La violencia ejercida contra las mujeres es la expresión más grave de discriminación y violación de sus derechos. Trasciende fronteras y se puede manifestar de múltiples maneras y en diversos ámbitos (públicos, privados e incluso en los espacios digitales). En su forma más extrema se sitúan los feminicidios, como lo son los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y exparejas sentimentales. Estamos hablando de ese goteo constante de casos, que en España ya suman 38 mujeres en 2022 y 1.171 desde 2003. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, cerca del 30% de las mujeres de entre 15 y 49 años que alguna vez han tenido una relación de pareja se han visto sometidas a violencia física y/o sexual por parte de esta.

Pero la violencia contra las mujeres también puede tomar la forma de acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral o educativo, la trata de mujeres y niñas en el contexto mundial de las migraciones, la explotación sexual, las agresiones sexuales por parte de conocidos y desconocidos, la llamada “violencia vicaria”, y un largo etcétera de actos violentos que se ejercen contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Todas estas violencias se pueden ver agravadas cuando interactúan con situaciones de discriminación por razón de orientación sexual, edad, discapacidad o diversidad étnica, en el caso de mujeres migrantes o con trabajos en la economía informal, o en el contexto de crisis humanitarias o conflictos armados.

Estamos todavía muy lejos de poner fin a estas violencias. Muestra de ello es, en España, el incremento de las violaciones en grupo o los recientes casos de sumisión química mediante pinchazos. También lo es la aparición de nuevas formas de violencia como las que tienen lugar en el espacio virtual. En concreto, en la Unión Europea, una de cada diez mujeres señala haber experimentado ciberacoso. El riesgo más elevado se registra entre las jóvenes de entre 18 y 29 años. Es más, la reproducción de modelos patriarcales, las consecuencias de las crisis medioambientales y económicas y el avance de autoritarismos y fundamentalismos, llevan a diferentes organizaciones a hablar de la existencia de un retroceso, a nivel mundial, en los derechos de las mujeres.

La violencia de género no es fácil de atajar. Tiene sus orígenes en la pervivencia de un sistema social patriarcal, que mantiene estereotipos y roles diferenciados para hombres y mujeres y devalúa aquello que es calificado como femenino. Por ello, podemos afirmar que se trata de un problema social, cuya erradicación implica cambios estructurales y culturales. En definitiva, su eliminación necesita un compromiso inapelable por parte de todas las instituciones públicas y del conjunto de la sociedad. En este sentido, acuerdos como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 o, en nuestro caso, el Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista son herramientas estratégicas para promover el compromiso colectivo con la prevención, atención y recuperación de las víctimas.

En este marco, las universidades, como generadoras y transmisoras de conocimiento y valores pueden y deben ejercer un papel fundamental en la eliminación de las violencias contra las mujeres y las desigualdades de género. Precisamente, con el fin de mostrar todo el potencial de la universidad y de la comunidad universitaria como agentes para la prevención y actuación ante la violencia, la Universidad de Alicante ha elegido el lema “UActiva contra la violencia de género” en la conmemoración de este 25 de noviembre. Este rol activo contra la violencia de género se muestra mediante el compromiso contundente en las declaraciones institucionales, los protocolos contra los diferentes tipos de acoso y violencias, las campañas de concienciación, los convenios para facilitar la movilidad de estudiantes y trabajadoras por motivos de seguridad, la formación de toda la comunidad universitaria, la investigación para ofrecer datos y nuevas estrategias para atender a las víctimas, los puntos violeta y el voluntariado de violencia de género, etc.

De nuestras aulas saldrán jóvenes, mujeres y hombres, que ejercerán sus profesiones y que tendrán en sus manos la responsabilidad de construir el futuro. Será muy importante que su preparación académica y técnica sea excelente, pero también es imprescindible que sean personas capaces, no sólo de denunciar la violencia y el abuso cuando éste es evidente, sino de reconocer los mecanismos sutiles de la desigualdad, de la discriminación, de las pequeñas “violencias” que se ejercen sobre las mujeres. Junto a la investigación y la transferencia, es a través de nuestro estudiantado donde probablemente se sitúe la principal contribución que una institución universitaria puede hacer al cambio social, también desde el punto de vista de la igualdad de género.