Alquiler Seguro: promoción de la usura con dinero público

El Govern balear ha creado una inmobiliaria con nuestros impuestos. Esa es su inspiradora respuesta a la crisis de vivienda que atravesamos y que no tiene visos de amainar. Te las quitan de las manos. Pide lo que quieras que te lo van a pagar; tonto serás si te quedas corto, sácales los higadillos y que cada palo aguante su vela. Todos sabemos de casos de personas que se divorcian y acaban en una habitación compartida con un desconocido, familias numerosas que se apiñan en un apartamento pequeño, gente en caravanas, niños que se van del cole porque a sus padres les han sacado del piso y se han tenido que mudar a otro pueblo a mitad de curso, otros que se vuelven a la península. Hasta un policía que alquilaba trasteros como casas insalubres sin que nadie sospechase nada. Quién necesita aplicar la ley del Suelo y una política seria de vivienda pública que dan resultados a un lustro vista, o impulsar actuaciones valientes para frenar la especulación como topar los alquileres, prohibir el alquiler turístico y campañas sanguinarias de inspecciones contra la oferta turística ilegal, cuando puedes sumarte a la parasitaria actividad de la intermediación. El programa Alquiler Seguro estima que hay un nicho de propietarios explotable: los que tienen una casa y les da miedo o pereza arrendarla. Las personas que todavía no practican la usura inmobiliaria van a ser convencidas por la administración para sumarse al festival con todas las garantías, puesto que los avalistas somos todos los contribuyentes.

Usura: ‘Ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo’. El Govern entiende que el tenedor de una vivienda en Mallorca tiene derecho a obtener 1.500 euros mensuales de beneficio por su arrendamiento (en Ibiza 2.100). Se lo han sugerido los paneles de expertos que contrata para que le ayuden a interpretar lo mal que está todo, y sus competidores en el negocio, los agentes inmobiliarios y administradores de fincas privados. Sin embargo, el Govern sabe que el sueldo mínimo interprofesional en este país este año asciende a 1.323 euros brutos mensuales en 12 pagas. Por eso en su benevolencia hará pagar al inquilino un máximo de 1.050 euros (no le quedan ni trescientos para comer, vestirse y apoquinar la luz) y abonará el resto al propietario con dinero público. En fin, doce millones de euros para sobreproteger a los dueños, que podrán cobrar todo un año por adelantado, o siete (126.000 euros) si se quieren ir a dar la vuelta al mundo, cogerse una excedencia para conciliar o abonar la entrada de otro inmueble que poner en Alquiler Seguro. En el problema de la vivienda, queda muy claro de parte de quién se pone la autoridad competente.

Los futuros alquilados del Govern podrán disponer de unos ingresos de hasta 60.000 euros al año. Con estos números en la mano, no resulta difícil imaginar qué tipo de clientes tendrá la inmobiliaria pública alimentada de nuestros impuestos. ¿A quién alquilará sus viviendas el Govern? ¿A colectivos socialmente imprescindibles y con una representación articulada que les otorgue capacidad de influencia? ¿A personas de solvencia contrastada? ¿O a familias vulnerables que viven con lo justo y jóvenes con nóminas precarias? Se los van a quitar de las manos. Deberán hacer esos famosos castings que en el mercado privado actual practican sin pudor contra los buscadores de un techo, no se vaya a colar alguien sin referencias y con dificultades para llegar a fin de mes.

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