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La transición que no se hizo

Tribunal Constitucional.

Tribunal Constitucional. / EFE

Esta semana, por fin, se ha publicado en el BOE la Ley de Amnistía, ahora empieza su aplicación, y eso corresponde a los jueces. Cualquier ley surgida del Parlamento es siempre constitucional, mientras no se demuestre lo contrario, porque las Cortes representan al pueblo y la soberanía popular y tienen legitimidad para dictar Ley de Amnistía y dirigir la política del país. El Tribunal Constitucional (TC) es el único que puede anular una norma con rango de ley. Si la duda es si la ley es compatible con las normas democráticas de la Unión Europea, el juez correspondiente tendrá que recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si el TC y el TJUE confirman que la ley no merece reproche alguno, a los jueces no les quedará más remedio que utilizarla en sus decisiones.

La transición que no se hizo en España fue la del Poder Judicial, o mejor dicho la de la Administración de Justicia porque entonces todos los altos cargos desde el Tribunal de Orden Público (TOP) al Supremo pasando por las Audiencias Provinciales y la estructura de la Fiscalía eran del poder único, el del dictador, nombrados a dedo por Franco a través del ministro de Justicia. No existía división de poderes. De los dieciséis magistrados que formaban parte del TOP cuando se disolvió, nada menos que diez llegaron a ser magistrados del Tribunal Supremo (TS) o la Audiencia Nacional (AN), ya en democracia. Incluso alguno llegó al TC. No es de extrañar que cuando el gobierno propuso los indultos, el TS y la Fiscalía del Supremo se mostraron contrarios a los indultos y fueron respaldados mediáticamente por numerosos jueces y los partidos de la oposición. Con la ley de Amnistía no pasará menos, aunque me gustaría equivocarme. En noviembre del pasado año los jueces de diferentes Audiencias Provinciales se manifestaron contra el acuerdo de investidura, y contra la proposición de ley de amnistía, y además vestidos con togas y puñetas. La Sala de Gobierno del TS y Tribunales Superiores y Jueces Decanos también hicieron distintos pronunciamientos públicos. Por primera vez los órganos judiciales y los jueces se lanzaron al debate público y a opinar sobre una ley que todavía no era pública, ni se había redactado, vulnerando claramente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya entonces, y por medios de comunicación internos de los jueces se distribuyeron unos formularios elaborados por jueces para presentar cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales -ante el TC y el TJUE- destinados a bloquear la aplicación de una eventual ley de Amnistía que aún no había sido ni discutida. «La idea era que una vez que la ley fuera aprobada en el Boletín Oficial y entrara en vigor ningún juez la aplicara» (Joaquín Urías. «La justicia en el banquillo» Editorial Arpa. 2024). «Se trata sin duda de la más clara injerencia posible en la separación de poderes sobre la que se asienta el edificio del Estado de Derecho y la democracia». Sin duda rompe la debida neutralidad y la imparcialidad, aparente al menos, exigible a los jueces. Algunos jueces pretenden tomar decisiones políticas, pero sin ninguna responsabilidad política.

De las competencias del CGPJ el Gobierno pretende recuperar para el Parlamento el nombramiento de jueces especialmente del Supremo, la Audiencia Nacional, y los Tribunales Superiores, según las declaraciones del presidente Sánchez. Estos nombramientos son el origen de la politización de la justicia. El Consejo no solo gestiona la profesión judicial: el acceso a la carrera, traslados, ascensos, organización del trabajo, y el régimen de sanciones disciplinarias; sino el nombramiento de estos magistrados. La visión del ordenamiento que posean los magistrados del Supremo determina y tiene una gran influencia en las normas que realmente se aplican en España. Desde la transición y hasta hoy el CGPJ lo controla la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) con el PP. Desde la sentencia del Constitucional en 1986 quedó claro que todos los poderes emanan de la soberanía popular, del Parlamento. La constitución no reconoce la autonomía de la Judicatura, ni la facultad de autogobierno del conjunto de magistrados y jueces -«la elección de los jueces por los jueces como pretende el PP»- tampoco en Europa, pero sí la independencia de cada juez a la hora de impartir justicia.

El mayor cambio desde el franquismo es que hoy las mujeres son mayoría en el total de la carrera judicial casi el 60 %, pero siguen siendo minoría a partir de los 51. Los mayores son la élite del aparato judicial español. Las juezas son la esperanza.