Los olvidos de la memoria

Desde el mismo instante en el que Ximo Puig admitió, hace ya más de un lustro, la existencia de una deuda histórica del Gobierno autonómico con la ciudad, por la adquisición de los terrenos para enclavar en pleno casco urbano el campus ilicitano, y su voluntad de compensarla, cayó en el error de asumir una reivindicación desvirtuada y que el paso del tiempo ha transformado por completo. Las hemerotecas, ahora completamente marginadas por Google y sus algoritmos, dan fe de que en los albores de la creación se produjo una entente entre Diego Maciá y Eduardo Zaplana para ubicar en el actual emplazamiento las infraestructuras de educación superior con el compromiso de ceder el suelo municipal del entorno y asumir, con cargo a las arcas municipales, el coste de la expropiación del resto de los terrenos de titularidad privada con los que se iban a configurar las instalaciones universitarias. Con estas premisas, y como el propio Puig reconoció hace unos meses -algo que parece que poco después ha enmendado-, esa deuda histórica como tal no existió, sino que fue el precio que la ciudad se comprometió a pagar por albergar, y en la mejor ubicación posible, la UMH, y como tal se asumió desde el primer momento. Decisión que nadie objetó en aquellos momentos y que hasta fecha relativamente reciente se había reivindicado.

Cuestión bien distinta es que Elche, como tercera ciudad que es de la Comunidad Valenciana, se sienta marginada por las inversiones recibidas desde el ámbito autonómico y el provincial durante décadas y ese sentimiento se pretenda resarcir firmando un protocolo, que, como bien se sabe, supone rubricar una declaración de intenciones, que en la inmensa mayoría de ocasiones se quedan en papel mojado, aunque sirva como remedio temporal para apaciguar ánimos y templar críticas en tiempos cercanos a las batallas electorales. Ese sentimiento de agravio se refuerza y se retroalimenta cuando se comprueba cómo la ciudad ha estado huérfana de proyectos emblemáticos y los logros conseguidos han sido tan largamente reivindicados que se han visto superados cuando se han hecho realidad. Y solo como botón de muestra sirva la finalización de la Ronda Sur, cuya competencia es estatal y que la Generalitat está dispuesta a incluir en sus presupuestos para zanjar una obra que se dividió en dos fases y que se abrió al tráfico en 2015, tras innumerables retrasos. O el anuncio de prolongar el TRAM por las comarcas del sur, que ya Camps se comprometió en su día con traerlo hasta Elche, promesa electoral de la que nunca más se supo.

Pocas horas antes de que Puig y Carlos González estamparan su firma en ese protocolo de intenciones, el Consejo Social de la UMH de Elche se reunió para abrir la vía del litigio en los tribunales y judicializar el acuerdo del Consell para que la Universidad de Alicante imparta el grado de Medicina. Una decisión que reabre unas heridas que se pensaba que estaban completamente cicatrizadas. Desde que la Generalitat anunciara su decisión son innumerables las opiniones de los agentes sociales ilicitanos que se rasgan las vestiduras como si estuviera en juego el futuro de la Universidad. Escuchándolas, sigo sin saber, ni entender, qué perjuicios ocasiona a la sociedad ilicitana que la Facultad de Medicina del campus de San Vicente, donde ya estuvo en sus orígenes, amplíe la oferta que ahora mismo existe en el campus de Sant Joan. Ambas distantes un buen puñado de kilómetros del casco urbano ilicitano y ambas, en un futuro muy cercano, configurando una oferta que puede ser perfectamente complementaria para ampliar los horizontes de los futuros profesionales sanitarios, si la UMH es capaz de sosegarse y volver a establecer una interrelación complementaria con la UA. Pero, distancias al margen, no dejo de sorprenderme cuando el sesgo de argumentos escuchados son de ámbito estrictamente universitario y tan cuestionados que, en la sociedad pospandemia en la que nos encontramos, difícilmente son sostenibles como la evidencia nos ha demostrado. ¿Acaso, quienes defienden esta postura han llegado a pensar en todos aquellos estudiantes alicantinos, incluidos los numerosos casos ilicitanos, que por unas escasas décimas han tenido que emigrar a cientos de kilómetros, para cursar vocacionalmente unos estudios que estaban restringidos a 125 plazas, para posiblemente acabar con una plaza en cualquier hospital de la provincia? ¿O han reflexionado sobre qué intereses de la ciudad representan los miembros del Consejo Social, cuando pretenden invalidar en los tribunales que la Universidad de Alicante imparta esa docencia de la que seguro se beneficiarían universitarios ilicitanos? Por no hablar del presidente de ese Consejo Social, Joaquín Pérez, que siendo el máximo dirigente de la CEV en la provincia se enfrenta con su decisión a sus compañeros de organización que, en el Consejo Social de la UA, defienden la implantación de los estudios sanitarios, sin tan siquiera haber propiciado una reflexión serena y profunda sobre una decisión de este calado.

Semejante sinsentido no puede sustentarse en argumentos que supongan un perjuicio para Elche, ni para su tejido social si no más bien en defensa de otros intereses. Y como la vida universitaria no es ajena al entorno que le rodea, habrá que contextualizar el momento en el que la UMH se encuentra. A nadie se le escapa que nos encontramos a unos meses de la convocatoria de elecciones para decidir si Juan José Ruiz revalida su cargo como rector o si hay algún académico que esté dispuesto a presentarle batalla. En este escenario es de sobra conocido que la Facultad de Medicina del campus de Sant Joan representa un peso específico de vital importancia para quien quiera optar al cargo, por lo que aquellos que siguen de cerca la vida universitaria relacionan la ofensiva tan encendida del rector contra la decisión del Consell con el calendario electoral del presente año académico. Un ataque tan desmesurado como el que se produjo en la apertura de curso recientemente y que vino a poner encima del estrado los mismos errores que se cometieron en el pasado, cuando Medicina se segregó de la UA para adscribirse a la UMH.

¿No hemos aprendido nada en esos cinco lustros? ¿El recuerdo de aquellos tensos y enconados años ya se ha diluido en la memoria? ¿No hemos sido capaces de superar aquella situación para no volver a caer en ella? A tenor de los últimos acontecimientos, todo parece indicar que no, que volvemos a tropezar en la misma piedra. ¿Tan segura está la institución académica de que la vía contenciosa les dará la razón e invalidará un acuerdo sustentado en un conjunto de informes oficiales y adoptado desde la más estricta legitimidad? O quizá esa búsqueda de un fallo judicial no sea más que un pretexto para alargar en el tiempo un conflicto que puede proporcionar buenos réditos electorales internos, pero que a la larga tan solo ocasionará perjuicios para toda la sociedad, como bien se demostró en tiempos pasados.