El ajedrez de la indecencia

Los principales protagonistas del sistema democrático español -es decir, los partidos políticos, llamados por la Constitución a ser “instrumento fundamental para la participación política”- son desde hace tiempo un auténtico paradigma de indecencia. En ellos el respeto por las reglas básicas del juego institucional resulta a menudo inexistente. Si seguimos así, con tales jabalíes del poder y de la oposición vamos camino de provocar una gravísima crisis de credibilidad del sistema de convivencia que los españoles aprobamos en 1978 y que puede sintetizarse, en términos de la teoría política clásica, precisamente como el “gobierno de las leyes”.

En el reparto de culpas tenemos que empezar forzosamente por los populares. No solo el PP ha sido un sumidero de corrupción, sino de pura y simple deslealtad a la Constitución. En su afán deslegitimador del Ejecutivo socialista no se ha parado en barras, y ahí está para demostrarlo el intolerable bloqueo, desde hace más de cuatro años, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que precisa mayoría de tres quintos en cada Cámara. Como el PP tiene mayor número de vocales adictos en el Consejo designado en 2013, no desea su sustitución por las actuales Cortes, cuyo final de mandato aguarda con impaciencia. Semejante primitivismo político, disimulado sin éxito con una excusa tras otra, trata ahora de encubrirse mediante la presentación de una proposición de ley para modificar en su favor el método de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Esta actitud revela que los populares se creen dueños del cortijo de la judicatura. Más aún: sencillamente, no aceptan la legitimidad de ningún órgano constitucional (Gobierno de la Nación, CGPJ, Tribunal Constitucional…) que no se halle bajo su titularidad o control. En mi opinión, es ya casi un partido extrasistema. Su próximo enlace matrimonial con Vox confirmará a buen seguro esa deriva. La admonición navideña del Rey ha caído, pues, en saco roto.

Por lo que respecta al otro gran partido nacional, el socialista, es obvio que su líder, Pedro Sánchez, alcanzó La Moncloa legítimamente, o sea, legalmente, como debe ser en un Estado democrático de Derecho. Tuvo que pactar, desde luego, no solo con Unidas Podemos, sino también con los independentistas catalanes y vascos, incluidos PNV y Bildu. Esto puede gustar más o menos (incluso dentro del PSOE), pero, aparte de que el PP de Aznar se vio obligado en su día a negociar con convergentes (el Pacto del Hotel Majestic) y peneuvistas, no es diferente de lo que sucede en otros Gobiernos multicolores europeos. Ahora bien, el acceso del socialismo español a la más clamorosa indecencia se produce desde el momento en que negocia con los separatistas de ERC la reforma o derogación de los preceptos del Código Penal (delitos de sedición y malversación) en cuya virtud habían sido condenados los participantes en el aquelarre llamado “procés”. Puedo comprender el indulto de las penas de prisión por razones de normalización política. Lo que resulta inadmisible es sacrificar la dignidad del Estado pactando con los delincuentes, para así continuar al frente del Gobierno central, la modificación o extinción de los preceptos penales tan gravemente infringidos en la tentativa secesionista de 2017.

Para rematar el desafuero y acreditar palmariamente el poder de Sánchez como “Dominus Hispaniae” (o, más simplemente, que “la voluntad del Führer es Derecho”), hete aquí que en la tramitación de la susodicha reforma penal “ad hominem” se introducen, sin conexión material alguna con la iniciativa legislativa en curso, sendas enmiendas para modificar las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Ello con la pretensión de que la mayoría conservadora en el Consejo dejara de bloquear la designación de dos Magistrados del TC y de que este no pudiera impedir la toma de posesión de los otros dos Magistrados ya designados por el Gobierno. En fin, un lío morrocotudo, en el que cabe reseñar también el rechazo de los vocales del CGPJ afines al PP a cumplir lo ordenado en su propia Ley Orgánica, modificada al efecto en 2022. A continuación se produce una gran explosión: los Grupos Parlamentarios del PP y Vox interponen recurso de amparo contra la decisión de admitir el debate y votación de esas enmiendas, entendiendo con razón que la doctrina del TC ya había considerado el “encabalgamiento legislativo” de materias diversas a través de esa vía una infracción de los derechos fundamentales de la minoría. La explosión, sin embargo, se produce porque el TC, atendiendo la petición de los recurrentes, resuelve “inaudita parte” (sin oír a nadie más) admitir a trámite el recurso y suspender la decisión impugnada (ATC 176/2022, de 19 de diciembre). ¡Jobar con el TC! Todos los gansos del Capitolio se pusieron a clamar y gemir alertando de la invasión del Poder Legislativo. Los Presidentes de las Cámaras y el del Gobierno realizaron en tal sentido altisonantes declaraciones institucionales.

Resulta además que la resolución del Tribunal se adoptó por una pelada mayoría de 6 a 5. ¡Lo que faltaba! En los votos particulares de los Magistrados discrepantes (los “progresistas”) se invoca la “soberanía” parlamentaria (¡ahí va!), la “inviolabilidad” de las Cortes (¡qué tendrá que ver!) y su carácter de “sede de la soberanía nacional” (¡falso!). Pero, ¿tanto cuesta entender que “la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado” y que “los poderes públicos (y entre ellos las Cortes) están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”? Pues véanse los artículos 1.2 y 9.1 del texto constitucional.

Si nos pusiéramos melancólicos, tendríamos que concluir que nuestra vida institucional es como una partida de ajedrez entre invidentes tramposos. Y no pocas veces ebrios.

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