Abortos

Juan García-Gallardo Frings es vicepresidente es vicepresidente de la Junta (el gobierno) de Castilla y León. Está ahí porque es el líder de Vox en esa Comunidad Autónoma y gobierna en coalición con el PP. El día 12 de enero compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y, como es habitual, los medios de comunicación asistieron para informar de lo acordado en esa reunión oficial. A su lado, para darle mayor empaque a la comparecencia, se situó el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, del PP.

No me gustan los abortos. Incluso la palabra me resulta desagradable. Creo que es una opinión compartida por una inmensa mayoría de personas, mujeres y hombres. Pero que algo no te guste no quiere decir que no exista.

España es una de las democracias más avanzadas del mundo, según los datos que se publican por centros que se dedican a analizar estos asuntos. Como tal tiene una legislación adecuada en casi todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Y el aborto no puede ser una excepción. La primera ley que se aprobó sobre interrupción del embarazo en determinados supuestos es de 1985, y entró en vigor ese año tras una sentencia del Tribunal Constitucional que resolvió un recurso previo de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular. En 2010 se aprobó una segunda ley, más ambiciosa, reguladora de salud sexual en general y sobre interrupción voluntaria del embarazo. Nuevamente planteó recurso de inconstitucionalidad el Partido Popular y hoy, más de doce años después, seguimos sin sentencia.

Las dos leyes se aprobaron con mayorías parlamentarias socialistas y los dos recursos los firmaron parlamentarios conservadores, algo que no nos debe sorprender, es así en todas las partes del mundo en los que se legisla sobre este tema. Lo que sí es sorprendente es la demora de los magistrados constitucionales, en años de mayoría conservadora, lo que nos lleva a sospechar que no han sentenciado por ideología ya que no hay motivos de inconstitucionalidad (es mi opinión) pero no han querido dejar en mal lugar a un partido afín. Ahora, con un presidente progresista, se nos anuncia que este recurso se resolverá en breve.

Entrando en el análisis de lo ocurrido con la rueda de prensa fantasmal protagonizada por el señor García-Gallardo, lo primero en lo que me gustaría fijarme es en la forma. Un Consejo de Gobierno aprueba disposiciones, que se publican en el Boletín Oficial, y que son de obligado cumplimiento. Eso se enseña en primero de Derecho, por lo que nos pueden entrar sospechas sobre los estudios de este joven, licenciado en esa carrera según su currículum, en una universidad privada. Sobre el fondo, es terrible comprobar como en todo el mundo, con EEUU a la cabeza, se utiliza el aborto como si de un ariete se tratase para imponer conductas a las mujeres. Se suele decir que la ultraderecha es machista y el aborto es un gran ejemplo. No quieren defender a una persona, eso no es así, sino imponer su voluntad. Si hablamos de niños inmigrantes no hay afecto alguno, ahí se impone la xenofobia, no defienden esas vidas.

El legado de Donald Trump durará muchos años en EEUU. Los jueces que ha situado en el Tribunal Supremo impondrán en el presente y el futuro próximo sus tesis más reaccionarias, comenzando por el aborto. No debe extrañarnos que ese haya sido el primer asunto en el que han querido marcar el cambio de rumbo, es la estrella de su ideología. En países europeos con gobiernos de extrema derecha, como Polonia o Hungría, el camino es el mismo, prohibir el aborto, ese es el primer mensaje. Y en España, en cuanto han podido, se han lanzado por el mismo camino. Otra cosa es que puedan, aunque me da que eso no les importa tanto, lo que quieren es situar en el debate este asunto tan delicado.

En los EEUU saben que la efectividad de la sentencia del Tribunal Supremo es muy relativa ya que en muchos Estados cuentan con legislación propia que se impone puesto que la competencia así se lo permite. Y en aquellos otros en los que sí se aplicará la sentencia las mujeres que quieran interrumpir su embarazo se desplazarán unos kilómetros a lugares donde sí es legal hacerlo. En Polonia y Hungría es más complicado ya que la legislación es estatal y para abortar las mujeres que lo quieran hacer deberán desplazarse fuera del país, lo que no siempre es fácil ni barato. ¿Qué harán?, pues lo que hacían algunas españolas antes de que existiese legislación en 1985, acudir a personas que irregularmente los practicaban. Es evidente que las condiciones sanitarias de abortos realizados en centros de sanidad pública (o concertada) son mucho mejores que los clandestinos. ¿Les preocupa eso a los de Vox y a sus correligionarios polacos o húngaros?

Iba a terminar escribiendo que no entiendo nada lo que ha protagonizado el vicepresidente castellano leonés, pero me temo que sí lo comprendo, y muy bien. 

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