El delito de sedición es un quebrantamiento del orden que consiste en alzarse pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o al margen de las vías legales, la aplicación de las leyes, o impedir a una autoridad o funcionario el cumplimiento y legítimo ejercicio de sus funciones y atribuciones. En el Código Penal español está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión. Estos días, los partidarios de rebajar esas penas se encargan de recordar que en otros países de la UE el castigo es inferior. El delito de sedición fue aplicado a algunos de los dirigentes del procés catalán al considerar los jueces que no habían utilizado la violencia al alzarse públicamente en contra de la Constitución con el fin de proclamar la independencia de Cataluña. En caso contrario, hubiera sido rebelión. La línea que separa la fuerza de la violencia digamos, por no volver a entrar en discusiones, fue muy delgada aquel octubre de 2017, culminación de un vociferante y tumultuario proceso soberanista que se había iniciado cinco años antes desde las propias instituciones desleales con el Estado.
Los que se encargan de recordar que en otros países la sedición cuenta con penas inferiores que en España, suelen ser también los que prefieren olvidarse de que en Europa son los jueces los que eligen a los jueces para favorecer su independencia y preservar la separación de poderes. Al contrario de lo que pasa aquí. Existen también otros muchos supuestos en los que el olvido es latente a la hora de establecer comparaciones entre códigos penales. La cuestión preocupante, en todo caso, no es si las condenas por sedición son demasiado abultadas. Es la insistencia de ERC y del resto de los separatistas en que se rebajen forzando al Gobierno a acometer la reforma penal con el fin de acortar las inhabilitaciones pendientes de los indultados, los plazos de prescripción para los prófugos del procés y lograr una mayor impunidad por si hay que volver a las andadas.
