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Joaquín Rábago

Acusar o no a Trump, algo que dividirá siempre a la nación

El expresidente estadounidense Donald Trump Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire/dp / DPA

No es ciertamente fácil el papel que tiene el fiscal supremo de EEUU, que debe decidir si acusar o no al ex presidente Donald Trump de intento de subversión del orden constitucional.

Sabe que cualquier decisión que tome el fiscal Merrick Garland, dividirá aún más a una nación ya suficientemente dividida, incluso, según algunos, al borde de una nueva guerra civil.

Una nación de 330 millones de habitantes, pero donde hay registradas 400 millones de armas de fuego, muchas de ellas semiautomáticas.

Según un sondeo de la Universidad de Chicago, más de la cuarta parte de los ciudadanos no descarta verse obligado un día a empuñar el arma que guarda en casa para defenderse de los abusos del Gobierno.

No presentar acusación alguna contra un presidente que se negó desde el primer momento a aceptar el resultado de las urnas y no sólo no hizo nada para impedir a sus partidarios invadir el Capitolio, sino que incluso pareció invitarlos a ello, sería abrir las puertas a futuros golpes de Estado.

Acusarle formalmente, sin embargo, puede llevar a quienes se han creído desde el principio las mentiras de Trump a rebelarse contra una decisión que considerarán fruto sólo de las maniobras de los “enemigos de América”, es decir, de su América blanca y monolíticamente cristiana.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que acusar a Trump sería sólo el primer paso y no significaría que el republicano fuese a ser finalmente condenado por la justicia ya que habría que convencer a un jurado integrado por doce personas.

Y tal y como está el país, es más que posible que alguno de los miembros del jurado, partidario oculto de Trump, aceptase los argumentos de la defensa y sostuviese, por ejemplo, que las acusaciones de fraude electoral lanzadas por el presidente están amparadas por la libertad de expresión que garantiza la Constitución del país.

Es cierto que hay otras acusaciones igualmente graves como el hecho de que Trump encargase a un jurista llamado John Eastman diseñar un plan para justificar con argumentos jurídicos lo que equivalía a un golpe de Estado, que se frustró sobre todo porque su fiel vicepresidente, Mike Pence, se negó a secundarlo.

O el que telefonease al ministro del Interior del Estado de Georgia para que éste encontrase como pudiera los 11.780 votos que necesitaba Trump para proclamarse allí ganador.

Sumados todos los indicios que apuntan a una intentona golpista afortunadamente frustrada en el último momento, parece que el fiscal supremo, equivalente al ministro de Justicia, tendrá muy difícil llegar a otra decisión que no sea acusar formalmente al ex presidente.

El sector más a la izquierda de un Partido Demócrata demasiado escorado últimamente a la derecha hace tiempo que expresa su impaciencia por las vacilaciones del fiscal Garland y le pide que actúe con más decisión contra Trump.

El problema es que si el fiscal general acusa a Trump y el ex presidente escapa, sin embargo, finalmente a una condena por falta de unanimidad del jurado, no sólo se vería el ex presidente rehabilitado, sino que cualquier otro político podría interpretar su absolución como una patente de corso para hacer lo mismo en el futuro. Y tal vez con más suerte.

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