HOJA DE CALENDARIO

La sombra de ETA

Pintada a favor de ETA en una calle vasca.

Pintada a favor de ETA en una calle vasca.

Antonio Papell

Antonio Papell

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció hace unos días que 44 candidatos que figuran en las más de 300 listas municipales de EH Bildu en el País Vasco y Navarra para las elecciones del 28 de mayo fueron condenados por pertenencia y colaboración con ETA. Siete de ellos fueron condenados por su participación en varios asesinatos entre 1978 y 2001. Esta asociación considera “especialmente grave” y “un peligro para la democracia” que personas con “historial criminal y terrorista” se presenten a un cargo público. Otras informaciones confirman que esos candidatos han cumplido todas las penas que les fueron impuestas, incluso las de inhabilitación. Tras el imaginable revuelo de la opinión pública, esos siete homicidas han renunciado a ocupar concejalía alguna “para no causar más dolor a las víctimas”.

Este comportamiento de la coalición Bildu, que incluye a Sortu y que es heredera de Herri Batasuna, brazo político de ETA, es una grave provocación política que, además de ser una ofensa a las víctimas, entra en flagrante contradicción con la línea política moderada y cooperativa que ha mantenido durante la legislatura. La oposición al gobierno ha afeado al ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez, su colaboración parlamentaria con Bildu a lo largo de la legislatura, y el Ejecutivo no ha tenido empacho en condenar también ese paso innecesario dado por las gentes de Otegui. Pedro Sánchez, en concreto, manifestó a la salida de su entrevista con Biden en la Casa Blanca que “hay cosas que pueden ser legales pero no son decentes”.

La falta de delicadeza de Bildu es indignante pero no sorprende viniendo de quien viene. También es repulsiva la utilización que, una vez más, se hace de ETA en campaña electoral. Porque es inocultable que el hipócrita rasgamiento de vestiduras de la derecha tan solo persigue arañar algún voto desorientado.

No tiene sentido alguno reexaminar las políticas antiterroristas de PP y PSOE en el pasado, pero sí es razonable mantener in mente los esfuerzos colectivos que se hicieron para acabar con la lacra. El 12 de enero de 1988, Alianza Popular (todavía), el PSE-PSOE, el PNV, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezquerra, el CDS y el lehendakari firmaron el Pacto de Ajuria Enea, en cuyo punto 10 se ofrecía a los etarras un final dialogado de la violencia, en el bien entendido de que las decisiones políticas deberían quedar en manos de los representantes políticos. Merced a aquel acuerdo, hubo diversos intentos negociadores, gestos conciliadores, acercamientos de presos que en realidad fueron tentativas de diálogo, incluso diplomacias complacientes como la imprudencia de Aznar de llamar a ETA ante Arafat “Movimiento de Liberación Nacional Vasco”. Finalmente, no hubo negociación porque ETA no quiso y el Estado consiguió derrotar a su “aparato militar”. Aquella conminación de Rubalcaba, «o armas o urnas» terminó de provocar el cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2013, hace ya casi doce años. Hoy es impensable una regresión pero es inevitable que en lento proceso de cauterización de la gran herida vasca surjan chispas hirientes como la que suscita este comentario.

No somos los españoles/vascos los únicos que experimentamos un proceso semejante. El caso irlandés es muy ilustrativo. El IRA y los paramilitares protestantes se asesinaron entre sí durante varios lustros, con un saldo de más de 3.000 muertes. Y los acuerdos del Viernes Santo (de 1998) estipularon un gobierno conjunto de ambas colectividades. No fue fácil sentar a los viejos enemigos en las instituciones de poder, y en la práctica aún se mantienen rescoldos de los viejos odios. La paz no sobreviene milagrosamente y esos conflictos tardan generaciones en cerrarse. Por ello, la presencia de Bildu en política, de acuerdo con una ley de partidos que ya sirvió para ilegalizar a Batasuna cuando el terrorismo estaba todavía vivo, no solo no es una mala noticia sino que es un paso —doloroso— hacia la normalidad. Lo ridículo, e incomprensible para la ciudadanía, es que la gestión de este proceso incluya una desabrida batalla campal entre los dos mayores partidos del Estado. Porque esta sociedad, que padeció a ETA durante décadas, tampoco se merece que a su término tengamos que padecer un indecente peloteo de cadáveres en el parlamento, en un marco de odio que hiede igual que los asesinatos.

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