Tras la primera reunión del Consejo de Ministros después del descanso estival, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, planteó una interesante reflexión que tuvo un eco inmediato en los medios de comunicación: «Creo que asistimos a una gran convulsión, un cambio radical. En el fondo, lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia, de la liquidez sin coste». Aludía el presidente no únicamente a un cambio de tendencia en la política monetaria de los principales bancos centrales, sino también a la escasez de recursos naturales necesarios para el sostenimiento de nuestro modelo de sociedad.

Este diagnóstico tiene un efecto directo sobre el diseño de las políticas públicas, pues si convenimos que el incremento de los precios tiene su origen en un exceso de demanda a escala global, tendremos que aceptar la aprobación de medidas que tiendan a moderarla, para hacerla compatible con los recursos materiales existentes y la tecnología disponible. Y en eso están los principales bancos centrales del mundo, elevando de forma notable los tipos de interés de referencia.

La situación nos devuelve al dilema de siempre. Para recuperar nuestros niveles de bienestar, de forma compatible con las restricciones de naturaleza medioambiental, tendremos que aceptar una agenda reformista que impulse la productividad y competitividad de nuestras empresas. Y, mientras ello se produce, será necesario introducir mecanismos de compensación que protejan a la parte más vulnerable de la sociedad, en forma de ayudas directas y rebajas fiscales, en el marco de un gran pacto de rentas entre los distintos agentes sociales.

El president de la Generalitat Valenciana anunció el pasado martes, en el debate de política general, una reforma fiscal que tiene por objeto reducir los tipos impositivos de la cuota autonómica del IRPF. Se trata de una rebaja cuyos efectos se concentran en los tramos de renta más bajos, beneficiados por un incremento del importe mínimo exento de tributación. Algunos han visto en estas medidas, un episodio más de la competencia entre comunidades autónomas por la captación de nuevas bases tributarias, políticas de oferta de suma cero que no mejorarán la competitividad de nuestras empresas y no facilitarán el tránsito hacia la nueva economía que necesita el país.

Pero en realidad, el gobierno valenciano no trata de competir por atraer empresas reduciendo la factura fiscal de los más ricos a costa de nuestro estado de bienestar. La Comunitat Valenciana busca su propio camino, consciente de que otros modelos de desarrollo, experimentados con mayor o menor fortuna en otras regiones, no son replicables en todos los territorios de España. De ahí que la Generalitat lleve tiempo desarrollando políticas de oferta transformadoras del tejido productivo en múltiples ámbitos, con ejemplos especialmente destacados en el sector industrial. Los resultados en términos de creación de empresas, atracción de inversiones y generación de puestos de trabajo empiezan a ser evidentes, gracias al esfuerzo inversor realizado con recursos propios y al impulso de los fondos europeos Next Generation EU.

Se trata de competir por los mejores proyectos empresariales facilitando un entorno favorable a la inversión, y manteniendo niveles aceptables de cohesión social. Algunos señalan que la protección social en este contexto debe basarse en la ayuda directa, y no tanto en las rebajas fiscales. Y ciertamente, para niveles de renta que no alcanzan el mínimo personal y familiar, la ayuda directa es la herramienta fundamental a disposición de la administración para sostener las rentas de las familias. Sin embargo, la implementación de las ayudas no está exenta de problemas. La tramitación administrativa de las mismas impone costes muy elevados a la administración y al propio beneficiario, que limitan su eficacia especialmente para importes reducidos. No debemos olvidar lo sucedido con el programa generalizado de ayudas a empresas, con porcentajes de ejecución que deberían invitar a la reflexión, o lo sucedido con políticas sociales emblemáticas como el Ingreso Mínimo Vital.

Una redistribución de la carga fiscal, favoreciendo a las rentas bajas, y acompañada o bien por un incremento de otros ingresos, o bien por una moderación del gasto, para no afectar a la sostenibilidad de las finanzas públicas, puede resultar mucho más eficiente que la ayuda directa y, desde luego, mucho más eficaz que un programa de subvenciones masivas, cuyos efectos tienden además a disiparse debido a los elevados costes de tramitación.

En definitiva, la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus competencias constitucionalmente reconocidas, busca su propia vía de desarrollo económico, un modelo de crecimiento sostenible e inclusivo, que permita financiar nuestro estado de bienestar, combinando políticas de oferta y un ambicioso programa de protección social. En esa clave, cabe interpretar la reforma fiscal anunciada por el President, Ximo Puig.