Opinión

En defensa del Poder Judicial independiente

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte.

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. / EP

Todos los partidos, en una u otra forma, quieren controlar el Poder Judicial y la muestra de ello es la pugna por intentar controlar, directa o indirectamente, su órgano de gobierno: el Consejo General del Poder Judicial.

He mantenido y mantengo que en un estado de derecho las leyes se acatan y se cumplen. Por tanto, estando vigente la Ley Orgánica del Poder Judicial que prevé un régimen parlamentario en la elección de los consejeros del Poder Judicial y con base en una reforma auspiciada por el PP, que pudo cambiar el modelo y no lo hizo, este partido debió y debe someterse, como todos, a la ley y renovar el CGPJ con arreglo a la ley.

De igual modo entiendo la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la constitucionalidad de la ley que paralizó los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo mientras el CGPJ estuviera en funciones. Una situación de anormalidad constitucional debe ser abordada cn medidas de igual naturaleza.

Dicho todo esto, sin embargo y dado que ninguno de los dos grandes partidos parece estar interesado en garantizar plenamente la independencia judicial, antes al contrario, en controlar al Poder Judicial y que en este momento los ataques a los tribunales por parte del PSOE y sus aliados han llegado a extremos insoportables, debemos los juristas poner un poco de sentido común, alejarnos de la radicalidad propia del debate absurdo y maniqueo o, mejor dicho, del escándalo permanente que inunda nuestra vida política e intentar poner sobre la mesa soluciones que tiendan a asegurar esa independencia judicial que los partidos quieren minar y a recobrar la autoridad de jueces y magistrados. En ello nos va la permanencia del sistema constitucional o la vuelta a situaciones de las que costó mucho salir. Interesa lo que afecta a la ciudadanía, no a los objetivos políticos o a las sensibilidades y afectos de quienes creen que merecen privilegios por estar imbuidos de tendencias autoritarias disimuladas, con escaso éxito y con apelaciones a una pretendida, pero falsa regeneración democrática.

No es cierto ese discurso elemental que sostiene la izquierda según el cual la Justicia no cambió tras finalizar el franquismo. Quien eso dice carece de información o formación y yerra u opina sin conocimiento. Autogobierno frente a sometimiento al Ministerio de Justicia, justicia ordinaria frente a tribunales de excepción o jurisdicción militar y jueces constitucionales e independientes son muchos cambios, demasiados par no poder evitar pensar que el cambio que esperaban algunos era el de los mismos jueces de antes, pero ahora sometidos a la política de frentes. Es por ello que se podría afirmar que los promotores del cambio democrático, que nadie les pide por otra parte, desean íntimamente volver a los jueces de camisa azul, que es lo que proponen: silentes, inactivos frente a los privilegios de la nueva izquierda y que no apliquen la ley, sino los principios emanados del poder único. Franquismo redivivo frente a democracia. Que desde el Poder Judicial haya resistencia a aplicar la ley de amnistía entra dentro de sus funciones, pues no se trata de una norma de aplicación automática, sino que caso a caso precisa de una resolución judicial y ésta exige previamente dilucidar su constitucionalidad y su ámbito de aplicación. Funciones netamente jurisdiccionales. El Legislativo está sometido a la Constitución y al rigor técnico. Que los tribunales planteen una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial ante la Justicia europea es aplicar la ley cuando se crea que no se ajusta a la Constitución o el ordenamiento europeo. Si aplicar la ley y no acatar obsecuentemente las maniobras políticas, pues eso es la amnistía, retrata un juez político, claro es que lo que se persigue es precisamente un juez militante.

La solución, en este momento, más correcta sería la de acordar la renovación inmediata del CGPJ y que, como siempre sucedió, los nombramientos de magistrados del TS se acordaran con consenso entre los dos partidos mayoritarios. E, inmediatamente, sentarse a reformar el modelo que, evidentemente, ha hecho aguas como anunció en 1986 el mismo TC que lo avaló con escasa o nula ilusión y exceso de confianza en los partidos. Eran otros tiempos.

Pero si no se llega a ese acuerdo, se debe por todos los medios evitar reformas que supongan, dudosas desde la letra del art. 122 de la Constitución, desapoderar al CGPJ de su función de nombramiento de los magistrados del TS. La misma sentencia del TC que avaló la ley excepcional que prohíbe los nombramientos por un CGPJ en funciones es un obstáculo para que tales nombramientos se atribuyan a un órgano distinto y, en ningún caso al Poder Ejecutivo o al Legislativo. Este último es un mero apéndice del Gobierno, como demuestra el hecho de que la posible renovación del CGPJ no la están impulsando las Cámaras, ausentes, sino los partidos directamente. Un fraude a la ley. La propuesta de Sánchez de que sean los mismos jueces, que habrá que esperar a ver cómo se concreta, estará repleta de condiciones o subterfugios, pues quien se niega a que el CGPJ se renueve por los mismos jueces, no va a dejar en manos de éstos la selección de los magistrados del TS. Creerlo es ingenuidad.

Todo remedio, oídos sus planteamientos será un paso adelante en la destrucción de un Poder Judicial que es democrático en tanto se somete a la ley –aunque los políticos digan lo contrario-, y la debilitación de un sistema que, con sus errores, ha demostrado capacidad para crear un cuerpo de jueces y magistrados formados, sometidos al orden constitucional y favorables a interpretar las normas atendiendo a la realidad social, que no es, ni coincide con la realidad inmediata de los intereses de los partidos y sus objetivos siempre muy particulares.

Esperar que cualquier reforma promovida por el PSOE tienda a favorecer la plena independencia judicial tras las apelaciones a supuestos casos de lawfare y llamadas a regenerar el Poder democráticamente, es ingenuo. Toda reforma tenderá a imponer un modelo meditado que se traduzca en obtener beneficios políticos. Y esto no es democracia. El miedo a la ultraderecha no legitima implantar un régimen idéntico, pues, no son las siglas, debe repetirse, lo que ha de preocupar, sino las actitudes y en éstas hay demasiadas similitudes.