El pasado 27 de septiembre, el president de la Generalitat anunció durante su discurso en el Debate de Política General, el más importante, junto con el de Presupuestos, de los que se celebran anualmente en las Cortes Valencianas, una reforma fiscal para contribuir a aliviar la creciente carga que los ciudadanos soportan como consecuencia del efecto encadenado de la pandemia y el estallido de la guerra de Ucrania, la crisis energética y la inflación. El plan, en su medida estrella, consistía en una rebaja de la tarifa autonómica del IRPF para las rentas anuales de hasta 60.000 euros, mientras que las que superaran ese tope no se beneficiarían de ninguna reducción pero tampoco experimentarían ningún alza.
El jefe del Consell definió en esa intervención la reforma que proponía como fruto de una «mirada keynesiana» sobre la economía. «Ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas», dijo, en lo que algunos interpretaron como una doble alusión: al «inmovilismo» del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez, que hasta ese momento se había negado en rotundo a bajar impuestos y ni siquiera a deflactar el IRPF para algunos tramos con el fin de combatir los efectos del alza de los precios, por un lado; y a los «regalos fiscales» de los gobiernos autonómicos del PP, encabezados por el andaluz Juan Manuel Moreno, cuyas rebajas beneficiarán, no sólo a rentas bajas y medias, sino también a las altas, por otro. «Unos bajan los impuestos a los más ricos, aquí ayudamos en la medida de nuestras posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de las familias», afirmó el president.
La propuesta del jefe del gobierno valenciano tuvo efectos inmediatos sobre la política nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se lanzó de inmediato a la piscina, a ver si en realidad era un río revuelto en el que pescar, exigiéndole a Sánchez que siguiera el ejemplo de Puig, cuyas recetas vino a identificar con las que defiende el PP, obviando que en el caso valenciano, si bien no se subían los impuestos a las rentas superiores a 60.000 euros anuales, tampoco se les rebajaban ni se bonificaban las sucesiones y las transmisiones patrimoniales como sí harán Moreno Bonilla o Ayuso. Por su parte, el Ejecutivo central, que recibió con indisimulado malestar el plan de Puig, tardó apenas 48 horas en modificar la posición que había mantenido durante semanas y anunciar su propia reforma fiscal, que incluye recortes en los impuestos para los contribuyentes de menor capacidad, aunque con un tope muy por debajo del de 60.000 euros fijado en la Comunidad Valenciana, pero acompañado de aumentos para las rentas más altas, por ejemplo aquellos que perciben un salario superior a los 200.000 euros anuales.
Los consellers tendrán rebaja este año, pero no el que viene. Los directores generales siempre. Es una broma. Pero da idea de la frivolidad al tratar el asunto
El plan de Puig era una apuesta política ganadora, se mirara por donde se mirara. Se ceñía al marco de la más ortodoxa socialdemocracia, apostando por un reequilibrio de las cargas en tiempos de grave crisis para poder sostener a quienes lo precisan: se bajan los impuestos a una franja muy amplia de la sociedad (todos los que ganen menos de 60.000 euros, es decir, la inmensa mayoría), mientras se mantiene la aportación del resto, teniendo en cuenta, primero, que la Comunidad Valenciana ya es una de las de mayor presión fiscal de España y, segundo, que la mayoría de las nuevas ayudas y bonificaciones que también se aprueban están dirigidas a ese primer tramo mayoritario de menos de 60.000 euros, sin que tengan acceso a ellas los que se inscriben en el segundo. Se separaba, también, del plan del PP, que beneficia a todas las rentas, incluidas las más altas, y del expuesto luego por el Gobierno de España, que incluía, junto a las bajadas, subidas. En definitiva, la reforma de Puig parecía dirigida a beneficiar no sólo a las rentas bajas, sino también a las medias: tanto a las que, estando en el límite de los 60.000 euros, tendrían rebajas, como a las que, superándolo, no tendrían que soportar mayor carga que la que ya asumen. Porque esa carga, en la Comunidad Valenciana, es baja respecto a la media europea; pero más alta que la media del conjunto de España. La mayor recaudación por impuestos indirectos y un gasto social menor que el que supondría a la postre abandonar a su suerte a quienes peor lo van a pasar con esta crisis, compensarían la rebaja a una mayoría sin aumentar más la imposición al resto. Al menos, temporalmente.
El «tiro» de Puig estaba claro, porque si quiere garantizarse la victoria sobre el bloque de la derecha en las próximas elecciones no le basta con los votantes de izquierda, sino que necesita alguna transfusión de los electores que se encuentran en la franja moderada del espectro político y que pueden decantar su voto hacia el PP o hacia el PSOE. Ahí -probablemente en unos pocos miles de votos sobre un censo de 3,6 millones de electores- es donde Puig se juega seguir en el Palau o entregar las llaves. Pero sus socios no lo han visto así, con lo que se disponen a desbaratar toda la operación. Compromís y Podemos ni son tontos ni son perversos. Pero tienen un análisis distinto. Ninguno de los dos busca a estas alturas ensanchar su «mercado», sino que la abstención no les penalice haciéndoles perder una parte demasiado grande del que en origen tenían. Por eso, no podían consentir una bajada sin subidas. Porque necesitan alimentar la dialéctica «ricos/pobres» en el convencimiento de que ese es el discurso que movilizará a sus votantes y les llevará a no quedarse en casa.
La esencia del plan de Puig, aliviar cargas a muchos sin presionar más a otros, se anula. Como en la tasa turística, donde se aprueban a la vez un impuesto y decenas de subvenciones
De no mediar cambios, esta semana por tanto el Consell aprobará una reforma fiscal que incluirá, ahora sí, una subida de impuestos para todos aquellos que perciban más de 65.000 euros al año, si bien la no retroactividad de medidas que lesionen a los contribuyentes que impone la ley permitirá al Botànic que ese aumento no se refleje en la declaración de 2023, año electoral, sino en la de 2024, cuando todo esté ya saldado en las urnas. Junto a ello, habrá rebaja para quienes ganen menos de 65.000 euros este año, y para quienes perciban menos de 62.000 a partir del próximo. Son curiosos estos topes, introducidos por los socios del Botànic. Los vicepresidentes, consellers, secretarios y subsecretarios autonómicos, por ejemplo, podrán beneficiarse este año de esa reducción: ganan poco más de 63.700 euros anuales así que, estando por debajo de la barrera de los 65.000, en 2022 no son ricos, según la clasificación efectuada por sus partidos. En 2023, al bajar ese tope a los 62.000 euros, sí tendrán que pagar más de impuestos. Los que, ocurra lo que ocurra, estarán siempre a cubierto, porque ni les afecta el tope de 65.000, ni tampoco el de 62.000 del año siguiente, son los directores generales, que por 600 y pico euros no entrarán jamás en la categoría de ricos oficiales: ganan exactamente 61.312, 88 euros anuales. Las direcciones generales son las escuelas de prácticas, o el refugio, adonde los grandes partidos envían a sus futuros líderes o a quienes forman sus aparatos. La vicepresidenta Aitana Mas o el candidato del PP, Carlos Mazón, por poner dos ejemplos contrapuestos, fueron directores generales. Así que ya ven: por un pelo, los directores generales no van a ser ricos y no pagarán más; sino que se quedan en la categoría de rentas bajas o medias y tendrán reducción. Hay que cuidar a la tropa.
La broma -que no es más que eso- viene a cuento de la arbitrariedad y, por qué no, la frivolidad, en la que está degenerando la reforma fiscal de la Comunidad Valenciana. Porque, incluso si no se comparte, puede entenderse la que plantea el PP: rebajas para todos, sobre la base (demostradamente falsa, que se lo digan al Banco de Inglaterra) de que eso repercutirá en mayor inversión y consumo y mejora de la economía. Como también puede comprenderse la que ha acabado abanderando el Gobierno de Pedro Sánchez: rebajas para los más desfavorecidos (las rentas por debajo de 21.000 euros, ahora ampliadas a las que ingresen menos de 35.000 aunque éstas tendrán que devolver dicha reducción al año siguiente) y subidas para las rentas verdaderamente altas (por ejemplo, los salarios de más de 200.000 euros anuales). Aunque la de Sánchez sea una reforma que sigue dejando al descubierto a amplias capas de la población trabajadora, porque la condición de trabajador no depende del sueldo ni tampoco de si el trabajo es manual, salvo que sigamos manejando esquemas del siglo XIX, no carece de lógica política ni de coherencia económica. Eso es justo la que ha perdido la de la Generalitat Valenciana: la lógica y la coherencia. Aquí pagarán más los que ganen 65.000 y menos los de 64.999. Este año. Al que viene, cambian las tablas.
Aunque el jefe del Consell amagó con una crisis de graves proporciones, Compromís y Podemos han impuesto su ley
Después de su discurso en las Cortes del 27 de septiembre, Puig le dijo a muchos interlocutores que no iba a consentir que sus socios de Compromís y Podemos impusieran modificaciones en su propuesta fiscal que pervirtieran la esencia de la misma, que era la de apoyar a la inmensa mayoría de la población: a unos, los que percibieran menos de 60.000 euros, bonificándoles; pero a otros, los que ingresaran por encima de esa cifra, no presionándoles más. Incluso apuntó en algunas conversaciones que si pretendían obligarle a cambiar lo que consideraba que era «el corazón» de su plan, prefería plantarse e ir a elecciones. No lo ha hecho. Y lo que finalmente se va a aprobar no es la reforma fiscal de Puig. Ni siquiera la de Sánchez. Es la de Compromís y Podemos. Es la misma práctica que estamos viendo con la tasa turística: el presidente dice que no es conveniente, pero sus socios obligan a imponer el nuevo impuesto al mismo tiempo que no paran de aprobar ayudas al sector turístico, hoy un bono y mañana un Imserso bis, con lo que resulta que por cada euro que le vayamos a cobrar a quien se hospede los contribuyentes pagaremos diez en subvenciones, viajemos o no. Habiendo hashtags, para qué queremos coherencia. Y él, consiente.
La comunidad con peor financiación pero a la cabeza en presión fiscal de España bajará unos tramos y subirá otros. Y con ello no contentará a nadie. La distancia entre el que gana 20.000 y el que gana 60.000 es infinitamente mayor que la que hay entre el que ingresa 60.000 y el que percibe el triple. Pero el que gana 60.000 financia las ayudas sin tener acceso a casi ninguna de ellas y sin tener el colchón del que percibe 200.000 y pasa a engrosar las filas de quienes sienten que siempre se quedan al margen y nadie les representa. Puig prometió una cosa y ha salido otra. Así que por enésima vez nos han anunciado un parto de los montes y ha acabado alumbrando un ratón. Para ese viaje, no hacían falta tantas forjas. Y menos aún, si iban a estar cargadas de piedras. Sic transit gloria mundi. O, lo que viene a ser lo mismo: nadie se sorprenda luego de lo que pase.
