Los europeos han presumido siempre de “valores” para justificar su apoyo incondicional a la Ucrania de Volodímir Zelensky, y sólo ahora empiezan a reconocer que hay también fuertes intereses en juego por parte de algunos.
Intereses económicos de la superpotencia, principal valedora del país invadido, que trata de aprovechar una crisis que afecta de modo muy especial a Europa para obtener indudables ventajas comerciales. Y no sólo con la venta de su gas licuado, mucho más caro que el ruso.
No puede interpretarse de otro modo la promulgación por el Gobierno de Joe Biden, el pasado mes de agosto, de la ley contra la inflación conocida como “Inflation Reduction Act”, que aunque vaya en principio dirigida contra China, impactará negativamente en una Europa herida ya por la crisis de Ucrania.
El primero en dar la señal de alarma fue el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, que ve en esa ley una intención claramente proteccionista de la industria norteamericana.
El objetivo declarado de la ley es reducir la dependencia del exterior al subvencionar, por ejemplo, con 7.500 dólares la compra de automóviles con motor eléctrico a condición de que su montaje se efectúe en Estados Unidos.
También las baterías deben estar fabricadas en territorio norteamericano para que las empresas puedan beneficiarse de esas ayudas públicas.
Según el director del Instituto Alemán de Investigaciones Económicas (IFO), Clemens Fuest, esa nueva ley estadounidense tiene “elementos proteccionistas” inaceptables.
El título de esa pieza legislativa es, según muchos, engañoso, pues se trata de un programa de diez años de subvenciones en infraestructuras destinado a crear las mejores condiciones marco para las inversiones en aquel país.
Los fabricantes europeos del sector del automóvil hablan de “competencia desleal” y exigen que los vehículos eléctricos fabricados a este lado del Atlántico gocen de las mismas ventajas que tienen los producidos en Canadá o México.
Hay quien compara la actual disputa con la imposición por el ex presidente Donald Trump de aranceles al acero europeo.
En el caso de que Washington siga en sus trece, Francia quiere que la Comisión Europea aplique el mismo trato a los productos “made in USA”, lo que significaría el estallido de una nueva guerra comercial.
Tampoco se excluye llevar la disputa a la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra, aunque se es consciente de que las cosas allí tardan mucho en resolverse.
Así se recuerda que el contencioso entre Washington y Bruselas por las subvenciones a la industria aérea a uno y otro lado del océano duró diecisiete años.
Es cierto que las empresas europeas del sector automovilístico podrían beneficiarse de las ayudas públicas de EEUU si trasladasen allí su producción, y ése puede ser uno de los objetivos buscados por Washington.
Ocurre que algunas empresas alemanas de distintos sectores, fuertemente perjudicadas por el corte del suministro del gas ruso, mucho más barato que el que vende ahora a Europa EEUU, están pensando en deslocalizar su producción a este último país.
Hay quien habla ya de que los norteamericanos, temerosos de la fuerte competencia de la industria europea y de modo muy especial, la alemana, han visto en el aislamiento de Rusia por su invasión ilegal de Ucrania la mejor forma de hacerle mella. Y, a juzgar por lo que ocurre, no parece que quien así opina esté demasiado descaminado.