Opinión | TRIBUNA

Las costuras del Estado

Efectos de la DANA en el municipio de Alfafar, en una imagen de archivo.

Efectos de la DANA en el municipio de Alfafar, en una imagen de archivo. / EP

Sabíamos que el hilo con el que está tejido nuestro modelo de Estado Autonómico se ha desgastado con el paso del tiempo, pero la gran catástrofe de Valencia ha desnudado institucionalmente a casi todos. De repente, se nos ha aparecido una realidad que permanecía oculta tras relatos de modernización, de buena marcha de la macroeconomía, de reparto de competencias y de fortaleza de las instituciones. No estábamos tan preparados como habíamos imaginado. Prueba evidente es la situación que existe en muchos municipios que transcurrido más de un mes no han podido recuperar una mínima normalidad. Cuando las partes que integran el Estado son sometidas a momentos de gran tensión y han de afrontar hechos extraordinarios, y las consecuencias de la DANA son el mayor desafío que ha de afrontar España en décadas, saltan las costuras y aparecen todas aquellas debilidades que en condiciones de normalidad no se aprecian tanto. Y este panorama trasciende a la probada incompetencia de los responsables del momento. Obliga a la reflexión.

Se ha constatado, una vez más, que no se ha registrado un progreso real en el ámbito del diseño de políticas públicas acordes con la existencia de un Estado compuesto integrado por nacionalidades y regiones con poderes legislativos. Ya fue complicado que con ocasión de la pandemia se acuñara en España el concepto de «cogobernanza». Resulta llamativo que después de cuatro décadas de funcionamiento del Estado Autonómico sea necesario recordar uno de sus principios más elementales, esto es, la combinación de autogobierno más gobierno compartido. Pero lo cierto es que no hemos progresado lo suficiente.

De hecho, la última Conferencia de presidentes, que da sentido a ese principio fundamental, tuvo lugar en marzo de 2022. Ello da una idea de hasta qué punto la polarización extrema ha destruido hasta los espacios institucionales de encuentro habilitados para tomar decisiones de Estado. Se han convertido también en otro territorio de confrontación en el que proseguir, más allá de los parlamentos, con los discursos cainitas habituales. En realidad, tanto da que se convoquen o no. Solo sirven ya para fabricar más ruido. Es tiempo perdido, mientas los actores políticos no abandonen las tácticas de máxima crispación.

En el caso de Valencia ha alcanzado niveles inverosímiles. Casi grotescos. Que el presidente del gobierno central y el presidente regional no hayan hablado durante un mes, en mitad de la mayor emergencia que sin duda tendrán que afrontar en su vida como gobernantes, es el mejor ejemplo del nivel de degradación institucional al que hemos llegado. Y que el presidente regional no haya visto la necesidad de reunirse en todo este tiempo con todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, hace dudar sobre su idea de qué entiende por gobierno autonómico, por gobierno más próximo a los problemas de los ciudadanos. Proporciona incluso argumentos a los detractores del Estado Autonómico. Y todo ello produce desolación y mucha tristeza. Ya ni siquiera indignación.

En la gestión de la DANA ha aflorado de nuevo la ausencia de coordinación entre administraciones, la acción yuxtapuesta de iniciativas de los gobiernos, la falta real de capacidades y de recursos de una Comunidad Autónoma para afrontar una crisis de esta magnitud, que en buena medida está atendiendo el gobierno central, la ridícula e ineficiente competición entre gobiernos por ver quién se adelanta en el anuncio de medidas destinadas a los mismos damnificados, la descarnada soledad y falta de recursos y de instrumentos de unos gobiernos locales que hace décadas aguardan profundas reformas y la ausencia de alguna forma de estructura metropolitana que ahora se ha visto más necesaria que nunca. Afectando seriamente a la reputación de España y de la Comunitat Valenciana.

De este drama y de este trauma colectivo es necesario sacar enseñanzas. Empezando, en primer lugar, por la conveniencia de revisar los artículos de la Constitución referidos al estado de alarma y que en su actual redacción y desarrollo no basta para gestionar crisis de esta naturaleza. Los partidos y los gobiernos concernidos se han visto atrapados, evidenciando la existencia de espacios políticamente indeterminados entre las capacidades de actuación del gobierno central y de una Comunidad Autónoma, con competencias exclusivas en la materia, desbordada, casi paralizada, por la magnitud de la catástrofe. Y esta circunstancia de naturaleza política, que puede volverse a repetir y que tiene muchas implicaciones en el ámbito de los partidos y en el de los gobiernos, solo se puede resolver mediante acuerdos políticos que clarifiquen los espacios, que resuelva los dilemas que la DANA de Valencia ha planteado y que incorpore a los gobiernos locales como parte fundamental de la solución. Gobiernos locales que, por cierto, son el único pilar del Estado que ha ganado legitimidad y reputación política durante esta dramática fase inicial de recuperación.

En segundo lugar, es urgente superar la actual situación de bloqueo político e institucional que afecta de forma directa al conjunto de políticas públicas que tienen incidencia territorial y ambiental o sobre el grado de cohesión social. En ocasiones porque las competencias no están todavía convenientemente definidas; en otros casos, porque las competencias concurrentes en un mismo ámbito, tanto desde diferentes niveles de administración como desde diferentes parcelas de la misma administración, incorporan un notable grado de complejidad y confusión; en otros, en fin, porque falla el diálogo y la cultura de la cooperación. Y esto solo tiene una solución. Pacto y negociación. Necesitamos unos nuevos acuerdos políticos sobre nuestra organización territorial. Del mismo nivel de los Pactos de la Moncloa o de los pactos autonómicos alcanzados en el pasado. Una tradición que tuvimos y que en algún momento de mitad de los años noventa del siglo XX se perdió, dejando la política en manos de profesionales de la división y la hipérbole.

Ante esta situación, cabe imaginar distintos escenarios de futuro: el primero, muy poco aconsejable, es seguir como estamos; el segundo, entiendo que poco transitable, es revisar el modelo de organización territorial en clave recentralizadora; finalmente, cabe la posibilidad de acordar avances sustanciales en el modelo de Estado que nos hemos dado; dando contenido real a la idea de «autogobierno más gobierno compartido»; mejorando nuestra calidad institucional y buen gobierno y reforzando los mecanismos de coordinación, cooperación.

El Estado Autonómico, en su actual formato, sigue siendo el modelo en el que una amplia mayoría de ciudadanos se siente cómoda. Pero no debe menospreciarse, de una parte, la gradual pérdida de apoyo experimentado durante la época más reciente, y de otra, los efectos que pueda tener la gran ruptura emocional que la gestión de la catástrofe tendrá entre amplios sectores. Y no solo en las áreas afectadas directamente. Los actores políticos con responsabilidad de gobierno y los partidos con vocación de gobierno deberían ser conscientes de que hay demasiadas luces rojas en el panel. Valencia puede ser un catalizador del malestar y la ira, y tener mayores repercusiones negativas de lo que algunos piensan. Incluso más allá de Valencia. Es tiempo de diálogo y pactos. De moderación. De abandonar los polos y optar por las zonas templadas.

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