Sostener que la derogación de la sedición se debe al ansia por equipararse a los países europeos equivale a anunciar que el Mundial de Qatar pretende promocionar el fútbol en ese país. El único sentido de redecorar un delito que solo se ha aplicado en una ocasión hasta sus últimas consecuencias, consiste en enmendar la condena recaída sobre los independentistas catalanes, para congraciarse con los penados dado que son los únicos beneficiarios de la medida. Esta convicción no se debilita al escuchar a Patxi López proclamando que los doscientos años de vigencia del enunciado sedicioso equivalen a «dos siglos», otro síntoma de que estamos ante un Rubalcaba para iletrados.
Los periodistas envidian a Sánchez la osadía que antaño fuera virtud de la prensa, pero el presidente del Gobierno se equivoca al enmascarar sus pretensiones de pacificar Cataluña, sin duda uno de los éxitos de su mandato hasta el punto de que el independentismo se halla al borde de la autodestrucción. Los medios no deben ocultar el fin, el falso europeísmo de la retirada de la sedición enturbia el éxito de haber borrado la fractura del Estado de la agenda política, uno de los escasos apartados en los que coinciden todas las encuestas. El líder socialista no debe temer la factura de sus aciertos. El hombre más rico del mundo se llama Elon Musk, y predica que «por favor tengan en cuenta que Twitter hará un montón de cosas estúpidas en los próximos meses. Mantendremos lo que funciona y suprimiremos lo que no sirva».
Feijóo es mejor gobernante cuando no pasa nada, Sánchez prefiere un poco de acción. Nadie conoce la evolución procesal del arrinconamiento de la sedición, un periódico de campanillas vaticina en una página que no afectará a las inhabilitaciones de Junqueras y compañía, para demostrar en la siguiente que el veto a presentarse a las elecciones se levantará de inmediato. El acierto de Sánchez puede ayudar a que el Tribunal Supremo no haga el ridículo en Europa con sus penas desmedidas para un delito de segunda, pero siempre hay una contrapartida en las decisiones jurídicas a cargo de un político. Se llama malversación, el verdadero objetivo a anular para dificultar la persecución de la corrupción.
