Entre los numerosos problemas que tenemos por delante, no se puede negar que existe una preocupación creciente y generalizada por el avance de la pobreza y la exclusión cada vez mayor en nuestras ciudades, algo que es compartido por organismos internacionales, universidades, centros de investigación, académicos y entidades del tercer sector. El encadenamiento de crisis múltiples, de la mano de políticas económicas que han dañado a los trabajadores, en beneficio de las grandes empresas y multinacionales, han generado un sustrato de empobrecimiento que ha dañado la calidad de vida y las oportunidades de sectores cada vez más amplios de población.

No hay duda, y hay que insistir una y otra vez en ello, que el escudo social desplegado por este Gobierno desde la pandemia ha sido el mayor paquete de políticas sociales y laborales en la historia de este país, siendo fundamental para reducir las situaciones de pobreza y carencia material severa, con todos los peros que queramos poner. No sólo se está impidiendo que muchas más personas se vean arrastradas a situaciones de mayor pobreza y desventaja, sino que, además, se están facilitando rentas básicas de subsistencia a colectivos especialmente sensibles, como sucede los con los niños en entornos familiares desfavorables. Esta es la realidad que las estadísticas, los datos e informes demuestran de manera incuestionable.

El problema es que nuestro país arrastra situaciones de pobreza fuertemente incrustada y cronificada desde hace décadas, que crecieron notablemente durante la década de la Gran Recesión de la mano de las políticas recesivas y de reducción del gasto público impulsadas en la etapa final del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero especialmente durante el salvaje Gobierno del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Todos los estudios y estadísticas evidencian, sin género de dudas, cómo las políticas de desmantelamiento de servicios públicos y gasto social, de liberalización y precariedad impulsadas durante los gobiernos de Rajoy han hecho avanzar la pobreza en toda España a niveles que no se veían desde hacía muchos años, dejando a muchas personas en la cuneta.

Esto se ve perfectamente en el caso de la provincia de Alicante, al contar con bolsas de pobreza persistentes mucho más amplias que en el conjunto de la Comunidad, arrastradas desde hacía años debido a la precariedad laboral y el avance de la economía sumergida, a la debilidad de los servicios sociales y la debilidad de las políticas de lucha contra la pobreza.

Es verdad que la incipiente recuperación económica que se vivía antes de la pandemia estaba mejorando los indicadores de pobreza y exclusión, salvo en una categoría muy preocupante, como es la de aquellos en situación de lo que se denomina técnicamente como carencia material severa, personas que tienen problemas para atender y dar respuesta a sus necesidades más básicas y elementales. Y ahí es donde tienen que entrar en juego las políticas sociales municipales, que tienen capacidad para conocer más de cerca las necesidades de la población y los perfiles de las personas más vulnerables, pudiendo impulsar medidas y respuestas más efectivas e inmediatas. Es lo que establece la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Generalitat Valenciana.

Hace pocos días, mi compañero Antonio Escudero, profesor y catedrático de nuestra UA, me preguntaba por mi diagnóstico sobre las tasas de pobreza en la ciudad de Alicante. Le avanzaba tres datos que, en mi opinión, marcan los perfiles de nuestra ciudad. El primero es que las tasas de pobreza en la ciudad son ligeramente superiores a la media provincial, debido precisamente al segundo de los factores, que algunos de los barrios de Alicante tienen las mayores tasas de pobreza extrema del conjunto de la Comunidad e incluso lideran las tasas de pobreza en nuestro país. En tercer lugar, la enorme disparidad en términos de tasas de pobreza y exclusión entre barrios y zonas de la propia ciudad, las mayores de toda la provincia.

Ahora bien, como también señalaba al profesor Escudero, todo ello exigiría de una investigación detallada que nunca se ha hecho y que a nuestro Ayuntamiento tampoco le ha interesado impulsar. A diferencia de lo que hacen otras muchas ciudades en toda España, que promueven estudios e investigaciones para identificar y radiografiar en detalle la pobreza de sus ciudades y poder tomar medidas adecuadas, al Ayuntamiento de Alicante nunca le ha interesado conocer la situación de las personas más vulnerables. Por si fuera poco, el bipartito de derechas ha construido un imaginario de rechazo, culpabilización y negación de la pobreza y de los pobres, a quienes consideran como indeseables a los que hay que multar, sancionar, criminalizar y negar su existencia.

El lamentable espectáculo que ha dado esta semana el Ayuntamiento de Alicante, primero difundiendo una nota de prensa falsa en la que atribuyen a la “Ordenanza contra la Mendicidad” la detención por la Policía Municipal de una familia que explotaba a un discapacitado que llevaba más de diez años mendigando en la Explanada y otras calles de la ciudad, produce vergüenza ajena, cuando ha sido la Policía Nacional la que llevó a cabo la operación, amparándose en delitos contemplados en el Código Penal. Pero no contentos con ello, posteriormente, sacan otra nota de prensa defendiendo que gracias a esta Ordenanza criminalizadora contra los pobres han intervenido sobre 27 personas sin hogar, lo que significa un auténtico disparate.

Sin moral ni vergüenza, no puede haber políticas sociales, como sucede en Alicante.