El último curso de la LOU (Ley Orgánica de Universidades)

Ayer se celebró en la Universidad de Alicante el acto de clausura del curso académico con la investidura como doctor honoris causa de Juan Roca Guillamón, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Murcia, sumándose al más de un centenar de doctores que han recibido este reconocimiento. En el mismo acto se invistieron noventa y cuatro nuevas doctoras y doctores que leyeron su tesis doctoral en el curso 2021-2022. Este reconocimiento refuerza la investigación de nuestra Universidad en prácticamente todas las disciplinas desde su creación hace ya cuarenta y cuatro años. Unas cifras que son un claro ejemplo del dinamismo que tiene el campus de Sant Vicent del Raspeig y de sus respectivos centros y departamentos.

Como cada año por estas fechas, se produce, pues, un acto que sirve de balance sobre lo acontecido en el curso que finaliza. Es obvio que la reciente aprobación de la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) ha representado la creación de unas expectativas diferentes a para instituciones como la nuestra. Sin ir más lejos, el día anterior, se convocaba un claustro que aprobó el inicio de la tramitación para adaptar nuestros Estatutos a la nueva ley. Así, se propuso de antemano una comisión, con la representación de la mesa del claustro, de los centros, del PAS (Personal de Administración y Servicios), del alumnado y de la Junta de PDI y del Comité de Empresa, que elaborarán un borrador que tendrá que ser refrendado para adaptarse a una ley que, en su disposición transitoria primera, conmina a las universidades a adaptar sus Estatutos en un plazo máximo de dos años.

La Universidad de Alicante inicia los trámites para adaptarse a la LOSU

Con todo, la nueva regulación nacional genera diversas dudas que, a medida que se vayan desarrollando las normativas subsidiarias, se irán resolviendo. En el discurso final del acto de la rectora, Amparo Navarro, ha destacado alguna de estas incógnitas que, lógicamente, la revisión de los Estatutos no puede suplir. En primer lugar, tenemos el problema de la financiación; seguimos sin un plan plurianual que dote, desde la administración autonómica, de un marco económico estable que permita hacer previsiones a medio plazo. La nueva Ley prevé la elaboración de este tipo de planes, de conformidad con la normativa europea y con la estatal y autonómica, que incluyan los ejes de financiación para la prestación en condiciones de un servicio público de calidad, para situaciones de necesidades singulares y por objetivos como la mejora de la docencia, la investigación, la transferencia o la innovación, entre otros. Unos objetivos loables que, sin esa garantía de financiación, difícilmente serán asumibles.

La ley que dará estabilidad al profesorado universitario supera el trámite del Senado: seis claves de la Losu

Acaba, pues, un último curso escolar con la regulación que representaba la anterior norma aprobada hace veinte años bajo el gobierno de José M. Aznar. Algunos de sus objetivos se cumplieron, como la creación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)¬ y el sistema de habilitaciones del profesorado. Del mismo modo, se establecieron dos grandes categorías de profesorado: funcionarios y contratados laborales. Un sistema que favoreció el crecimiento exponencial de la figura del profesor asociado con un coste inferior en un 50 % de media al del funcionariado. La nueva LOSU pretende revisar y corregir todos estos procedimientos y sus consecuencias. La previsión de convertir las plazas temporales del profesorado asociado en indefinidas, medida que beneficiará a más de 25.000 profesores asociados en todo el país, supondrá la reducción de la temporalidad del sistema universitario, pasando del 40 % al 8 % que fija la ley. Se crea igualmente la figura del Profesor Permanente Laboral en lugar del actual Contratado Doctor. Todo ello incorporando medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica. Unas pretensiones que, sin la debida financiación, no se podrán llevar a cabo.

Quedan muchas incógnitas a despejar como la organización de los departamentos, con las dudas que ha planteado la relación de ámbitos de conocimiento establecida a efectos de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario, a la cual nos referimos en un artículo reciente en este mismo medio. Del mismo modo, ya planteamos la nueva situación que se plantea en referencia a la gobernanza en las universidades públicas con el mantenimiento de la estructura de representación de los colectivos universitarios. Un debate incesante que, en este final de curso, crece frente a la falta del desarrollo de las normativas nacionales correspondientes que sirvan como punto de encaje de cada institución universitaria. La reforma de nuestros Estatutos será un primer punto de concreción, con la atención al desarrollo de otras regulaciones que el gobierno nacional y autonómico puedan ir aportando. Tenemos delante nuestra la previsión de un nuevo curso, con una nueva normativa que alterara sin ninguna duda las diversas actuaciones que puedan desarrollarse. Esperemos, por tanto, una reforma estatutaria adecuada a la previsión de una universidad pública que pretende seguir desarrollando su función con la sociedad de la mejor manera posible.