La sombra de Narbona es alargada y la que fuera su alumna, Teresa Ribera, impone el agua desalada

Recordaba esta semana Ángel Urbina, veterano regante del Tajo-Segura, que hasta en tres ocasiones, tres, se reunió con la hoy vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, cuando ésta arrancaba su carrera política hídrica, hace ya muchos años, como Secretaria de Estado de Cambio Climático (2008-2011) en el Ministerio (había llegado en 2006) que dirigía Cristina Narbona, autora material de la derogación del Plan Hidrológico Nacional y del trasvase del Ebro, cuya hoja de ruta hacia la desalación sigue vigente y que debe estar orgullosa de lo eficiente que le ha salido su alumna, la hoy vicepresidenta tercera del Gobierno.

Urbina negociaba con la entonces Secretaria de Estado de Cambio Climático que Madrid cediera el embalse de Crevillent a Riegos de Levante. Conociendo a Ángel, no me cabe duda de que Ribera recibió clases magistrales de la importancia que tiene el agua para la provincia. Yo creo que, pese a que la sombra de su exjefa siga siendo alargada, la vicepresidenta la ha superado con creces: el cambio climático es un hecho y mi objetivo es que España no se quede sin sus ríos, peces y nutrias. ¿Solución? Que el Mediterráneo se las arregle con el agua desalada, aunque no pueda pagarla, mientras sigo autorizando, sin embargo, que Santander y Bilbao reciban agua del Ebro. ¿Se acuerdan de la EGB? El río más caudaloso de España, que se negó para Alicante y que, desgraciadamente, volverá a desbordarse en la próxima semanas cuando empiece el deshielo en los Pirineos.

Me ha venido a la cabeza mi penúltima conversación con Urbina tras leerme las casi cien páginas del dictamen del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno para todo tipo de materias, que aunque haya validado todo lo que ha autorizado Teresa Ribera con los planes hidrológicos, también le ha dado dos toques de atención que son importantes, y demuestran con quien se la juegan los regantes. Hubiera sido ideal más transparencia en los cambios (la famosa revisión de los caudales incluso a la baja en 2025 cuya disposición ha saltado por los aires) y más coordinación en la elaboración de los planes del Tajo y del Segura. Algo que ya recordamos en este periódico hace unos meses, cuando advertimos de que el plan del Segura alertaba, en boca de los propios técnicos de la Confederación, del desastre que iba a provocar el del Tajo y la subida del caudal ecológico en la cuenca receptora. Da igual, el Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente el martes, que ya llevamos un año de retraso y Europa aprieta, los planes hidrológicos hasta 2027, la certificación del recorte de Tajo-Segura.

Al margen de la mano que pueda echar el Tribunal Supremo con los recursos del Consell (si finalmente se atreve a dar el paso en un año electoral), la Diputación y el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura contra los recortes en el Tajo-Segura, esta semana ha vuelto a ratificarse, negro sobre blanco, que la hoja de ruta del Gobierno no tiene marcha atrás: el clima, Emiliano García Page -presidente de Castilla-La Mancha, y esa obsesión antitrasvasista de la vicepresidenta Teresa Ribera condenan al trasvase, en principio para el regadío. El Ejecutivo lo hace, además, sin ningún tipo de miramiento. Ribera plantea una tarifa del agua desalada que duplica la que pueden asumir los agricultores, y que este 2023 ni existe. Problema grave para el 80% de los regantes de Alicante y Murcia, no hablamos de las grandes empresas agroalimentarias del Campo de Cartagena que, incluso, al final podrán hasta pagar el agua al precio del cava. Nos referimos al futuro de miles de familias cuya subsistencia depende del agua del Tajo. Da la sensación de que no importan a nadie.

Hablamos de unos 50.000 trabajadores de muchos sectores, que se verán arrastrados al desempleo porque con eso de la globalización los tomates se pueden comprar en Marruecos, las naranjas en Argentina y Sudáfrica, las chufas en Mali y los melones en Senegal. ¿Qué agricultor puede pagar el agua desalada a 1,3 euros/m³ y luego subsistir con los 20 céntimos que recibe por un kilo de naranjas en el árbol. Esa es la realidad que se vive ahora mismo en un provincia de acogida de miles de españoles, que acabará contra las cuerdas. No este año, ni quizá en diez años, pero si alguien no le echa sentido común el futuro socioeconómico es más que incierto y, como poco, muy complicado.

Si ya es duro que se imponga el agua desalada, con los problemas que conlleva el utilizarla directamente, casi es peor que en Madrid la indiferencia hacia Alicante les lleve a cobrarla a precio inasumible, y, ni siquiera se planteen la posibilidad de una nueva subvención para no molestar a Bruselas y sus directivas comunitarias.

Vía libre del Consejo de Estado al Plan del Tajo que reducirá al mínimo el trasvase de agua a Alicante

Y encima, sin que en la hoja de ruta del Gobierno se contemple que el agua del Tajo vaya a dejar de venir tenga un caudal que le supla. Las desaladoras en las provincias de Alicante y Murcia -Torrevieja, Águilas, Alicante y San Pedro del Pinatar- tienen capacidad para producir actualmente un total de 207 hm3 de agua desalada para contribuir a completar el regadío y el abastecimiento urbano de toda la región de Murcia, 35 municipios de la provincia de Alicante y dos de Albacete.

Un volumen de agua insuficiente para sustituir los 320 hm3 de agua -leen bien la cifra- que llegan al año del trasvase del Tajo porque, además, una gran parte del agua desalada ya se genera y utiliza todos los años. Una cuenca, la del Tajo, que esta misma semana embalsaba más de 7.000 hm³ de agua. Desde la provincia se ha pedido una y otra vez, y por gente experta, como los catedráticos Antonio Rico, Antonio Gil Olcina o Joaquín Melgarejo que una alternativa será conectar el trasvase a otra fuente de alimentación como es la Sierra de Gredos, que alimenta la cuenca media del Tajo casi con agua mineral. Madrid, siempre Madrid, desde que Cristina Narbona cogió la riendas de la política hídrica -insisto, Teresa Ribera es su alumna aventajada-, niega la mayor e impone la desalación como si Alicante fuera la capital de Arabia Saudita, donde los petrodólares se les caen de los bolsillos hasta el punto de pagar 2,7 millones por una entrada para ver un partido amistoso Ronaldo versus Messi. Qué no tendrán para pagar el agua desalada. Pero no, señora Ribera, en la provincia de Alicante no hay petróleo y si lo hubiera estoy convencido de que ni nos lo dejarían extraer para proteger cualquier tipo de gusano cuaternario. Josep Borrell, pareja de Cristina Narbona, planteó interconectar las cuencas hidrográficas españolas cuando era responsable de Obras Públicas en España. Debe esta flipando... si es que le queda tiempo a pensar en el pasado con la que está cayendo en Europa.

Postdata: Al parecer, tras el palo que le ha dado el Consejo de Estado a la vicepresidenta Teresa Ribera en el dictamen sobre los planes del Tajo y el Segura, en el Ministerio para la Transición Ecológica estarían tratando de llevar el martes al Consejo de Ministros un proyecto para aprobar más acorde con la realidad. ¿La esperanza es lo último que se pierde?