Ley de Contratos del Sector Público, la Espada de Damocles de la Administración

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) publicada en 2018 es el caballo de batalla diario en las administraciones públicas. Es la que rige todos los procedimientos de contratación, de cualquier tipo, en cualquier Administración Pública, ya sea local, autonómica o estatal. Es una ley muy garantista que genera unos muy altos procesos burocráticos y de supervisión de cuánto y cómo invierten sus prepuestos las administraciones. Toda esta burocracia limita considerablemente que los presupuestos puedan ejecutarse con eficiencia técnica, de ahí que hayan surgido las alarmas ante el flujo de dinero que está llegando, y espera que llegue, de los fondos europeos. A este proceso burocrático se suma la inflación desbocada en la zona Euro y especialmente en España y además el enorme incremento de los costes de construcción, superior al 30% en lo que llevamos de año, y los importantes incrementos del coste de la energía. Estamos viendo como la rigidez de esta ley está provocando que se paralicen actuaciones en obra pública en todas las administraciones. Debido a estos efectos, muchas empresas constructoras se retiran de contratos ya conseguidos en concursos públicos, prefiriendo pagar penalidades económicas para no iniciar una obra sabiendo que perderá mucho dinero si continuase con ella y debido a la rigidez de esta ley, no podrá imputar esos gastos sobrevenidos a la Administración.

Como muestra de esta situación, se pueden citar algunos de los fondos europeos concedidos en el segundo semestre de 2021. Para su ejecución es necesario un proceso de licitación y adjudicación, tras ese proceso, los costes reales actuales pueden llegar a ser un 30-40% superiores a los concedidos y licitados, por tanto, podrían llegar a no ejecutarse y por consiguiente tendrían que devolverse.

De igual modo, estamos sufriendo considerables incrementos en los costes en la cesta de la compra y vemos como los costes del menú diario en muchos establecimientos se han incrementado. En el caso de una concesión que se rija por esta ley es difícil que se pueda incrementar el coste del menú más allá del incremento del IPC, por lo que muchos concesionarios se podrían plantean abandonar la concesión con el consiguiente perjuicio para la administración, algo muy parecido a lo que ocurre con las construcciones.

Debido a la inflación interanual, 100 euros de 2018, cuando se publicó la ley, equivaldrían a unos 114 euros de hoy, es decir que tendríamos que tener 14 euros más para tener el mismo poder adquisitivo en 2022 que en 2018. Esta ley establece una serie de tramos económicos para realizar diferentes tipos de contratos y en función de su cuantía, mayor complejidad burocrática en el proceso de contratación. El más simple es el contrato menor de servicios o suministros que debería ser inferior a 15.000 euros y el contrato menor de obras inferior a 40.000 euros. Con este tipo de contratos la administración tiene una mayor agilidad en gestionarlos y por tanto mayor eficiencia técnica. Debido a que esta ley es estática, no ha considerado los efectos de la inflación interanual lo que implicaría que estos límites para los contratos menores, a fecha actual, tendrían que tener unos límites de más de 17.100 o 45.500 euros según el tipo de contrato.

Los que gestionamos día a día con problemas reales y tratamos diariamente con usuarios que necesitan que se resuelvan sus problemas tenemos que hacer un gran esfuerzo para explicarles que no se pueden resolver de forma inmediata porque la LCSP tiene sus tiempos, tiene sus plazos y tiene sus límites económicos. Incluso en algunas ocasiones, estos procesos no son compatibles con los tiempos de las convocatorias de los fondos y literalmente son imposibles de ejecutar y hay que devolverlos.

En muchas ocasiones el desbordamiento burocrático de la administración causado por las rigideces impuestas por leyes como ésta, la interpretación diferente de la ley en diferentes administraciones, el informe del informe del informe que la cadena burocrática va solicitando genera que la eficiencia técnica se vea mermada y que para ello se necesite una ingente cantidad de personal solamente dedicada a esa tarea, lo que sin duda nos está llevando a una limitación para la ejecución de los presupuestos y sobre todo a la incapacidad para ejecutar las ingentes cantidades económicas que están y se espera que lleguen de la Unión Europea.

Quizás en un futuro no muy lejano, un cambio importante en esta ley y el apoyo de la Inteligencia Artificial puedan agilizar todos los procesos de contratación para que la eficiencia técnica que necesitan los usuarios finales se pueda alcanzar.