ERC: ¿De verdad quieren el modelo canadiense?

El president de la Generalitat, Aragonés (ERC) quiere ahora una ley de Claridad, como la de Canadá, para no perder el tren del independentismo que mantiene en marcha Junts, el partido de Puigdemont. Y una de dos: o los republicanos no se han estudiado lo que fue el proceso político que frustró la independencia de Québec o quieren apenas ganar tiempo y evitar la pérdida de votos.

Dicho proceso arrancó con “los sucesos de octubre de 1970” (evitan utilizar los términos terrorismo, violencia e independencia, que recuerdan la guerra civil americana), que causaron una única víctima. En Montréal, la capital económica y financiera de Québec, el Frente de Liberación de Québec (FLQ), un insignificante grupo de inspiración argelina, siete años después de haber hecho estallar sus primeras bombas secuestró al cónsul británico, James Cross, y al ministro de Trabajo Federal, Pierre Laporte. A instancias de su homólogo quebequés, el entonces primer ministro de Canadá, Pierre Elliot Trudeau, reaccionó decretando la Ley del Estado de Guerra y enviando el Ejército a Montréal. Durante las jornadas siguientes, la policía acosó a los terroristas; el FLQ respondió con el asesinato de Pierre Laporte (17.10.1970), antes de liberar a su otro rehén a cambio de un salvoconducto para Cuba. Fue la crisis más grave del Québec moderno, el final del FLQ y del terrorismo, y el origen de un cambio radical en el nacionalismo francófono,

En 1967, también en Montréal, De Gaulle había pronunciado imprudentemente aquella frase incendiaria, “¡Vive le Québec libre!”. En 1968 se fundaba en la provincia francófona el ‘Parti Québecois”, que consiguió celebrar dos referéndums sobre la independencia, uno en 1980 y otro en 1995. En el primero, los independentistas, que propugnaban una fórmula de “soberanía-asociación”, fueron derrotados contundentemente por un 59,5% contra un 40,5%. En el segundo, de planteamiento mucho más confuso pues la propuesta era de una especie de soberanía compartida, los independentistas perdieron por muy escaso margen: 50,5% por 49,5%. El Bloque Quebequés atribuyó la derrota al voto de los inmigrantes y al miedo a las consecuencias económicas de la secesión.

Irritado el gobierno federal por la pertinacia soberanista, que amenazaba con un nuevo referéndum, sometió el caso al Tribunal Supremo de Canadá, en funciones de Tribunal Constitucional. Y este emitió un brillante y clarificador dictamen en agosto de 1998, que puede resumirse así:

a).-Quebec no disfruta del derecho a la autodeterminación.

b).-La secesión solo sería posible si “una clara mayoría” declarara “de forma inequívoca” su deseo de no pertenecer en Canadá. Entre otras razones, porque “Democracia... significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría”.

c).-La secesión de una provincia “bajo la Constitución” no puede ser adoptada unilateralmente, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional. Y ello porque “en los 131 años transcurridos desde que se creó la Confederación, el pueblo de las provincias y territorios ha creado estrechos lazos de interdependencia (económica, social, política y cultural) basados en valores compartidos que incluyen el federalismo, la democracia, el constitucionalismo, el imperio de la ley y el respeto a las minorías. Una decisión democrática de los quebequeses a favor de la secesión pondría en riesgo estas relaciones”. Y añadçia: “La Constitución otorga orden y estabilidad, y consecuentemente la secesión de una provincia ‘bajo la Constitución’ no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional”.

De acuerdo con la posición del TS, el Gobierno federal del primer ministro Chrétien —quebequés— sacó adelante en el 2000 la “ley de Claridad” que establece que, en caso de celebrarse una nueva consulta en Québec, no valdrá una pregunta confusa, que no plantee claramente a los electores si están a favor o en contra de la independencia, con todas sus consecuencias políticas, sociales y económicas. Para romper la unidad federal canadiense, tampoco será suficiente una corta mayoría simple: será el Parlamento el que decida si la pregunta es suficientemente clara y la mayoría cualificada lo bastante representativa.

El independentismo de Québec es hoy una fuerza minoritaria que ya ni siquiera sueña con la independencia. La ley y la democracia han vencido a la ruptura y el desorden.

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