Política y Justicia

Fachada de la Sede del Tribunal Constitucional

Fachada de la Sede del Tribunal Constitucional / Carlos Luján - Europa Press

Pedro Luis Sánchez Gil

Pedro Luis Sánchez Gil

La reforma legal que hace unos meses cercenó al CGPJ sus competencias en cuanto al nombramiento de los altos cargos de la magistratura es inconstitucional de libro. Es cierto que, el CGPJ está prorrogado en sus funciones como consecuencia de la falta de acuerdo político. ¿Pero acaso está escrito que sus decisiones deben de estar guiadas por la mayoría parlamentaria que exista en cada momento? ¿Son independientes sus vocales o por el contrario deben pagar factura a quienes los nombró? ¿Es posible que sea esto último lo que subyace en la reforma legal mencionada? ¿Debería avalarse, incluso constitucionalmente, que esto pudiera ser así? Pues por lo visto son muchos los que piensan que sí.

Si se quieren cambiar las mayorías parlamentarias para elección de los vocales del Consejo, es una opción posible. Pero mientras estén en su cargo no puede dictarse una ley que proclame la subordinación de los mencionados vocales. Tal circunstancia supondría legitimar la intromisión de la política en la justicia. Además de un sibilino menosprecio a todos y cada uno de los juristas que forman parte de Consejo. A todos.

Por otra parte, la reforma anunciada de crear un delito mediante el que se pueda imputar a los vocales del Consejo o a su presidente si no eligen a los magistrados del Tribunal cuya elección les corresponde, constituye una coacción intolerable ejercida desde el Gobierno y el grupo parlamentario que lo sustenta sobre el órgano de gobierno del Poder Judicial.

La elección por el CGPJ de dos magistrados del Tribunal Constitucional ha de basarse en una premisa: la libertad de elección. Por ello, cada uno de los vocales lo mismo pueden elegir a alguno que a ninguno. Lo que sí se puede cambiar es la mayoría requerida para resultar elegido, que podría incluso quedar referida a la mayoría de los que efectivamente voten. Pero la pretensión de incriminar penalmente al presidente o a cualquier vocal del CGPJ no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo que respecta al visto bueno sobre la idoneidad de los juristas propuestos para magistrados del Tribunal Constitucional por parte del propio Tribunal entiendo que no hay óbice para que se pueda prescindir del mismo por vía de la correspondiente reforma legal.

En lo referente a la supresión del delito de sedición hay quien considera que dicha vía le supone al Gobierno un coste menor que la del indulto. Pero para los nacionalistas catalanes la supresión tiene un calado mucho mayor. Está en juego la valoración actual y de cara al futuro, a la historia en definitiva, de los hechos por los que los líderes del independentismo catalán fueron condenados. Sería el reconocimiento por parte del Estado español de que hubo un error, un error de Estado. Los independentistas son conscientes de la trascendencia de dicho reconocimiento.

 A su vez, el delito de malversación, que afecta no solo al tema catalán sino al de los ERES de Andalucía, va en principio en el mismo paquete. Se le echa arrojo o como cada cual lo quiera llamar y a esperar que pase el temporal.

Lo que pueda ocurrir no es del todo previsible. Vivimos en una crisis en la esfera nacional e internacional con tantas aristas y frentes abiertos que nadie sabe a ciencia cierta los efectos que se puedan derivar en los campos electoral y jurídico, cuando a cada cual le toque, de esta legislación a la carta.

El pueblo soberano, antes o después, tendrá la última palabra. Consideremos ahora una cosa. El delito de sedición era un completo desconocido para el público en general. Que ahora se suprima y se introduzca una figura de desórdenes públicos no tendrá mucho recorrido de cara a la opinión pública. Se sabía y de hecho se aceptaba- o resultaba indiferente- que los presos independentistas iban a estar en la calle en un tiempo prudencial. De forma similar, para el sentir popular no es lo mismo meter la mano en la caja pública para provecho propio o del entorno que desviar el dinero a una partida distinta de la prevista en la norma, incluso aunque dicha partida consista en comprar urnas y hacer campaña para un referéndum ilegal. La malversación era también una completa desconocida.

Por otra parte, no hay mucha gente que, por una u otra razón, quiera ver a Griñán en la cárcel.

Esto que digo es algo de lo que tenemos en la realidad social. El patio va a estar movido.