Es una realidad que la mayoría de los jueces son conservadores, al fin y al cabo, protegen el orden establecido --dice el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. La ideología es la concepción que tenemos de las relaciones sociales básicas tanto morales y religiosas como políticas. Podíamos reducirlo a la distinción básica de izquierdas y derechas. Así una persona conservadora vota partidos de derechas o se abstendrá, tiene tendencias religiosas, aunque no las practique, moralmente condenará el aborto y la eutanasia, y preferirá el orden injusto a la justicia desestabilizadora. La persona progresista tendrá una tendencia contraria a estos postulados y más revolucionaria que reaccionaria.

En cuanto a los jueces que tengan una ideología, como toda persona, sean conservadores o progresistas, no supone que no sean independientes. Podríamos decir, con la frase vulgar que los jueces no se venden, se regalan. Los jueces aplican el derecho, que es el conjunto de relaciones sociales necesarias impuestas por el grupo social que detenta el poder, que salvo en momentos excepcionales o revolucionarios, estos grupos sociales que imponen el derecho son la clase alta o media, es decir, dominantes económica y políticamente, cuya ideología se divulga a través de los medios de comunicación. Sólo un pequeño grupo de jueces progresistas aplicará la alternativa democrática y social del derecho, como exige nuestra Constitución.

En España, sólo el 15% constituye la única asociación de jueces progresistas: Jueces para la Democracia, el resto son asociaciones conservadoras, ¿qué explicación tiene esto? En primer lugar, el origen social que es muy determinante, pues los padres del 80% de los jueces tienen estudios universitarios, en segundo lugar, después estudiar la carrera de derecho, cuesta de 4 a 5 años por un promedio de 8 a 10 horas diarias de estudio, es prácticamente incompatible con cualquier otra clase de trabajo y de vida social, este proceso de selección una vez superado produce un fuerte sentimiento de corporativismo, de pertenencia a una élite apartada de la masa de la gente; y por último, una jurisprudencia de los tribunales superiores tradicionalmente conservadora impulsa a los jueces a hacerlo y prefieren esta corriente en la aplicación del derecho, y quien se aparta de esta línea conservadora tiene que ser muy valiente y quedar expuesto a la condena profesional y personal.

Sin embargo, la mayoría de jueces se revuelven contra este calificativo generalizado de conservadores, indignándose a que se les considere como una casta reaccionaria, y casi todos se autodefinen como profesionales, ni de derechas ni de izquierdas, en cambio a los progresista, ellos sí que les llaman de izquierdas o rojos.

El consejo General del poder judicial, órgano gubernativo de la judicatura, cuya principal función es el nombramiento de los altos cargos de los tribunales colegiados, compuesto por 12 miembros de judicatura y 8 de juristas elegidos por tres quintas partes entre el congreso y el senado, está actualmente bloqueado por más de cuatro años porque el partido conservador, el PP, se niega a renovar conforme a la mayoría parlamentaria, como se ha venido haciendo desde 1985 y exige que sean los propios jueces los que se elijan entre ellos. Pero en los procesos electorales de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, la más de derechas, se hace con más del 50% de los votos. Los datos son tozudos y confirman que la mayoría de la carrera judicial es de derechas o muy de derechas", expone Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional. Ya durante los años 1980 a 1985, el Consejo de judicatura era elegido por los propios jueces, y se consideró que esta elección era de jueces demasiado conservadores y se pasó al régimen actual. Y aunque ya se hizo una renovación por el propio gobierno del partido popular, en el que los doce miembros judiciales tenían que ser elegidos por los propios jueces en una terna y que entre ellos lo elegirían las Cortes, ahora se niegan y están bloqueando el nombramiento de los consejeros del poder judicial, pues conociendo el carácter conservador de la mayoría de los jueces quieren que se perpetúen esta mayoría en el Consejo y las altas esferas de la judicatura, ya que tienen pendientes graves procesos contra altos cargos del PP.