Navegando los desafíos de la financiación local

Estamos asistiendo estas semanas a una notable proliferación de incrementos en los distintos tributos locales para hacer frente a las alzas inducidas por la inflación en los costes de los consumos intermedios y financieros, sostener el poder adquisitivo de su personal o mantener la prestación de diversos servicios sociales y responsabilidades propias de otros ámbitos de la Administración.

A hilo de esto, en un reciente foro de expertos, me lanzaron la pregunta ¿están realmente bien financiados nuestros municipios o es hora de replantear su autonomía financiera para impulsar su verdadero potencial? No cabe duda de que el sistema de financiación diseñado en 1988, carece de capacidad para dar respuesta al contexto actual, lo que hace imprescindible abordar su revisión en profundidad.

La sostenibilidad de esta reforma pasa por una reconsideración del marco competencial de las corporaciones locales y su papel en la estructura de gobernanza del Estado. Actualizar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es indefectible para superar una difusa y trasnochada distribución competencial, avanzando en una segunda descentralización que reconozca las muchas actuaciones impropias y estructurales que vienen asumiendo los consistorios sin la financiación correspondiente.

Este reto requiere la implicación de todas las AAPP. Incluso la Federación Española de Municipios (FEMP) debe ganar protagonismo como vertebradora del rol de las diputaciones y otras entidades supramunicipales, promoviendo fórmulas de colaboración inter-administrativa que posibiliten una prestación eficiente de servicios sociales especialmente en poblaciones de tamaño inferior a 20.000 habitantes. El 70% de los 8.117 municipios españoles tiene menos de 2.000 habitantes. Este minifundismo con sus particularidades y disparidad geográfica demandan una reforma que recoja las dificultades para generar economías y reducir costes de servicios, o abra oportunidades para superar el mero carácter financiero que hoy prevalece en la mayoría de los organismos supramunicipales.

Las corporaciones locales realizan el 12% del gasto público nacional, financiado en un 50% de tributos propios y un 34% de transferencias de otras administraciones. Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, cerca del 60% del total de municipios carecía de deuda a finales de 2022, y expertos como Analistas Financieros Internacionales no ven riesgo de inestabilidad con el regreso de las reglas de gasto año próximo. No obstante, los casos con mayor deuda per cápita se concentran en municipios pequeños y del sur español.

De los 141 municipios de Alicante, solo 22 presentan una deuda significativa superior a los 200 euros por habitante. El 41% de estos tienen menos de 2.000 habitantes; mientras el 31% más de 20.000. Entre los grandes predominan los municipios costeros, mientras en los pequeños prevalecen los municipios de montaña con riesgo de despoblación. Esto apunta a factores como la sobreutilización de servicios vinculada al sector turístico en unos casos, o la infrafinanciación por la falta de capacidad recaudatoria en otros.

En distintas resoluciones, la FEMP reconoce un agotamiento psicológico de las actuales figuras tributarias locales y la deuda; así como la necesidad de una mayor participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado y las Comunidades Autónomas. Como punto de partida para una reflexión sosegada, en línea con expertos como la Catedrática Nuría Bosch (Universidad de Barcelona), tres son los vectores sobre los que debiera pivotar una nueva cesta tributaria local que permitiera alcanzar niveles de gasto y competencias inspirados en modelos como el alemán o el austriaco en el entorno del 17%.

En primer lugar, una imposición no vinculada al ciclo económico que dote estabilidad sacrificando flexibilidad. Un renovado Impuesto sobre Bienes Inmuebles sujeto a una revisión minuciosa de sus bonificaciones, con una aproximación de los valores catastrales a la realidad y una participación local más activa en el mantenimiento de los padrones parece la opción idónea.

En segundo lugar, una modificación de calado en la participación municipal sobre la renta individual y la actividad económica. La dotación en infraestructuras o las mejoras en la calidad de vida derivadas de la actividad de las corporaciones locales redundan en ganancias de productividad y mejoras en las rentas personales y empresariales. Parece de justicia apostar por transformar las actuales transferencias en un recargo en la cuota líquida del IRPF, y vincular el actual IAE al capital físico y los beneficios empresariales.

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En tercer lugar, el resto de los tributos cabría preguntarse si debieran adoptar un perfil más subsidiario. Pese a todo, es imprescindible solventar los problemas de inconstitucionalidad y gestión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La incertidumbre que rodea al IIVTNU genera distorsiones de peso en los ingresos de determinados municipios costeros de gran tamaño. También reconvertir el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica a un tributo con mayor carga medioambiental, sin olvidar la creciente competencia intermunicipal en la captación de flotas y el consecuente peso a la hora de presupuestar. Por último, avanzar en un diseño que facilite una gestión más eficiente de las distintas sanciones, esenciales como inductoras de comportamientos ciudadanos, así como valorar las potenciales duplicidades en la imposición urbanística y las herramientas para prevenir el fraude.

Cara a 2024, los ingresos tributarios parecen insuficientes para cubrir la creciente demanda de servicios sociales o finalizar inversiones en curso en muchos de los ayuntamientos de nuestra provincia (cuya realidad no dista mucho de la del conjunto del Estado). Quizás algunos recriminan a las recientes rebajas en la presión fiscal las dificultades a la hora de presupuestar, mientras otros se plantean la necesidad de una reconsideración de calado en el sistema de financiación local. Pero, antes o después, hemos de aparcar el cortoplacismo para desenredar este “nudo gordiano” asimilable al que Frigia uso para atar sus bueyes al yugo y que nadie podía soltar. Dice la leyenda que Alejandro Magno solvento el problema con su espada antes de conquistar Asia. Pero “cortar alejandrinamente por lo sano” no es la solución, más tratándose de un desafío político cuya solución estable requiere de un sólido consenso con visión de largo plazo.