De la moderación en la defensa de los derechos

Uno no puede más que mostrar perplejidad ante la respuesta de la vicepresidente y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas al informe anual del Síndic de Greuges, pidiendo moderación y tildando de alarmista su contenido.

Argumenta la consellera que la prueba de que la gestión de su departamento mejora, es la disminución del número de quejas se presentan ante el Síndic. Debería recordar las explicaciones dadas por el titular de esa institución a este respecto y añadir que esta minoración responde, en gran medida a una nueva forma de contabilización de las quejas presentadas (se evita contabilizar como quejas individuales las que son presentadas por colectivos de personas afectadas por un mismo problema). No obstante, si de verdad le preocupan los datos cuantitativos, debería plantearse cuántas personas están afectadas por problemas referidos a prestaciones y servicios de su departamento y ni tan siquiera tienen posibilidad de presentar queja ante el Síndic, seguro que son muchas.

Destaca la consellera los avances producidos en el reconocimiento de derechos sociales. En el informe del Síndic de Greuges no se ponen en duda los mismos. Lo que se pone en duda es su efectividad. El contenido de las leyes debe ir acompañado de una gestión eficaz para lograr que los derechos reconocidos legalmente lleguen en forma de prestaciones a las personas a las que van dirigidas, en este caso a las personas y colectivos socialmente más vulnerables.

El incumplimiento sistemático de los plazos para el reconocimiento del grado de dependencia y para la asignación de las prestaciones a las que personas dependientes tienen derecho, las demoras en resolver las prestaciones de renta valenciana de inclusión dirigida a las personas en situación de pobreza, las demoras en el reconocimiento de grado de discapacidad, la insuficiencia de recursos destinados a la atención de personas con problemas de salud mental crónica, la situación de los centros de acogida de niños y niñas en situación de desprotección, la permanencia en centros de niños y niñas menores de 6 años cuando debería arbitrarse la medida de acogimiento familiar, las demoras en los pagos a entidades que gestionan centros públicos en los que se atienden a personas mayores, personas con diversidad funcional o personas menores de edad, son algunos de los problemas destacados en el informe y en las resoluciones del Síndic de Greuges y respecto de los que la consellera pide moderación.

El Síndic de Greuges tiene encomendada por ley la defensa de los derechos reconocidos a la ciudadanía y el mandato de atender especialmente a las personas y colectivos más vulnerables. Su misión es poner el foco de su actividad en los problemas que tienen estas personas para acceder a las prestaciones y servicios a las que legalmente tienen derecho y exigir una buena administración a los responsables públicos. Y en eso parece estar empeñado el titular de la institución y no en lanzar “mensajes alarmistas” ante los que la consellera deba pedir moderación.

Bien al contrario, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, debería estudiar atentamente las resoluciones del Síndic de Greuges, sus recomendaciones y sugerencias de mejora para atender las necesidades de las personas más vulnerables. Eso es lo que la ciudadanía espera de ella y de la gestión de su departamento. Esa es su obligación como responsable de un departamento cuya misión última es eliminar, o al menos minorar, situaciones de desigualdad, pobreza y otras carencias que afectan a personas y colectivos vulnerables y que informes de entidades de reconocido prestigio social, y no sólo del Síndic de Greuges, se empeñan en sacar a la luz de forma reiterada.