Las personas LGTBI deberán comunicar su orientación sexual al SEPE para gozar de prioridad en las listas de empleo

¿Se puede verificar la condición sexual? Y más aún, ¿hasta qué punto es beneficioso para una persona LGTBI entrar en un listado donde conste o se "acredite" su orientación sexual? Pues esto es lo que pretende el Ministerio de Trabajo, por lo menos, por el momento.

La nueva Ley de Empleo, aprobada el mes de junio por el Consejo de Ministros, tiene por objetivo transformar "las políticas laborales a través de la formación, orientación y el acompañamiento de personas vulnerables" y, entre las nuevas medidas que incluye, plantea la atención prioritaria a personas vulnerables. Entre ellos, el colectivo LGTBI.

Pero, para pasar a ser consideradas personas prioritarias dentro de las medidas de la nueva Ley de Empleo, las personas LGTBI deberán informar al SEPE sobre su condición sexual. Lo cierto es que, aunque se ha avanzado mucho y la mayoría de empresas no tienen en cuenta la orientación sexual de sus trabajadores, la condición sexual todavía resulta un impedimento para encontrar trabajo en algunas empresas.

¿Se podría garantizar la seguridad de las personas LGTBI que consten como tales en el SEPE si accediera al poder otro partido más radical o conservador?

Sin embargo, ¿mejoraría esta situación el aparecer en un "listado" de personas LGTBI en el SEPE? Las opiniones son diversas cuando se trata de alcanzar la normalización, pero, si bien la visibilidad es una base fundamental para esta normalización, la propuesta del Gobierno de "priorizar" a personas LGTBI como colectivo vulnerable de cara a encontrar trabajo resulta paradójica: ¿Cómo se acreditaría esta condición?

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Lo cierto es que, al igual que las empresas no pueden preguntar a las mujeres si tienen pensado quedarse embarazadas, los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tampoco pueden preguntar a los solicitantes de empleo si son personas LGTBI. Por lo que, ¿cómo se podría demostrar la orientación sexual sin caer en la discriminación? Y, además, ¿no resultaría, de hecho, discriminatorio constar como persona LGTBI en un "listado" perteneciente al Gobierno, aunque sea confidencial? Y, poniéndonos distópicos, ¿cómo se podría garantizar la seguridad de las personas LGTBI que consten como tales en el SEPE si accediera al poder otro partido más radical o conservador?

Entonces, si los funcionarios del SEPE no pueden preguntar por la orientación sexual, deben ser los usuarios los que voluntariamente comunicar al SEPE de su condición sexual para poder formar parte del colectivo prioritario. Pero esta solución se topa con una nueva incógnita: ¿es suficiente afirmarlo para que la condición sexual se acredite? A esta cuestión el Gobierno no tiene respuesta.

¿Serán la "pluma" o las camisas de cuadros un requisito indispensable para considerarse colectivo prioritario en el SEPE?

El colectivo LGTBI lleva años luchando contra los estereotipos pero, ante esta falta de concreción, ¿serán la "pluma" o las camisas de cuadros un requisito indispensable para considerarse colectivo prioritario en el SEPE? ¿Tendré que presentar mi carné de homosexual? ¿Habrá que ir al paro entonando "Mujer contra Mujer"?

Además, la nueva Ley de Empleo también incluye dentro del colectivo prioritario a los jóvenes con baja cualificación, personas con discapacidad, desempleados de larga duración, mayores de 45 años, víctimas de violencia de género, migrantes y solicitantes o beneficiarios de protección internacional, drogodependientes, personas tuteladas por la Administración Pública, personas de etnia gitana y personas en riesgo de exclusión social. Si a todos ellos les sumamos la amalgama de siglas que componen el colectivo LGTBIQ+, ¿no sería más fácil considerar que todos los demandantes de empleo, dados los tiempos que corren, deben ser prioritarios a la hora de encontrar trabajo?