Jueces y huelga legítima y justificada

Las huelgas en la Justicia no son improvisaciones, ni reacciones espontáneas surgidas de arrebatos irracionales. Muy al contrario, son expresiones meditadas del cansancio de un Poder, el Judicial, harto de ser olvidado salvo en aquello que el Poder Ejecutivo puede controlar o que el Legislativo puede deshacer conforme a sus inmediatas urgencias.

Hay en España menos jueces en proporción a los ciudadanos que la normal en la Europa que nos rodea, menos juzgados, menos funcionarios, menos medios materiales y la inversión es mínima, sabidamente insuficiente, mientras se dedican cantidades ingentes a las ocurrencias de algunos ministerios. Y en diez años se jubilará un tercio de la plantilla judicial, sin que el número de nuevos jueces, al ritmo que va, pueda lograr ni siquiera suplir la existente.

Demandar, acudir a los tribunales, es un riesgo ante la incerteza del futuro, siempre indeterminado y casi eterno y las incidencias de procesos plagados de normas contradictorias en ciertos asuntos que sumen a los ciudadanos y a los jueces en la inseguridad jurídica. Se legisla mal y solo en aquello que ocupa titulares de prensa, no sobre lo cotidiano y general, abandonado por un gobierno ocupado en transformar la sociedad en aquello que la sociedad no demanda.

El CGPJ no está en estas cosas por su extracción parlamentaria y su vocación vitalicia al paso que va, ocupándose de aquello para lo que ha sido nombrado, que no es función natural. El Gobierno va a lo suyo y solo se interesa por el poder y el control de lo que constitucionalmente debe ser incontrolable. Las CCAA no cumplen con las competencias que aceptaron voluntariamente y abandonan la Justicia a su suerte. Asumir una competencia y no cumplirla debidamente por falta de recursos o de interés es dejación de responsabilidad. Fracturar un poder del Estado para que funcione peor, debería ser analizado con rigor. Que para crear un juzgado hayan de ponerse de acuerdo el Ministerio de Justicia, el CGPJ y la Comunidad Autónoma correspondiente explica bien el estado de la cuestión y la necesidad de regresar a un poder judicial centralizado en todas sus dimensiones.

Hay quienes consideran que un Poder del Estado no puede hacer huelga y los jueces son y constituyen el Judicial. Cierta es la afirmación, pero solo si se enmarca en un contexto en el que ese Poder se halla representado por un órgano de gobierno responsable, que defienda al Poder, que hable en nombre de sus integrantes, que vele por su independencia y que luche por su eficacia. Y para ello es evidente que no sirve un CGPJ dependiente de quienes le nombran, es decir, otro poder que expande o quiere expandir ilegítimamente sus ansias de dominación. Cuando así sucede el Poder Judicial no encuentra quien lo proteja y acudir a axiomas de apariencia democrática se traduce en dejación de responsabilidad y aceptación de cierta sumisión a un esquema que no se compadece con la tradicional división de poderes.

Cuando esos poderes expansivos atacan la independencia judicial, cuando los jueces son olvidados o injuriados por sujetos de escasa virtud y menor inteligencia, cuando el dinero se gasta en decisiones muy particulares, cuando la crisis afecta a la sociedad que ve que la Justicia no cumple su función de garantizar la paz social, cuando el caos del futuro próximo se prevé inevitable ante la dejadez de políticos que viven el presente inmediato, la respuesta de los jueces ha de ser la adecuada y proporcional.

Un poder del Estado no puede hacer huelga cuando actúa como tal. Pero si depende su funcionamiento de otros cuya intención es debilitarlo y devorarlo en su entidad de poder, ese poder tiene la obligación de reaccionar salvo que asuma obsecuentemente el papel secundario que de él se pretende.

El Poder Judicial es el freno en un sistema democrático al impulso autoritario del Ejecutivo. Siempre ha sido así, no es cosa nueva aunque ahora se pretenda este fin sin el más mínimo disimulo. Y para serlo necesita de medios que le dispensa quien solo los proporciona en el marco de sus intereses y ambiciones políticas. Para contrarrestar esta deriva los jueces, huérfanos de un CGPJ que cumpla su función, deben acudir a tomar medidas que, visto está, no pueden limitarse a manifiestos o quejas. Y reivindicar el proceso frente a la excusa de una mediación que se impulsa por una llamada eficiencia que se traduce en ahorro de costes y en el abandono del modelo social de Estado.

Miles de asesores que no asesoran pueblan nuestro país, muchos más que jueces. Redúzcanlos y que los partidos paguen a sus militantes con sus fondos y con ese dinero ahorrado paguen jueces, médicos y demás profesionales necesarios. Seguro que habría para duplicar la plantilla judicial suprimiendo tales encargos. No se sabe el número, pero deben pasar de un par de decenas de miles repartidos en todas las Administraciones. Animo a contarlos y desde ahí a exigir que esos fondos se destinen a cubrir lo que la ciudadanía necesita por encima de los favores de los partidos.

Eso no sucederá porque todos están en la misma práctica. Y no tiene visos de cambiar.