En una semana de duelo internacional, y sin minimizar la importancia política del acontecimiento, ni faltar un ápice de respeto a la figura de la reina Isabel II, quiero referirme a las reinas plebeyas, a las que sin sangre azul, iban a serlo, y como bien escribió la periodista Nuria Varela. En el libro, con el mismo título, ellas se encontraron con una vida rota, heridas de muerte, o asesinadas a manos de sus parejas o sus ex tras años de calvario.
No bastó con el femicidio a Ana Orantes, cuya valentía al contarnos su día a día, le costó la vida, ni con el sufrimiento de sus hijos e hijas, y es que pese a que ningún humano bien nacido la olvidamos, somos conscientes de que a ese grito de muerte le han seguido muchas más.
Se puso nombre propio por el suyo a la violencia machista, esa que algunos niegan, después a la VICARIA y paralelamente a la INSTITUCIONAL. La misma que el Estado español no pone solución urgente alguna, y es que de poco sirven los lamentos, las condolencias en redes sociales, los minutos de silencio, los cambios en las leyes que siguen dejando manga ancha al maltrato judicial, y las buenas intenciones. Nada es efectivo si se continúa permitiendo que desde los tribunales se torture a las mujeres y a sus criaturas al pedir auxilio.
La excusa de siempre, la separación de poderes, ya no sirve, pues para eso han modificado el artículo 92 y 94 del Código Civil, y tienen artículo 11.3 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que indica que ¨Los poderes públicos deben adoptar las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta en los niños y niñas, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración para fundamentar ningún tipo de resolución fundada en derecho¨. Lo que significa que, no solo que tienen la posibilidad actuar, sino que específica que es su obligación hacerlo. ¿Por qué no intervienen?
No es propio de una supuesta democracia europea del siglo XXI, que el Poder Judicial se refuerce en su paraíso terrenal bajo esa la ley divina que todo lo puede, y a coste cero, aunque el daño sea irreparable para sus víctimas.
Las mías son las mujeres, sus hijos e hijas. No niego otras, pero tampoco cuál es mi lado en esta cruzada silenciosa, agotadora y oculta, que solo se hace pública cuando hay que criminalizar a la excepción, mientras nuestros juzgados se han convertido en un linchamiento constante con nombre de MADRE.
He tenido la oportunidad de ver el documental LAS CARTAS PERDIDAS de Amparo Climent, con un magnífico reparto y dirección, y es que queda tanto por saber de nuestro pasado, como de nuestro presente.
¿Con que humanidad solicita el Ministerio Público al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que inadmita la querella de Juana Rivas contra el juez Piñar por delito de prevaricación y atentado a la integridad moral? ¿No les da vergüenza?
Muchas, y algunos, escribimos en nuestros perfiles virtuales ¨Juana está en mi casa", en aquel verano del 2017. De ahí se pasó al "está mal aconsejada", y después le siguió la cárcel. Entre medias lo peor, quedarse sin sus hijos y ellos sin su madre, y para colmo, en manos de él. ¿Para cuándo el interés superior del menor y sus Derechos Humanos? Los niños y las niñas son sujetos de derechos, pero ¿Quién los defiende salvo sus madres?
Entre lo legal y lo justo, ¿Qué hay? ¿Cuál es el límite del maltrato institucional?
Estamos de duelo, de luto internacional, pero el mío es por todas las que ÍBAMOS A SER REINAS.
