Se ha normalizado en este país el insulto como proceder común del gobierno frente a todo aquel que disienta de sus decisiones. Y digo gobierno, no Irene Montero o UP, pues el gobierno es uno, no dos, solidario en sus acuerdos y manifestaciones, siendo su presidente, Sánchez, el máximo responsable. Irene Montero y su cohorte de cargos han elevado el insulto al rango de calumnia, pues calumnia es atribuir un delito de prevaricación colectivo a los jueces y magistrados. Y ahí está para vergüenza de todos y especialmente de quien la mantiene.

Esta semana se ha llegado a un punto que la sociedad no debe tolerar, no bastando ya solo lamentarse ante lo que no puede ser asumido como normal e inevitable. No lo es.

Se ha calificado estos días a los abogados de defensores de los violadores, degradando el derecho de defensa e injuriando a una profesión digna en un Estado de derecho que se quiere torcer. Se ha tachado a los jueces de delincuentes, de prevaricadores por aplicar la Constitución y la ley y no someterse a las estupideces nacidas de personas movidas por una soberbia agravada por la ignorancia más supina. Se ha puesto en el punto de mira, una y otra vez, a los bancos y a los empresarios, que se presentan rodeados de oscuros y turbios intereses ante la sociedad. Delincuentes sociales todos ellos.

Y lo más grave es que tales diatribas se lanzan a la par que se hace exactamente lo mismo que se ataca, sin mostrar el más mínimo rubor ante la expresividad de la contradicción en la que se incurre.

Véase que en la misma semana en la que se anuncia la supresión del delito de sedición, con la finalidad explícita de beneficiar retroactivamente a los aliados independentistas a cambio de su apoyo para los presupuestos, se califica de prevaricación aplicar la misma regla, la retroactividad de la norma penal más favorable, a los delitos contra la libertad sexual.

Este gobierno carece de la gallardía y la valentía de explicar sus decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. Miente a la hora de justificar lo que nadie cree y dirige sus dardos frente a cualquiera cuando la ley produce el efecto deseado.

La causa de la reforma de la sedición es clara y nadie se engaña. Pues díganla y no mientan. O al menos dulcifiquen la mentira con alusiones a la conveniencia de ofrecer soluciones al llamado conflicto catalán. Pero no nos hablen de homogeneizar la legislación española con la europea. Sean valientes y honestos.

En lo que a la ley del “sí es sí” se refiere, asuman explícitamente que la unificación de los abusos y las agresiones, no obligada, sino fruto de su opción ideológica, conllevó una rebaja de las penas que tenía que provocar necesariamente la reducción de penas a muchos de los condenados. Lo sabían. Pues acepten las consecuencias de sus actos sin atacar a quienes se someten a la ley, su propia ley y son garantía en este país de supervivencia del sistema: los jueces y magistrados.

En lo que atañe a la malversación y su posible reforma y rebaja de las penas, que sin duda esperan que se aplique beneficiosamente de forma retroactiva (aquí esta vez también), eviten el espectáculo lamentable de valorar como positivos y susceptibles de perdón los usos ilícitos de bienes públicos de “sus” aliados y negativos e imperdonables los de los adversarios. Y ahórrennos el espectáculo bochornoso de escuchar reivindicaciones de revivir el derecho penal de autor, como se ha hecho en el Congreso y aquí ha deslizado el Sr. Baldoví.

Dice Montero, desde su reconocida ignorancia, que los jueces deben formarse, sin aclarar muy bien en qué han de hacerlo. Parece, por el alcance que se ha dado a esta noción inconcreta, que se trata de hacerlo en eso llamado perspectiva de género, a la que se quiere dar un valor superior incluso a la ley. Una idea, que no otra cosa, que nadie ha logrado definir con un grado mínimo de objetividad y certeza.

Confieso, como jurista y yendo contra la tendencia generalizada de no disentir de estas verdades y asumirlas como un dogma de fe, que desconozco el modo en que debe aplicarse esta forma de ver las cosas, pues eso y no otra cosa es una perspectiva. Tal criterio no es normativo, ni principio general del derecho. Jurídicamente no es nada y por supuesto no es superior a la ley, ni a los derechos humanos de todos, sin discriminación positiva universal alguna. Y menos es fuente del derecho penal y procesal.

Un jurista no puede nunca someterse a reglas imprecisas, sin valor jurídico, propias de la forma de ver el mundo de un grupo o ideología y no establecidas legalmente de forma objetiva. Porque, como criterio de interpretación, si se desvincula de la igualdad, que es derecho y principio, no puede tener utilidad, al ser esta perspectiva diferente según la forma en que se entienda el feminismo. No es la misma perspectiva la del radical, la del histórico o la del moderado. Y los jueces, obviamente, no pueden aplicar la ley según su posición ideológica o hacerlo de una de las diferentes perspectivas dando rango absoluto a una única voluntad o tendencia.

No puede exigirse a los jueces que se sometan a la llamada voluntad imprecisa del legislador y que buceen en ella para aplicar la ley, incluso subordinándola a tales criterios indeterminados. No son los jueces en democracia buscadores del derecho en la boca y mente del legislador. Eso hacían los jueces nazis, que indagaban en la del führer. Y cuando desde el gobierno se pide y exige que se actúe de esta manera, las alarmas se encienden y es necesario poner un punto de cordura frente a este tipo de discursos.