Toca fer país

«Ara toca fer país, després farem política», venía a decir Jordi Pujol en sus comienzos, para referirse a que era el momento de dar forma o de construir las condiciones apropiadas para que, cuando llegara el momento de la acción política, existiera un terreno abonado donde estas pudieran ser efectivas para culminar ese proyecto político que, como se ha ido viendo, ha marcado y ha construido la Catalunya actual. Sin ese “fer país”, sin esa apuesta cultural consciente y organizada, que ha implicado una apuesta cultural identitaria no sólo lingüística, por mucho que las condiciones fueran históricas y justas, difícilmente se podrían haber planteado las acciones políticas posteriores por descontextualizadas y extemporáneas.

En el nostre país, la política lingüística es seguramente uno de los aspectos más polémicos y divergentes que se plantean entre los distintos posicionamientos ideológicos, y se ha convertido en una de las señas de identidad de la izquierda, especialmente de Compromís. Y digo esto, porque otras opciones políticas, como el Partido Popular, simplemente carecen de política lingüística, digamos que fían la lengua a la ley de la oferta y la demanda, una manera de dejar morir la lengua minoritaria. Solo es necesario echar un vistazo al espacio que se dedica a esta cuestión en los distintos programas electorales y a los términos con los que se aborda esta cuestión para ver cómo nos pensamos en el futuro y cómo la cuestión lingüística se puede convertir en un arma polarizadora de doble filo, de consecuencias imprevisibles, por muy legítimas e históricamente reparadoras que sean sus razones.

La realidad valenciana no tiene, evidentemente, nada que ver con la realidad catalana y nuestro recorrido y camino, con todos sus puntos en común, no es comparable. Querer poner en práctica una política lingüística homogénea en la Comunidad basada en gran medida en requisitos de acceso y promoción dentro de la Función Pública me resulta una política errónea por descontextualizada, extemporánea y desarraigada, que se salta, en todo caso, el paso previo de “fer país”. Más allá de si la cuestión del conocimiento de ambas lenguas oficiales deba ser requisito o mérito en cualquier proceso selectivo de acceso a la Función Pública, la cuestión está en la forma en la que la política lingüística se aplica, si esta resulta inclusiva o excluyente, si se basa en su promoción y su reconocimiento, o en la penalización por su ausencia, ya no hablamos de uso sino de su certificación. El Decreto que regula el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano, con todas sus debilidades, plantea un tratamiento inclusivo y progresivo que tiene en cuenta el contexto social y cultural del territorio valenciano; sin embargo, hemos asistido en años precedentes a decisiones injustificadas, como la de congelar de la bosa de trabajo en educación a interinos por no acreditar el conocimiento del valenciano, después de haber prestado sus servicios y haber cubierto las necesidades de la Conselleria donde y cuando hiciera falta. No parece que sea una forma inteligente ni efectiva de “fer país”. Tampoco me queda claro el mensaje que se transmite cuando para ser catedrático de educación secundaria, en la última convocatoria, además del requisito obligatorio del conocimiento del valenciano, se valore más los títulos de conocimiento suplementario de la lengua valenciana que poseer la máxima cualificación académica en la especialidad en forma de doctorado. No entiendo el razonamiento y tampoco creo que contribuya a “fer país”.

La cuestión lingüística debe ir de la mano de la cuestión cultural y en este sentido la cultura es otra de las grandes ausentes en el debate político y en gran medida en los programas electorales. Uno de los aspectos que más me ha llamado siempre la atención de los sistemas educativos de otros países europeos es precisamente cómo tienen incorporados en sus currículos la cultura local y regional sin fobias nacionalistas ni estereotipos, donde el alumnado tiene la oportunidad de conocer, heredar, experimentar y expresarse a través de las manifestaciones culturales propias y de las que, por supuesto, se sienten orgullosos, sin complejos, creando conciencia colectiva y sentimiento de pertenencia, sin implicaciones ideológicas más allá de la natural actualización crítica de estas en una sociedad moderna de valores inclusivos y democráticos.

Podemos obligar con la norma, podemos incluso obligar utilizando algo tan preciado como conseguir un trabajo en la Función Pública, pero solo con esto no haremos país, quizás no estemos dejando algo en el camino y no lleguemos donde queremos.