De celebrar juntos las Hogueras en Alicante a la guerra total del agua 25 años después

Hubo un tiempo, a finales de los años 90 -han pasado casi 25 años y todo sigue igual o peor-, en el que los regantes del Vinalopó, L’Alacantí y la Marina Baixa se juntaban todos los años en Alicante con sus colegas de Valencia con motivo de las fiestas de Hogueras. El motivo no era discutir sobre los hectómetros de agua que llegarían a la provincia desde el Júcar, cuya primera petición se remonta más de 600 años, cuando salió la histórica misiva de Villena, sino disfrutar de un encuentro mucho más lúdico. Los regantes alicantinos, entonces casi hermanados con el potente “lobby” valenciano del agua que representa la Acequia Real del Júcar, invitaban a sus compañeros a la corrida de toros que más cartel tenía en la Feria de Hogueras.

Existía un consenso general por el que por fin se reconocía la necesidad de traer agua desde Valencia para atajar la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó. Entonces, en Madrid, se hablaba incluso de la posibilidad de un trasvase del Ebro hacia la Comunidad Valenciana, y es que el trabajo serio y conciliador de dos personas solventes que sobradamente se lo habían currado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón (PP), y el alcalde de Aspe, Miguel Iborra (PSOE), había dado sus frutos.

El proyecto para construir el trasvase Júcar-Vinalopó había adelante por unanimidad -los traidores irían descubriendo sus cartas años después-, se negociaba una subvención millonaria de Bruselas, que se cerraría en 120 millones de euros (no hay razón ambiental más potente que la preservación de las aguas subterráneas del Mediterráneo que recibir agua de otras fuentes, siendo imposible la desalación en Elda), y nadie ponía un pero. Bueno, una. En la provincia de Alicante, solo conozco a una persona que no se lo acababa de creer, y casi 25 años después voy a tener que darle la razón.

El catedrático emérito de la Universidad de Alicante y, a la vez, uno de los fundadores de la institución académica, Antonio Gil Olcina, es una de las personas, junto a su discípulo, el también catedrático Antonio Rico, que mejor conocen el régimen hidrológico de la cuenca cedente y los problemas de los acuíferos en Alicante. Un día, tomando un café, Don Antonio me espetó: “En cuanto en Valencia consideren que pueda llegar a faltarles una sola gota de agua se acabó el trasvase Júcar-Vinalopó”. La frase también la escucharon varios de los que entonces dirigían la Junta Central. Hubo sonrisas. Hoy demuestra que Don Antonio tenía razón.

Personas que estaban sentadas en aquella mesa convencidas del proyecto. Algunas acabarían apartadas por la presión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el ariete contra los regantes y usuarios del agua en Alicante, a partir de que alguien en Madrid decidió cargarse el Júcar-Vinalopó. Les recordaba las palabras de Gil Olcina y así fue. El proyecto del trasvase del Ebro también saltó por los aires por la presión de los amigos de Esquerra Republicana a Rodríguez Zapatero, y la posibilidad de que la provincia de Alicante recibiera agua del Júcar se quedó en una anécdota, pese a tener un envoltorio que nos ha costado 500 millones de euros.

Al final se aprobó un trasvase con el agua que sobrara en Valencia, que recibió millones de la Generalitat para modernizar sus regadíos, pero donde nunca se tomaron en serio aquello de enviar agua a los vecinos del sur. En el Palau gobernaba el PP, pero la repentina muerte de José Ramón García Antón en agosto de 2009, dejó a la provincia huérfana de interlocutor con Madrid y todo se paralizó.

Pues bien. Casi 25 años después, sin agua del Júcar -el trasvase de este verano fue importante, pero una gota en el desierto-, los que dirigen hoy la Junta Central con la que se pactó el trasvase, se han encontrado ahora una sentencia judicial, que podría y debería dar un vuelco a la posición de la provincia en la cuenca de Júcar, un río que no está en Galicia, sino que está en la Comunidad Valenciana y en la misma demarcación que el Serpis, río alicantino que desde hace años envía agua a la vecina provincia sin que nadie haya puesto un pero.

Una sentencia del TSJ devuelve el Júcar-Vinalopó al punto de partida en 1998, con agua para beber y regar

El titular de la Sala 1 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo del TSJ ha dictado una sentencia histórica que puede dar, y debiera, insisto, un vuelco a la relación de la Junta Central del trasvase Júcar-Vinalopó con la Confederación Hidrográfica del Júcar de cara a recibir agua de la cuenca. El fallo, que responde a un recurso presentado por la Junta en 2019, reconoce el derecho de los usuarios (ayuntamientos y regantes) de las comarcas de L’Alacantí, Vinalopó y Marina Baixa a formar parte de la Junta de Explotación del Sistema Júcar-Alarcón-Contreras-Tous. En síntesis: la mesa donde se reparte el agua y la que nunca ha querido Valencia que se siente Alicante.

La sentencia invalida una decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar rechazando la petición de los usuarios alicantinos en 2014, y ordena que estos se sienten en la misma mesa que los regantes y municipios valencianos, en la que se decide el reparto del agua, para que está no llegue sólo a Alicante si sobra o en circunstancias excepcionales, como sucede hasta ahora, sino buscando algo de equidad.

De entrada, si el plan hidrológico del Júcar mantiene el envío de agua potable Castilla-La Mancha o la prioridad de la Albufera sobre la provincia, en los caudales obtenidos en la modernización de los regadíos en la Acequia Real del Júcar, el documento podría ser recurrido en los tribunales ya con una sentencia a favor. La Confederación tiene 30 días para presentar recurso de alzada y, fuera bromas, alguien tendría que explicar muy bien si se da el paso y vuelve a pleitear contra regantes y usuarios alicantinos.

La sentencia estima, insisto, el recurso de la Junta Central de Usuario del Vinalopó, L’Alacantí y el Consorcio de Agua de la Marina Baixa contra la resolución de la CHJ del 26 de julio de 2019, que había rechazado la petición de Alicante de formar parte de la Junta de Explotación del Sistema Júcar-Alarcón-Contreras-Tous de la que, miren por donde, si forma parte el Gobierno de Castilla-La Mancha, y es como sucede en el Tajo, Emiliano García-Page, presidente castellano-manchego manda, vaya que si manda.

Una mesa cuyas opiniones contaron en la redacción del Plan Hidrológico del Júcar (2022-2027), documento aprobado con los votos el Consell (vaya acierto tuvo Ximo Puig para elegir representantes) y que incluye una felonía hídrica histórica para Alicante. Anular una concesión de agua potable del embalse de Bellús. El embalse fue añadido como embalse de gestión en el Plan Hidrológico del Júcar 2009 -2015, junto a los tradicionales de Alarcón, Contreras y Tous. Lo capital para el trasvase Júcar-Vinalopó fue que en los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Agricultura entonces dirigido por Miguel Arias Cañete) se fijó que al menos 12 hm³/año de la asignación de los 80 hm³/año para trasvase debían ser favorecidos por la regulación del embalse de Bellús. Fíjense si la sentencia es importante.

Un fallo judicial que supone un “torpedo” para el propio Ministerio para la Transición Ecológica, que ha dinamitado la última opción que quedaba para que la provincia pudiera recibir agua para consumo humano desde la cuenca del Júcar, al eliminar del nuevo plan hidrológico ratificado por el Consejo Nacional de la Agua la concesión de hasta 12 hm³ de Bellús, negociada y pactada en su día con la Junta Central. Un caudal que hubiera llegado a las comarcas del Alto y Medio Vinalopó desde el Azud de Antella, en Llanera de Ranes, aprovechando la infraestructura del trasvase que parte Cullera tras el polémico cambio de toma en 2005. En estos momentos y según la negociación que arrancó en verano entre la Junta Central y la Confederación del Júcar, el máximo caudal a recibir desde el Júcar será de 34,1 hectómetros cúbicos a partir de 2032. A alguien se le tendría que caer la cara de vergüenza y atragantar el turrón.

Entre los candidatos y candidatas la vicepresidenta Teresa Ribera. Esta semana ha visitado València y en relación al problemón que el Gobierno está a punto de generar con los recortes del Tajo-Segura balones fuera. A Ximo Puig le espetó, no a la cara por supuesto, que su hoja de ruta se conoce desde hace dos años y que no quiere guerras. Parafraseando a Bernardo Guzmán, compañero de la Ser, la vicepresidenta o se hace la tonta o nos toma por tontos.