Una Justicia que se muere

La Justicia, la que a todos interesa, la del día a día, no la que constituye el objeto de deseo de los partidos en su voracidad de controlar el todo, se nos muere poco a poco y nadie parece ser consciente de las consecuencias. La prensa se ocupa y confecciona titulares que, centrados en las grandes ambiciones de la clase política (CGPJ, TC, TS etc…), sirven para el debate que conviene a esta suerte de pugna de cortos o peligrosos vuelos, pero que esconde solo la pretensión de dominar el Poder Judicial. Los partidos silencian los grandes problemas de la Justicia, la del ciudadano corriente, la de los millones de casos que se resuelven al año por los tribunales evitando con ello que cada cual se tome la justicia por su mano.

Los procesos duran años, son interminables, no hay jueces suficientes, no hay edificios judiciales bastantes, no hay medios materiales que sobran, parece ser, en otros ámbitos. En diez años, se jubilará cerca de un tercio de los cinco mil quinientos jueces españoles, número que lleva estancado demasiado tiempo aunque la litigiosidad ha aumentado. La inversión es escasa e insuficiente para cubrir incluso ese número. Cuando llegue el momento, pronto, nuestros jueces serán menos que los de hoy. No hay dinero ni planes para hacer frente a esta debacle anunciada. O lo hay pero se prefiere invertirlo en otros fines, más cercanos a las “necesidades” de los que tienen el poder de decidir el destino de lo común.

Parece ser, no lo ocultan e incluso lo dicen expresamente en sus proyectos de ley, que esto, la inversión en la Justicia, dotarla de los medios necesarios para que funcione no es la solución. No solo, pues, reconocen que no funciona, sino que incomprensiblemente, renuncian a su perfeccionamiento en la forma que impone el sentido común y ordena el sistema constitucional. Mejorar la Justicia no es su preocupación. Y buscan alternativas que pueden debilitar aún más el sistema.

Pare este gobierno y ahí está la Exposición de Motivos del proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, la respuesta no es hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, el de acceso a los tribunales, el de un proceso eficaz y sin dilaciones indebidas, resuelto por los tribunales.

No. No hablan ya de eficacia, sino de eficiencia que no es lo mismo y que significa, sin adornos que la disimulen, invertir menos, economizar, racionalizar el gasto en función del beneficio, el cual no se mide en atención a la adecuada resolución de las controversias, sino en relación con la cuantía del asunto. A mayor cuantía, mayor gasto o, lo que es lo mismo, una Justicia para ricos y otra, low cost, para pobres. Una Justicia, por tanto, que dejará de ser un derecho, para convertirse en una responsabilidad del ciudadano, al cual adjudican el deber de resolver sus conflictos mediante una mediación que pasa a ser casi obligatoria, pues no acudir a este método puede ser sancionado como “abuso del servicio público de Justicia”. Un Poder del Estado, un derecho fundamental, se convierte en un mero servicio público similar a los que nos brinda la Administración comúnmente. Los términos, las palabras y los conceptos no son neutrales, esconden fines y objetivos. Y a este servicio público, como a todos, se aplican los criterios propios de la Administración y empresariales referidos al coste y el beneficio. La Justicia medida en términos propios del liberalismo abandonando el modelo social que tanto reivindican.

Y, para acabar de rematar la faena, la Inteligencia Artificial, buena en lo que tiene cuando se debe, ya se empieza a contemplar en el ámbito mismo de la decisión. Una máquina en lugar de un juez que, por tanto, obviaría el análisis personal e individual del concreto caso sustituido por criterios de predictibilidad, objetivos y genéricos, ajenos al conflicto humano, que trasciende a toda contienda judicial.

No es una broma esto último. Ya hay países en los que ciertas resoluciones judiciales las ofrece la IA. Y aquí la reclaman incluso profesionales del derecho, de la misma Universidad, asumiendo que no habrá medios suficientes y que habrá que echar mano de mecanismos si alma.

No va a haber inversión. La alternativa es dejar morir la Justicia tal y como la conocemos, conquista del Estado de derecho y sustituirla por obligaciones de cada cual frente al adversario en la contienda, que siempre beneficiará al más poderoso o por la IA que puede ocupar un espacio que no le corresponde. La IA es buena, positiva, pero en sus estrictos márgenes. Los peligrosos son los que sucumben ante las ventajas del ahorro de costes, al precio que sea. Mientras la controlen, todo es perfecto y asumible.

El silencio ante un futuro que se va sembrando con paciencia pasará su precio. Los ataques al Poder Judicial no son otra cosa que la semilla para terminar con el proceso jurisdiccional. La genialidad de este siglo que quiere arrumbar con el pasado todo e implantar una alternativa ignota, es soberbia que conduce, como siempre, al caos. Mientras tanto, el CGPJ muestra su inoperancia y se dedica a todo, menos a su deber: el gobierno de una Justicia independiente y eficaz.

Y no sabemos qué opina el PP de esta “revolución”. Bien haría en explicarlo ante un silencio que pudiera ser interpretado como plena conformidad.