Opinión

La trompeta del maquinista

Armengol abre las puertas del Congreso llamando a que la ciudadanía entre en su "casa"

Armengol abre las puertas del Congreso llamando a que la ciudadanía entre en su "casa" / J P GANDUL

Entre silencios reveladores y epístolas defensivas, mentiras y medias verdades, en nuestro país lo personal es público y lo público es personal. De ahí que los excesos en la transmisión de los mensajes acaben deslizándose hacia la hipérbole y el esperpento.

En estos tiempos, ser comedido es jugar en desventaja, porque el tono ya es más importante que el mensaje, lo cual hace que gente desaforada solo atienda al tono y no al contenido y, con ello, se acabe quebrando la cadencia vibrátil de la realidad.

En desuso el decoro —palabra castellana que tanto le prestaba al filósofo Julián Marías— es tiempo de volver al método Stanislavski que rompe la falsa emoción teatral. La idea de transmitir complicidad en actos públicos se desarma cuando se exagera la sobreactuación de felicidad y las sonrisas se convierten en muecas.

Llegados aquí ¿quiénes mantienen la llama de «la ultraderecha», ardiendo a tiempo completo: los que ganan pero no les salen los números y se mantienen en el burladero a la espera de que el toro se muera de viejo; aquellos que bloquean la alternancia, fiándolo todo al rentable frentismo y la deslegitimación democrática de la oposición; o los separatistas, cuya pretensión es tener el poder en exclusividad en su territorio?

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Tras un escuálido margen —177-172— que quizá escandalice a la Comisión de Venecia, la publicación en el BOE de la ley de amnistía ha animado la conversación pública, como se llama ahora al debate y la tertulia.

La única función para la que se redactó la ley que consagra desigualdad e impunidad, era exonerar al apandador y ponerlo en condiciones de recuperar la presidencia del Ejecutivo catalán.

Los beneficiarios de las medidas de gracia no han esperado para exigir el borrado de los delitos, anticipo de la nueva normalidad. Y con estas prisas, el primer acto de la legislatura se ha saldado con un ejercicio de desobediencia expresa al Tribunal Constitucional, por parte del parlamento autonómico, al permitir —en medio de un silencio cómplice y complaciente— los votos delegados de dos fugados de la Justicia.

Se volvía así a ignorar la ley, como entonces, cuando la declaración unilateral de independencia, en un clima de crispación e intolerancia. “Lo volveremos a hacer” ¿con violencia parecida a la que cosechó la sentencia del Supremo?

La rogativa de la avenencia —como bálsamo de Fierabrás, para una angustia sin resolver— pronto se ha dado de bruces con la realidad y no cesará la invocación de las emergencias particulares en una investidura apareada con la espina nacionalista.

La amnistía del 77 amnistiaba a todos por igual y fue posible gracias a un pacto de todas las fuerzas políticas, en el que no se pedían unos votos para seguir en la silla curul. Aquella ley era por el interés general, la actual aprovecha a dos necesitados. Con una respuesta pendiente: cambiar las leyes para perdonar delitos y que los propios beneficiarios redacten las condiciones a la carta ¿ es progresismo?

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El culto a la personalidad, la obediencia ciega y la rienda suelta a la libido dominandi (irreprimible instinto totalitario) han conducido a la voladura del fértil consenso democrático, en tanto que la amnistía ha desatado una tempestad en la relación de los tres poderes del Estado. Lo que no deja de encerrar una lógica mineral, ya que cuanto más se resiente la posición política del Ejecutivo, más forzado se ve a aumentar la presión sobre un entramado colonizado.

El crédito y el prestigio del Ministerio Público es otra víctima de esta etapa política. Los cuatro fiscales del procés (Cadena, Madrigal, Moreno, Zaragoza), que cuentan con el respeto inmenso y mayoritario de la carrera, no han sido condescendientes con la pretensión —perdón de todos los delitos, incluida la ominosa malversación y que no se detenga al prófugo impenitente—del superior jerárquico, quien ha hecho gala de sumisión y beligerancia partidaria.

Aquejado de una fatal presunción de partidismo, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una instancia de apelación, incompatible con su naturaleza y función, lo que podría presagiar un consabido 7/4 cuando tenga que dictaminar la constitucionalidad de la ley.

El agotamiento del liderazgo se visualiza cuando se pretende recortar las funciones Consejo General del Poder Judicial: nombramientos de magistrados en los altos tribunales del Estado. De ocurrir, sería la liquidación práctica de un órgano constitucional al tratarse de un mandato directo de la Carta Magna al Parlamento.

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La sanción y promulgación, por imperativo constitucional, da apariencia de legalidad a una ley que no ha sido declarada ilegal por los letrados, ni por el Consejo de Estado. Pero habrá planteado al jefe del Estado un dilema moral, por cuanto su redacción y articulado suponen una enmienda a la totalidad del discurso pronunciado el 3 de octubre de 2017, en defensa de la Constitución.

Aquellos que hubieran preferido un castizo “hacerse un Balduino” se preguntan, con ingenuidad ¿por qué el rey, en momento tan grave, no puede dirigirse a los españoles, manifestando que mantiene lo dicho en aquel entonces?

El rey puede discrepar pero carece de margen legal de actuación. La paradoja es que, soterradamente, se le pide a quien reina, pero no gobierna, que salve a la nación, saltándose las normas. Impensable.

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La sociedad, contrariada, transmite la impresión de vivir de espaldas a la realidad y las élites, entre la indiferencia y el estupor, no comparecen. Las cosas no pintan bien por falta de una reacción que busque cambiar las cosas a mejor.

El auge de las fuerzas extremistas delata un extendido malestar, que se ve propulsado por una estrategia que erosiona los contrapesos —prensa crítica y jueces— a los que se pretende meter en vereda, con acusaciones expresas de prevaricación judicial, tratando de convertirlos en feroces actores políticos. 

Cuando el asueto meditativo, hubo súplicas; no solo por parte de su formación, sino también de los sindicatos mayoritarios y las fuerzas "del trabajo y la cultura", que clamaron en nombre "de la dignidad de la democracia"; para que el atribulado no se fuese.

Cierta izquierda considera que el constitucionalismo es, hasta cierto punto antidemocrático, porque pretende poner límites a la soberanía popular.

A parte de los votantes no parecería importarle la mentira; el abuso del decreto ley; la destrucción del Estado de derecho y la división de poderes; tampoco la corrupción política y económica ¿solo reaccionarán cuando las ayudas de Bruselas lleguen a su fin?

Es hora de que la sociedad se plantee cómo se debe ejercer el poder político y no tanto quién lo ejerce, cuáles son las funciones de la política y sus límites.

Lo que separa lo sucedido de cómo se cuenta —el relato— alcanza cotas siderales. Las nuevas ocurrencias populistas no deberían desviar la atención de lo verdaderamente relevante: los hechos. Todo ello, con independencia de cómo suene la trompetería oficialista.