La vivienda es un derecho

La vivienda es un derecho, no en un negocio que deba dejarse en manos del mercado. Alicante es una ciudad que ofrece innumerables placeres y bienestar para el turismo que nos visita, pero sus gobernantes niegan este derecho a miles de vecinos y vecinas nuestros que solo quieren tener un techo digno para vivir. Los recientes casos de desahucio de Isabel y sus dos hijas, Alí en Alicante y de Blanca en Barcelona son el mayor exponente de la violencia institucional que se ejerce para que la especulación inmobiliaria siga campando a sus anchas, sin que haya nada que parezca que pueda revertir esta sinrazón. Ni siquiera el nuevo real decreto de moratoria de lanzamientos, ya que de hecho no suspende los desahucios de las personas vulneradas. Ni su aplicación es automática, ni tampoco es determinante la presentación de un informe de vulnerabilidad, sino que depende en cada caso de diversos factores y, sobre todo, de la resolución que finalmente adopte el juez o jueza, como ha sido este caso, desestimando la causa y dando por válida el desahucio, considerando que no era una persona vulnerable. Cuesta entender que una persona con 73 años, sin alternativa habitacional y con una salud delicada no sea una situación de emergencia. No logro entender la decisión judicial que posibilita la ejecución.

En vez de hacer posible el desarrollo del artículo 47 de la Constitución que dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y añade que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”, Alicante se está convirtiendo en un paraíso para quienes han querido convertir la vivienda en bien de mercado con la que especular. Y frente a la especulación cabe recordar que la lucha por la vivienda es una lucha por la dignidad, por el derecho inalienable de cada trabajadora y trabajador a vivir con un mínimo de seguridad y estabilidad, tal y como recoge la Constitución.

Hace solo unos días yo mismo fui víctima de una agresión - según la RAE, agresión es el acto de acometer a alguien para hacerle daño-, por intervenir junto con activistas del Sindicato de barrio de Carolinas y otros compañeros de Esquerra Unida, en el intento de paralización del desahucio de la vivienda en la que vivía Alí Hassine Khalef, en pleno casco antiguo de la ciudad de Alicante. La actuación policial en algunos momentos fue innecesariamente brusca, con acciones totalmente desproporcionadas, porque no estábamos ofreciendo ningún tipo de resistencia. Pero no quiero centrarme en la violencia que se ejerció sino en la violencia más radical, que no es otra que el hecho en sí de que se sigan produciendo desahucios para familias y personas que están siendo vulneradas.

En vez de promover condiciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda, se han generado las oportunidades para que el “ladrillo” sea uno de los dos principales motores económicos de este país y Alicante no puede ponerse de lado ante uno de los problemas más acuciantes para sus vecinas y vecinos. Por eso hay que intervenir de manera mucho más decidida para que haya un parque público de viviendas en régimen de alquiler social, entendido este como aquel precio de arrendamiento que no supere el 30% de los ingresos de las familias. Más si cabe para los jóvenes que quieren emanciparse.

La gestión de las derechas en el País Valencià continúa avanzando en su gestión para consolidar el derecho a la vivienda como un privilegio para unos pocos, beneficiando a fondos de inversión y especuladores. El aumento cada vez mayor de grandes tenedores de vivienda en nuestra ciudad (fondos de inversión), la proliferación desmesurada de apartamentos turísticos (casi 38.00), la presencia de unas 15.000 viviendas vacías, el incremento desorbitado de los alquileres y la falta de políticas efectivas son la consecuencia directa de una ideología que antepone los intereses de especuladores y rentistas a las necesidades de las familias trabajadoras. Las viviendas son la ocasión para lucrarse. Y no solo por parte de fondos buitre o bancos, sino de los penúltimos contra los últimos. El capitalismo ha logrado que normalicemos que nos enfrentemos incluso quienes deberíamos buscar la solidaridad.

Personalmente siento rabia, impotencia e indignación por los desahucios, por la violencia que se emplea y por la indefensión que genera. Creo que hacer política debe servir sobre todo para seguir poniendo las instituciones al servicio de las personas, sobre todo hacia las más empobrecidas y vulneradas. Por eso la falta de una regulación adecuada del suelo y la vivienda para la promoción de viviendas asequibles a las familias trabajadoras, lo que provoca es que no se esté garantizando de hecho, el derecho a la vivienda. Nadie parece cuestionar la mercantilización de la vivienda, mientras que parece que se olvida que la vivienda es un derecho. Y si es un derecho hacen falta medidas políticas que lo hagan factible:

— Reservar terrenos en el Plan General de Ordenación Urbana para vivienda pública, lo que permitiría iniciar procedimientos de expropiación en los siguientes dos a cuatro años y utilizar el derecho de tanteo y retracto del Ayuntamiento durante ocho años frente a cualquier compraventa inmobiliaria realizada en la zona.

— Construcción de vivienda pública destinada a alquiler con precios ligados a la renta disponible de quienes arriendan y que en ningún caso supere el 30% de sus ingresos.

— Explorar la posibilidad de colaborar con entidades de economía social y cooperativas en el impulso de viviendas colaborativas en cesión de uso residencial.

— Movilizar vivienda vacía hacia el alquiler a precio asequible con la articulación de convenios con el sector privado.

— Limitar el precio del alquiler para viviendas habituales, porque para acabar con la burbuja del precio del alquiler hay que limitar la subida del coste del arrendamiento, imponiendo topes máximos en áreas urbanas.

— Recargo en el IBI a las viviendas vacías con el objeto de incentivar el mercado de viviendas en alquiler.

— La aplicación de la tasa turística en nuestra ciudad procuraría ingresos para que la política de vivienda se pudiera desarrollar garantizando fondos suficientes para actuar de manera decidida y urgente.

o A corto plazo: incremento de contratos y convenios con entidades del tercer sector para la gestión de viviendas de emergencia.

o A medio plazo: construcción de alternativas habitacionales, nuevos albergues, residencias o viviendas municipales en el Plan de Equipamientos, para que no sigamos dejando en la calle a 234 personas en la ciudad de Alicante según los datos de REAPSHA.

o A largo plazo: ampliando mucho más el parque municipal de vivienda pública.

La vivienda debe cumplir su función social, no puede haber miles de viviendas vacías en Alicante al servicio de especuladores y fondos buitre, mientras haya personas y familias que necesitan un techo con unas condiciones que puedan afrontar. La vivienda debe ser en la práctica lo que es: un derecho.