Poner al lobo a cuidar ovejas (o por qué el cierre el cierre del IES El Palmeral nos afecta a todos)

El cierre de aulas públicas nunca es una buena noticia. Si además lo que se pretende es desmantelar un centro educativo al completo y repartir a sus más de cuatrocientos alumnos en barracones entre el resto de institutos de Orihuela, es evidente que nos encontramos ante una ofensiva que lastrará la calidad de la educación pública de nuestra ciudad durante décadas.

No hay ninguna razón que justifique una decisión tan dañina para estudiantes, familias y docentes. Tampoco la creación de un Centro Integrado de Formación Profesional, que es la medalla que persiguen políticos locales y autonómicos. Un logro vacío, considerando que ya han declarado públicamente que no se pretende hacer ninguna inversión económica y que el “único” (y tremendo) coste para conseguirlo será el de masificar el resto de institutos e hipotecar el futuro de nuestros jóvenes.

La explicación del desatino es la siguiente: parece que en un despliegue de genialidad y tras unas operaciones aritméticas básicas, alguien en la Conselleria de Educación cae en la cuenta de que el número de alumnos de Secundaria y Bachillerato del IES El Palmeral se corresponde, aproximadamente, con el número de alumnos de ciclos de Formación Profesional del IES Gabriel Miró. Se plantea entonces un intercambio de estudiantes entre ambos que convertiría de la noche a la mañana el primer instituto en el anhelado Centro Integrado de FP de la comarca. El problema –es lo que tiene tomar decisiones en despachos sin contrastar ideas felices con la cruda realidad- es que la inmensa mayoría del alumnado de FP del IES Gabriel Miró que se trasladaría al Palmeral recibe sus clases por la tarde, por lo que su desplazamiento sólo liberaría cuatro aulas -dos de las cuales ya son prefabricadas- lo que forzaría al Gabriel Miró a instalar en torno a diez barracones en el patio mientras se amplía uno de sus tres edificios. El centro pasaría de tener alrededor de mil estudiantes de mañana -que ya no caben- a más de mil trescientos, hacinados en un instituto colapsado por las obras y sin pistas deportivas.

Todo ello con la paradoja de que, al mismo tiempo y a unos escasos cuatrocientos metros, quedaría la infraestructura semivacía del IES El Palmeral reconvertida en un Centro Integrado desaprovechado y raquítico, pues ya se sabe que no incluiría otras familias profesionales a parte de las ya existentes en el Gabriel Miró y en Espeñetas, insuficientes para llenar todas las aulas. Familias que, además, tampoco quieren trasladarse y abandonar los proyectos que llevan años construyendo. El resultado es que no se amplía la oferta de ciclos, por lo que a efectos prácticos el movimiento no supone ninguna mejora con respecto a la situación actual de la FP en Orihuela, pero comporta un perjuicio enorme para más de mil estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Así pues, de entre todos los desaciertos que rodean esta inexplicable decisión, el que probablemente ha causado mayor estupefacción es la falta de necesidad: se supone que nuestros gobernantes trabajan para resolver problemas, no para crearlos.

Un conocimiento mínimo sobre cómo funciona un Instituto de Educación Secundaria debería bastar para impedir a cualquier cargo público defender semejante disparate sin sonrojarse. Probablemente por esta razón se han producido sucesivos intentos de descafeinar la improvisada propuesta original con un reparto algo más equilibrado entre todos los centros de Orihuela, de manera que el IES Tháder y el IES Espeñetas, que ya iban a recibir temporalmente alumnado de 1º de la ESO, se verían aún más perjudicados. En cualquier caso, las consecuencias del cierre no serían menos graves, simplemente se expandirían por el resto de Orihuela: masificación, falta de recursos y deterioro de la calidad educativa para todos. Y lo más peligroso del asunto es que los responsables políticos que están detrás de este despropósito son perfectamente conscientes de ello, aunque parezca no importarles.

Sólo hay dos motivos que podrían explicar de forma racional esta desafección. El primero es un win win de manual: ahorrarse la construcción del centro de FP que ya tenían licitado en Guardamar, recortando una inversión planificada en un municipio gobernado por un adversario político. El segundo es puramente ideológico: que detrás de esta operación se esconda la voluntad consciente de profundizar en la segregación educativa que ya existe en el centro de Orihuela. En otras palabras, el viejo plan de degradar lo público para favorecer a la concertada. Ya hay rumores de que el Colegio de Jesús María se está planteando seriamente ampliar su oferta educativa al Bachillerato. Un movimiento muy lógico considerando que los nefastos resultados de la decisión tomada afectarán a todos los institutos públicos de Orihuela.

Es más que evidente que a las personas que nos gobiernan sólo les preocupa el bienestar de las familias que, pudiendo permitírselo -por cuestiones económicas, color de piel o religión-, llevan a sus hijos a colegios concertados huyendo de la diversidad y buscando condiciones de privilegio para su educación. Ante la degradación de lo público, a veces esta opción se presenta como la única posibilidad incluso para algunas familias que preferirían que sus hijos estudiaran en otros contextos. Afortunadamente, todavía somos mayoría quienes no perseguimos soluciones individuales, sino que mantenemos la convicción de que nuestro deber como docentes (y como padres y madres) es defender una educación de calidad para todos. Y lo seguiremos haciendo, aunque eso suponga señalar a quien lamentablemente, pese a haber sido designado para gestionar lo público, no cree un ápice en lo público. Pese a que, por enésima vez en el área de Educación, hayan puesto al lobo a cuidar de las ovejas.

 Marta Guillén Llor es profesora del IES Gabriel Miró y exconcejala de Cambiemos