La Cuarta Vía

Los viejos fantasmas del Júcar-Vinalopó y el escándalo de un gasto de 500 millones de euros

La investigación de la Guardia Civil sobre un presunto desvío de fondos públicos tras el cambio de toma del agua devuelve a la actualidad la farsa que supuso la razón oficial de 2005: ni más agua, ni para siempre y de dudosa calidad

F. J. Benito

F. J. Benito

“Benito, créeme, por este trasvase va a pasar mucha más agua de la que te imaginas, mucha más que los 80 hm³ que figuran en el proyecto”. No sé si fueron las palabras exactas, pero este fue el mensaje que quien este texto escribe recibió de José María Marugán, entonces director de la empresa estatal Aguas del Júcar, años más tarde absorbida por la actual Acuamed (la sociedad pública que impulsa la desalación), una tarde de julio de 2005 durante un paseo en barco por el fastuoso embalse de Cortes de Pallás junto a regantes y alcaldes del Alto y Medio Vinalopó, Baix Vinalopó y L’Alacantí.

Acabábamos de visitar la toma de Cortes de Pallás, recién terminada y de la que debía partir el agua para abastecimiento de los municipios y la agricultura de la provincia, y así cerrar los acuíferos sobreexplotados de Alicante. Un trasvase, el Júcar-Vinalopó, con vocación de a ser para Alicante tan importante como el del Tajo-Segura, que nadie cuestionaba entonces, y que terminó costando 500 millones de euros, una parte subvencionados por Bruselas.

Les cuento esto porque hoy, 17 años después, me ha vuelto aquella visita a la cabeza – el proyecto se cambiaría una semana después- tras ver la imagen de José María Marugán entrando a declarar en un cuartel de la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre un presunto caso de malversación de fondos públicos en la construcción de uno de los tramos del denominado “Nuevo Júcar-Vinalopó”. En concreto, un tramo adjudicado a dos empresas también investigadas por 48,4 millones de euros y sobre el que hay sospechas, también, de desvío de dinero para financiar campañas electorales de los que mandaban entonces y cambiaron el proyecto. Un canal de 17,5 kilómetros entre Vallada y la Font de la Figuera, el municipio valenciano pegadito a Villena desde donde se debía y debe repartir el agua que llega desde Cullera, porque no parece que vaya a prosperar la doble toma: agua para regar desde Cullera y para beber desde Cortes.

Sí, hablamos de un cambio unilateral de la toma del agua que terminó elevando el precio del trasvase en 165 millones de euros con el objetivo de traer, según rezó la propaganda de la época, más agua, para siempre y de gran calidad. Diecisiete después, no tenemos más agua y la que tenemos es de calidad dudosa, porque no sirve para el consumo humano. Marugán, hoy alejado de la política, profesor en la Universidad de Valencia, era en aquel de mes de julio de 2005 el hombre de Joan Ignaci Pla en el proyecto estatal, la cabeza visible, el que firmaba algún documento, pero, ojo, no el que tomaba las decisiones. Vamos, que él hubiera defendido el cambio de toma del agua, que no decidió él, por cierto, a Cullera o a Groenlandia, lo que le hubieran ordenado. Un mero peón del PSPV y de la Administración de entonces, bien pagado, que ahora puede verse envuelto en una trama de corrupción. Es lo que tiene la política.

Diecisiete años han pasado y algunos de los defensores de esta obra clave para esta provincia ya no están ni entre nosotros, como los siempre recordados Miguel Iborra, que fuera alcalde socialista de Aspe o José Ramón García Antón, conseller en 2005 de Infraestructuras. Ambos, padres políticos del trasvase original, que siempre se opusieron al cambio de toma.

Todo sigue igual o peor. Porque con este desastre, farsa ¿o escándalo?, ni ha llegado más agua, ni esta es de calidad, porque la que se capta en el Azud de la Marquesa no sirve para beber. Para riego, aceptando pulpo como animal de compañía, puede, pero el tope de envío de agua fijado para el trasvase es de 35 hm³ a partir de 2033. ¿Precio? A final, los agricultores han tragado carros y carretas y aceptan los 0,24 euros/metro cúbico. Tarifa que, supuestamente, se irá abaratando con la incorporación de la energía fotovoltaica para impulsar los caudales, pero que incluye la imposición de la amortización de los 200 millones de euros de los sobrecostes del proyecto. Y lo peor es que una parte de esta cantidad que ahora tienen que abonar los regantes pudo acabar en algún bolsillo colega, según investiga la Guardia Civil y un juez de Valencia.

Un buen amigo, que ha seguido la ejecución del Júcar-Vinalopó desde el primer minuto, me subrayaba esta misma semana que con las obras en marcha, con fondos europeos concedidos, tanto interés por cambiar el trazado en 2005 ya olió muy mal, y encima sin usuarios porque la Confederación del Júcar expulsó a los ayuntamientos del trasvase al cambiar la toma del agua original y no poder dársela para beber, y los agricultores se desengancharon para plantear una batalla que, visto lo visto, han perdido, pese a que se agarren a aquello de que "la peor agua es la que no hay".

¿Quién pierde? La de siempre, la provincia de Alicante. La razón oficial de los rectores de la CHJ de entonces fue que en Cullera había más agua para trasvasar. ¿Saben cuánta agua del Júcar ha llegado desde que se terminó la obra en 2010? Unos 25 hm³ de los 800 hm³ acordados. ¿Había más agua? Decidan ustedes pero parece que no.

Pero apunten algo más. La imposición de un pago de los 200 millones de euros, producto del cambio toma, que reclama el Ministerio para la Transición Ecológica repartido en tarifas para oficializar el trasvase Júcar Vinalopó, sin garantía de agua suficiente, puede provocar un descenso del 14,6% en la producción agraria y un 13,4% del empleo. Al margen que es indignante que la paguen los agricultores.

Los regantes aplauden la promesa de la incorporación de la energía fotovoltaica que plantea la vicepresidenta Teresa Ribera, pues un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena sostiene que con una inversión de 62 millones de euros en paneles para aprovechar la energía del sol (el retorno se calcula en 10 años) sería posible reducir los costes de explotación en 0,17 euros/m3, sobre un caudal anual de 35 hm3. Nada que objetar, pero para ello hay que disponer de agua y, ahora mismo, parece una quimera. La opción de llevar agua desalada a Villena es imposible desde el punto de vista económico. Por si a alguien se le ocurre plantear el disparate.

¿Se imaginan a Gobierno y al Consell convenciendo a los agricultores valencianos para que utilicen 100 hm3 de caudal depurado en la planta de Pinedo a cambio de soltar agua limpia para el Vinalopó? Se liberaría caudal hasta para abastecer la Vega Baja, a la que se le cuestiona el agua del Tajo, desde el pantano de Alarcón. Estaríamos ante un paso adelante hacia la verdadera vertebración del territorio, como tanto nos venden los políticos de turno.

En España nunca se ha abordado la falta de agua con criterios climáticos. Es inconcebible, por ejemplo, que el Gobierno entregue todos los años a Portugal un caudal de 7.000 hm3, y de hasta 9.000 hm3, del Tajo, cuando por el convenio de la Albufeira solo está obligado a 2.700 hm3, mientras el agua hace tanta falta en otros territorios de España, como la siempre ninguneada provincia de Alicante, tierra de acogida y trabajo para miles de españoles, y no solo turistas.

Pero volvamos a 2005. Expertos y regantes pusieron el grito en el cielo. Se conoció, incluso, que el propio PSOE, partido que gobernaba entonces y gobierna ahora en Madrid, había desestimado esa misma opción años atrás por mala y cara -elevar agua de Cullera a Villena cuesta un potosí y encima a los precios actuales de la energía eléctrica ni les cuento-, pero en Madrid, con la complicidad de sus embajadores políticos en València se miró, como casi siempre, para otro lado.

Se cumplía así una aseveración que unos meses atrás me había hecho el profesor Antonio Gil Olcina, exrector de la Universidad de Alicante y autoridad nacional en todo lo relativo a la gestión del agua: «En cuanto en Valencia vean que enviar agua a Alicante les genera un problema, adiós al trasvase». Hoy, los fantasmas regresan y, lo que es más grave, detrás del proyecto huele a podrido de manera oficial, de ahí la investigación. Tan mal como olía el agua que llegaba del Júcar el verano pasado y que estuvo a punto de levantar en armas a 400 residentes británicos del Medio Vinalopó. Lo dicho: ni más agua, ni para siempre y de una calidad más que cuestionable.