Alto y claro

Las protestas de los profesionales sanitarios: una realidad innegable

Protesta de un sindicato sanitario, en imagen de archivo

Protesta de un sindicato sanitario, en imagen de archivo / Rafa Arjones

Carles Cortés

Carles Cortés

Las últimas semanas hemos asistido con atención las numerosísimas protestas de los profesionales de la medicina que, a lo largo del país, recuerdan a nuestros gobernantes los acuciantes problemas de la sanidad pública. Los problemas suscitados en la atención primaria –ahora mismo el talón de Aquiles de nuestra sociedad– que no encuentran, después de lo vivido en la época de la pandemia, una planificación acorde con las necesidades reales de la población por parte de los responsables políticos. Si observamos las protestas, es un problema común en la amplia diversidad de gestión de los gobiernos autonómicos. Cierto es que en algunos territorios los agravios vienen de lejos y se han incrementado por una pretendida voluntad de favorecer la sanidad privada, pero lo cierto es que faltan especialistas en la materia.

Un hecho es innegable. La situación de los sanitarios ha tocado fondo. Los médicos piden en sus protestas un pacto de estado de sanidad ante la expansión de las protestas. Unas huelgas que se han centrado en la atención primaria de algunos territorios que amenaza con colapsar los hospitales. Así, el Consejo General de Médicos (CGCOM) pidió el pasado mes de noviembre al Ministerio de Sanidad que diera un paso al frente para un acuerdo nacional para la sanidad pública, universal y gratuita, que ofrezca estabilidad al sistema y que comprometa a todas las administraciones a dotar de los recursos suficientes, especialmente, a la atención primaria, que lleva años agonizando. La situación viene de lejos, la pandemia no hizo sino empeorar las circunstancias de un sistema nacional de salud que lleva tiempo en crisis y que se convierte en fundamental para garantizar la justicia social de nuestro país. Asistimos con perplejidad a diversas proclamas de algunos responsables autonómicos, especialmente en la Comunidad de Madrid, conminando a los médicos y pediatras que desconvocaran las huelgas planteadas con un simple “ahora no es el momento”.

En nuestra tierra este debate no es nuevo. Desde el final de la pandemia, los sindicatos empezaron a advertir de este problema de saturación de los centros de salud y, por extensión, de los hospitales. La solución no es fácil; no hay una acción única o definitiva que resuelva el conflicto. Por una parte, debemos retomar un diálogo constructivo y una negociación justa entre las partes involucradas, a fin de abordar las demandas y preocupaciones de los médicos y encontrar soluciones que satisfagan a las partes. Es preciso incluir unas mejoras en las condiciones de trabajo, un aumento de los salarios que frene la huida de profesionales hacia el sistema privado o centros del extranjero, una mayor inversión en la atención médica y, en líneas generales, una mejor valoración del papel de los médicos en la sociedad.

Esta es una realidad innegable: faltan médicos. Somos el segundo país del mundo con más facultades, pero, con datos del 2022, faltan unos 5.000 médicos en todo el país. La poca flexibilidad del sistema MIR, los horarios, la saturación y el sueldo son algunos de los motivos por los que nuestros graduados abandonan nuestro país para desarrollar su profesión. Tenemos 46 facultades, 35 públicas y 11 privadas. Tenemos unos 270.000 médicos colegiados de los cuales 136.000 trabajan en el sistema público y, de estos, un tercio trabaja en atención primaria. Los nuevos profesionales necesitan unos 10 años para formarse, con 6 años para cursar su carrera, un exigente examen MIR y entre 4-6 años de especialidad. Cuando se acerca el momento de incorporarse al mercado laboral, no les queda más remedio que emigrar a otros países para poder ejercer. Realizamos una inversión con dinero público en su formación que luego no revierte en nuestra sociedad.

Por este motivo, asistimos con interés a la polémica suscitada frente a la implantación de un nuevo grado de Medicina en la Universidad de Alicante. El posible recurso de la vecina Universidad Miguel Hernández d’Elx pesa sobre el visto bueno de la administración autonómica a su desarrollo a partir del próximo curso. Es evidente que, con la situación actual, el incremento de futuros egresados en el Grado de Medicina es positivo para nuestra sociedad en general. Pero las circunstancias no facilitan esta reimplantación, más allá de la superación del agravio histórico existente en la segregación forzosa que en su momento se hizo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. Arrancar estos estudios en el curso 2023-2024 en el campus de Sant Vicent del Raspeig representa un esfuerzo considerable para una universidad que no ha recibido la dotación económica extraordinaria específica para una titulación de estas características. Conocemos casos de grados aprobados y no desarrollados, como es el caso del de Veterinaria en la Universitat de València, por falta de recursos. ¿Cuenta la Universidad de Alicante los recursos humanos y económicos suficientes para implantar el Grado en el próximo curso? Todo ello, claro está, sin detrimento del resto de grados. Por otra parte, ¿es consciente el gobierno autonómico de la necesidad de plantear una financiación específica para tal desarrollo? Unas preguntas sin respuesta en la actualidad que, como miembros de una sociedad donde la situación sanitaria es compleja, nos tienen que preocupar.