hablar de la discriminación silenciosa que se está ejerciendo sobre nosotros. Parece que, por ser mayor, no puedes tener las mismas condiciones que el resto de la población. Sin que se te avisen previamente, es cada vez más frecuente que pensionistas que solicitan un préstamo o una financiación en un centro comercial (en muchas ocasiones para hacer reformas necesarias a su calidad de vida, cambios de bañera, accesibilidad, etc.) se encuentren con el problema de que, por su edad, no tienen derecho para ello a pesar de su pensión suficiente. Es lógica esta discriminación? Es, incluso, ¿legal? Nada dice la publicidad de la misma. Hasta podría definirse como publicidad engañosa. ¿Solo por tener determinados años debemos aceptar ser marginados de determinados supuestos? No éramos todos los españoles iguales ante la ley? Y esta situación, de la que cada vez hay más denuncias, ¿no le interesa a nadie resolverla?

Desde el colectivo de pensionistas pedimos acabar con estas discriminaciones y que se nos trate como a cualquier otra persona. Ser mayor no puede ser un estigma. Bastantes problemas tenemos para vivir cada día como para aceptar estas situaciones.