Hace calor y ya casi nadie se acuerda de la guerra de Ucrania, salvo cuando Pedro Sánchez invoca el nombre de Putin para echarle la culpa por las subidas de precios de la energía y la carestía en general. Las comunidades autónomas comprueban cómo existe una imposibilidad manifiesta para vigilar el cumplimiento del plan energético del Gobierno, entre otras cosas porque es ambiguo, nace de la improvisación más absoluta y naufraga en vaguedades. De hecho, casi todos creen que acabará siendo una norma flexible sujeta a conciencias y no una medida coercitiva. O, al menos, quieren creerlo para no tener que apresurarse ante los tribunales de justicia, que durante la pandemia no dejaron de llevarle la contraria a Sánchez por los métodos restrictivos ilegales aplicados.
En este caso, como en tantos otros artículos de broma mal legislados, parece ser que existe unanimidad en que España, al igual que el resto de países de la Unión Europea, debe asumir medidas de ahorro. La diferencias empiezan a surgir en cuanto a la forma de ejecutarlas y en la propia aprobación. Los consejeros han enfilado el camino más recto y menos oneroso, en el caso de los socialistas, para oponerse al plan del Gobierno; consiste en reclamar competencias autonómicas. El Gobierno, simplemente, se refiere a una normativa ejemplarizante para no tener que emplear el término coercitivo. Pura retórica, igual que cuando Sánchez recalca pomposamente que la ley está para cumplirla mientras se incumple en Cataluña.
El caso es que, visto desde la distancia, no parece muy viable para el negocio autonómico tener a cientos de funcionarios pendientes de inspecciones comprobando si las temperaturas se gradúan como es debido en las tiendas, bares y restaurantes. No se trata en este caso de vigilar si alguien lleva puesta la mascarilla. Las primeras sensaciones, tras la entrada en vigor del nuevo decreto, es que a la incomodidad del calor se está sumando la inquietud económica y la caída del empleo que puede acarrear este nuevo apagón.
