Puede haber un problema o más de uno, pero todo le vale a esa jauría humana que se comporta con absoluta irracionalidad. Que sigue aprovechando excusas para lanzarse en su afán de rentabilizar políticamente lo que se ponga a tiro. Enseñan sus fauces al ver un micrófono, escribiendo en redes sociales y a través de vehículos mediáticos de obscena catadura. No es lo mismo la discrepancia que delirar cada día.
La aplicación de la nueva ley de libertad sexual, del «solo sí es sí», y los cambios en el Código Penal generan rebajas de penas a violadores y abusadores condenados y algunas salidas de la cárcel. El sentido trágico de la vida española y el esperpento, con su estética sistemáticamente deformada, continúan al pie del cañón. ¿Es un ataque judicial a los avances del feminismo?
Indudablemente, el espíritu de la norma aprobada pretende otra cosa. El Tribunal Supremo tiene la palabra para establecer jurisprudencia, y Pedro Sánchez, en permanente estado de alarma, espera para estudiar si cambia la ley o no. De todos modos, se entiende que la Fiscalía General y los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas pueden pronunciarse antes. Pues sí. La Fiscalía pretende quitar hierro al asunto. Se opone ahora a rebajas de condenas por delitos sexuales y tiene que unificar doctrina con el Supremo.
El magistrado emérito, Martín Pallín, afirma que la ley está bien diseñada y que el problema reside en la incorrecta aplicación que algunos están haciendo. Por algo será. Los oscuros intereses habituales persiguen al Gobierno de coalición y, sobre todo, a Unidas Podemos, como es público y notorio con una permanente guerra sucia de las cloacas de diversa especie, desde los tiempos de M. Rajoy en la presidencia.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene un terremoto de notable intensidad que llega hasta la Moncloa. La duda sobre si la «incorrecta aplicación» es correcta continúa en danza. Si lo fuese, algo no funciona bien en esta ley que admite goles por la escuadra. Lo cierto es que la supervisión del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del Consejo del Poder Judicial, casi cuatro años caducado, no ha servido de mucho. Naturalmente, circuló también por el Congreso en sus trámites parlamentarios.
No se puede beneficiar porque sí a los culpables, en perjuicio moral de las personas afectadas. ¿Se invertirá la tendencia o el goteo de rebajas seguirá? ¿Hay jueces que están incumpliendo la ley? ¿Emplean el mejor criterio? Ese es el dilema. Ser o no ser. Y esto exige salir del caos jurídico y social y respuestas contundentes y favorables. En cualquier caso, las víctimas no están solas, ya que se establece la creación de una red de servicios de atención integral. Eso sí, la cacería política y mediática no parará con sus interesadas ansias de crispación. El cinismo de algunos es intolerable, incluyendo a los que no condenan la violencia machista y ahora sobreactúan rasgándose las vestiduras.
La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aspira a presentarse a las elecciones generales de 2023 al margen de siglas, recibe los golpes de Podemos por no haber apoyado expresamente, al principio, a su compañera de Igualdad. No quiere pillarse la mano frente a sus perspectivas electorales. Difícil situación. Aun así, reconoce, por supuesto, que la mencionada ley tiene el cometido de garantizar la protección de las víctimas y la defensa de la libertad sexual de las mujeres. Ahora habrá que evitar ese efecto perverso. Toda esta polémica afecta totalmente al Ejecutivo. Las leyes se aprueban en el Consejo de Ministros, y la carrera de obstáculos no tiene fin.
