Opinión | La Cuarta Vía

El recibo del agua entra en la precampaña electoral y mete en un problema a los candidatos

La incapacidad del Gobierno solo afectaba hasta ahora a la agricultura, pero el descontrol energético golpea ya al consumo urbano, el de miles de votantes hastiados de la inflación y luchando para llegar a final de mes

El coste del agua se está poniendo a un precio que empieza a amenazar al consumo doméstico

El coste del agua se está poniendo a un precio que empieza a amenazar al consumo doméstico / Información

Con el recibo del agua por las nubes y las elecciones a ocho meses, alguien tiene un problema, al margen de los vecinos y vecinas de la provincia de Alicante. Cuando las cosas se hacen mal y no impera el diálogo, la solidaridad y el sentido común, lo normal es que todo se vaya por la borda. Para colmo, la guerra del agua empieza a pasar factura ya, no solo al sector primario (agricultura y ganadería), sino a la industria y el abastecimiento urbano. Para que lo entiendan, al agua que sale del grifo, la que utilizamos para el arroz del domingo. Hasta ahora y desde hace 20 años, los damnificados en la provincia de Alicante por la falta de caudal en cantidad, calidad y buen precio eran los agricultores, pero la sequía, la crisis energética, el recorte del Tajo-Segura y ese error garrafal cometido en 2005, cuando se cambió la toma del agua del último trasvase proyectado en España (Júcar-Vinalopó), de Cortes de Pallás, donde el agua es mineral, a la desembocadura del río ha hecho saltar, de nuevo, todo por los aires.

¿El motivo? El precio del agua se ha cuadruplicado, nadie es capaz de controlar la inflación y el problema afecta ya a los ayuntamientos y al recibo del agua que deben pasar a sus vecinos, comercios e industrias cada tres meses, los mismos que viven acorralados por la inflación y haciendo equilibrios para llegar a final de mes. En el peor momento, a ocho meses de las elecciones y sin otra solución que ajustar la subida de costes y pasársela al votante, o comerse el alza y aumentar la deuda municipal. Los ayuntamientos, de todos los colores, han puesto el grito en el cielo en las últimas semanas porque, además, aquello del agua desalada solo para los agricultores empieza a generalizarse en un momento, además, en que la luz está por las nubes. Un problema, digo, tanto para el presidente, Ximo Puig, como para el aspirante, Carlos Mazón, y para a los cientos de candidatos a alcaldes y concejales en mayo de 2023. Ellos se lo han buscado.

El Tajo-Segura agoniza y el Júcar-Vinalopó solo sirve para regar tras un desembolso fallido de cerca de 500 millones de euros de dinero público, despilfarro del que algún día habrá que pedir responsabilidades. Y al fondo, el de siempre, un Ministerio, el de Transición Ecológica, que no solo ha actuado con demagogia y datos más que cuestionables, sino que ahora es incapaz de abaratar el precio del agua desalada, esa misma que impone reforzado por la sequía, a tirios y troyanos.

Algunos datos significativos: hasta 2016, los recursos hídricos que manejaba la Mancomunidad del Taibilla para abastecer a 1,4 millones de alicantinos llegaban del propio río Taibilla (49,8 hm3), desaladoras (57,5 hm3) y Tajo (72,5 hm3), para concentrarse este año en la desalación, cuyos costes de producción crecen sin control (75 hm3 este ejercicio).

La provincia necesita para cubrir todas las demandas (abastecimiento, riego agrícola, industrial y caudal ambiental) unos 900 hm3 de agua al año. De recursos propios maneja 650 hm3, en los que se incluye la desalación, acuíferos y ríos, por lo que necesita, como mínimo, unos 250 hm3 de trasvases, bien del Tajo, cerrado hoy para la agricultura y con un futuro cada vez más incierto, o del Júcar-Vinalopó, que de los 80 hm3 a trasvasar cuando se aprobó el proyecto, se cerrará, si culmina la negociación entre la Junta Central y el Gobierno, en unos 36 hm³ al año a partir de 2033.

La situación del agua desalada tampoco está tan clara. Las desaladoras en las provincias de Alicante y Murcia -Torrevieja, Águilas, Alicante y San Pedro del Pinatar- tienen capacidad para producir actualmente un total de 207 hm3 de agua desalada para contribuir a completar el regadío y el abastecimiento urbano de toda la región de Murcia, 34 municipios de la provincia de Alicante y dos de Albacete. Un volumen de agua insuficiente para sustituir los 350 hm3 de agua que hasta este año llegaban del trasvase del Tajo porque, además, una gran parte del agua desalada ya se genera y utiliza todos los años.

Por lo tanto, ahora mismo, el recorte del trasvase de hasta 200 hm3 al año que plantean los técnicos de la Confederación del Tajo dejaría prácticamente sin los recursos hídricos necesarios para garantizar el desarrollo futuro de una parte importante de la provincia de Alicante, incluidas las ciudades de Alicante y Elche y toda la Vega Baja.

Con estas cifras, y analizando un escenario futuro, Alicante y Murcia necesitarían otras cuatro desaladoras para cubrir el suministro hídrico. Ahora mismo, el plan de futuro del Gobierno tan solo pasa por ampliar hasta los 180 hm la capacidad de producción de la planta de Torrevieja, pero no hay previsión de nuevas plantas ni tampoco de ampliaciones de las actuales, pues solo se contempla su interconexión. A eso se une el coste de construir nuevas desaladoras, que se acercaría a los 800/900 millones de euros cuyo pago, además, deberían afrontar regantes y ayuntamientos como usuarios, tal como se las gasta el Gobierno.

Un coste el de las nuevas plantas que se sumaría a los 2.000 millones de euros que ya se llevan gastados en las estaciones construidas. Agua desalada que, parece que se ha olvidado, para poder ser utilizada en los cultivos debe mineralizarse, y para ello mezclarse con el agua de los ríos. Un panorama complicado, nada claro y muy preocupante porque estamos hablando de una provincia donde las masas de agua subterránea también están muy tocadas.

Al margen de la batalla política que arranca hoy, coincidiendo con la fiesta autonómica, el futuro, no obstante, es el que es, por lo que no cabe otra que aumentar más, todavía más, lo sé, la capacidad de la reutilización del agua que tenemos o nos dejan tener. La provincia de Alicante es líder en ahorro y aprovechamiento, nadie lo puede dudar en Madrid, pero entre la sequía y unos gobiernos incapaces de lograr una correcta distribución del agua en España, no queda otra, pese a todas las promesas que escucharemos.

Lo último que nos faltaba es que Putin, indirectamente, se haya sumado al frente que bloquea que la provincia tenga agua con esa guerra absurda e inútil que ya ha provocado, energéticamente, una crisis similar a la del petróleo de los 70, poniendo la luz a un precio que hace que cada litro de agua que salga del grifo nos salga en precio como si fuera del mejor cava. 

Que se lo pregunten a las empresas distribuidoras del oro líquido del siglo XXI. La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollá, se ha descolgado esta semana anunciado para los próximos cuatro años una inversión de 150 millones de euros para mejorar la capacidad de las depuradoras de Alicante para que el agua vaya a la agricultura. La primera vez lo escuché fue en 2005. Al día siguiente nos enteramos que la ampliación de la desaladora de Torrevieja no arrancará hasta 2024, tras conocerse que Alicante vuelve a quedarse a la cola en inversiones del Estado para 2023. Saquen sus conclusiones a ocho meses de las elecciones. Un periodo en el que podemos escuchar hasta que el que gane traerá el agua de Alaska.