La ley de contratos del sector público asfixia en burocracia a las administraciones públicas

Hace más de dos años escribí en INFORMACIÓN sobre los numerosos problemas que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) genera en las administraciones, limitando su agilidad y eficiencia, pocas mejoras ha habido desde entonces. Esta ley, publicada en 2017 como transposición de normativa europea, establece el marco para todos los contratos en las administraciones públicas. Aunque su diseño persigue garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos, en la práctica ha introducido una burocracia tan compleja que está obstaculizando la ejecución de proyectos y el gasto público.

La rigidez de la LCSP es uno de los principales obstáculos. En las relaciones que mantenemos con universidades y otras instituciones públicas de todo el país, el problema es recurrente: todas las administraciones se enfrentan a los mismos problemas derivados de una burocracia excesiva. Este marco normativo no solo afecta a las administraciones, sino también a las empresas que participan en las licitaciones públicas. Según el Observatorio de la Contratación Pública (OCP), en 2023 aproximadamente el 29 % de los concursos públicos en España quedaron desiertos, un incremento preocupante respecto al 19% en 2019. Esta tendencia se debe en gran parte a la imposibilidad de las empresas de ajustar los precios al alza durante la ejecución de los contratos, en especial en sectores como la construcción, donde los costes de los materiales aumentaron más del 30 % en 2023.

La Ley de Desindexación de la Economía Pública, aprobada en 2015, agravó esta situación. Esta norma prohíbe la revisión de precios en los contratos públicos, incluso cuando los costes se disparan, lo que coloca a las empresas en una posición financieramente insostenible. Aunque en 2023 se realizaron algunos ajustes para permitir la revisión de precios en contratos específicos (como los de obras, energía y armamento), muchas áreas importantes, como los servicios y suministros, siguen excluidas de estas excepciones.

Otro factor que contribuye a la ineficiencia de la LCSP es la excesiva burocracia. Según el OCP, en 2023 el tiempo medio para adjudicar un contrato en España fue de 126 días. En el caso de las obras públicas, este plazo puede extenderse hasta 15 meses si se aborda previamente la licitación del proyecto. Este retraso dificulta la ejecución de proyectos a tiempo, lo que afecta especialmente a sectores que requieren respuestas rápidas, como las infraestructuras y los servicios básicos.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son particularmente vulnerables ante esta situación. Presentarse a un concurso público requiere un esfuerzo administrativo y financiero considerable, que muchas pymes no pueden asumir. Esto ha provocado una disminución en el número de licitadores. Según el OCP, en 2019 la media de empresas que se presentaban a una licitación era de 4,1 por contrato; en 2023, esta cifra se redujo a 2,99.

Frente a esta problemática, resulta imprescindible repensar la LCSP para hacerla más eficiente y flexible. Es fundamental asegurar el buen uso del dinero público y su trazabilidad, pero también es necesario evitar que la burocracia excesiva paralice la administración, ya que necesitan ser ágiles en la gestión de sus presupuestos.

Otro aspecto clave es la actualización de los umbrales económicos que la ley establece para los contratos que no han sido actualizados adecuadamente para reflejar la inflación. A modo de ejemplo, los contratos menores, que permiten mayor agilidad en la gestión, están limitados a unas cuantías fijas desde 2017, sin embargo, debido a la inflación acumulada desde 2017, esos límites deberían ser al menos un 22 % mayor. Este desfase entre los precios de mercado actuales y los establecidos por la ley dificulta enormemente la capacidad de las administraciones públicas para realizar esos contratos menores.

En este sentido, algunas iniciativas, como la creación de comisiones por parte de asociaciones profesionales para mejorar la aplicación de la LCSP, son pasos positivos, pero insuficientes. Urge una reforma integral de la ley, que contemple la actualización de los límites económicos conforme a la inflación y permita la revisión de precios durante la ejecución de los contratos. Además, es necesario reducir la burocracia en los procesos de licitación para evitar que las instituciones sigan enfrentándose a retrasos inaceptables.

En resumen, la LCSP, aunque bienintencionada en su objetivo de garantizar la transparencia y el control del gasto público, necesita ser revisada para evitar que se convierta en un obstáculo para la eficiencia administrativa. Solo con una normativa más flexible y adaptada a las circunstancias actuales, será posible asegurar una gestión eficaz del dinero público sin sacrificar la agilidad y competitividad que las administraciones necesitan para cumplir sus objetivos.